SAN PAULO.- La detención en la mañana del viernes del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, puede que sea el acto más polémico y simbólico perpetrado por la Policía Federal desde que comenzó en 2014 la operación Lava Jato, que investiga el esquema de propinas y desvío de dinero de Petrobras.

En enero del pasado año, coincidiendo con el inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff, las investigaciones de Lava Jato comenzaron a surtir efecto. En apenas dos meses dimitió la presidenta de la estatal petrolera (íntima amiga de Rousseff), detuvieron a los directores de las principales constructoras del país, y acusaron de enriquecimiento ilícito a figuras claves del PT, como su propio tesorero João Vaccari. En esos momentos el juez Sérgio Moro, encargado de esta investigación, anunció que “nadie se libraría de ser investigado” y que Lula “estaría entre sus objetivos”. Moro, que se ha convertido en un héroe para muchos y en un villano para otros, no había conseguido hasta el momento pruebas suficientes para incriminar al ex mandatario.

Sin embargo, desde el pasado mes de enero, cuando parecía que el pedido de impeachment contra la presidenta Rousseff perdía fuerza, diversos medios comenzaron a publicar presuntas pruebas con las que se intentaba vincular al ex presidente con el escándalo de Petrobras. Las investigaciones publicadas apuntaban que Lula da Silva habría hecho reformas millonarias en un apartamento en la playa y en una casa de campo, con dos constructoras vinculadas a Lava Jato. Dichas reformas supuestamente serían la forma en que el ex presidente recibiría las propinas desviadas de la petrolera estatal. El mismo esquema se repetiría en unas obras que se hicieron en la sede del Instituto Lula, también reformado por las mismas constructoras.

Simpatizantes del Partido de los Trabajadores se manifiestan en apoyo del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva hoy, viernes, 4 de marzo de 2016, en el centro de Río de Janeiro (Brasil)./ EFE

En los dos últimos meses, el ex presidente y ex sindicalista declaró en tres ocasiones ante instancias judiciales para aclarar que él no era dueño de dichos inmuebles y para ofrecer todas las informaciones relacionadas con las obras del Instituto Lula que supuestamente demostraban que nada tenía que ver con el desvío de dinero de la petrolera.

Hasta la semana pasada, las acusaciones en los medios se mantuvieron, incluso aumentaron. La cadena Globo, conocida por mantener una cruzada contra el PT, señaló que unas barcas de pedales que se veían en una foto aérea de la casa de campo en cuestión tenían los nombres de dos de los nietos de Lula, y por ello deducían que “podían haber sido otro regalo de las constructoras”. El pasado sábado durante la fiesta del 36º  aniversario del PT, Lula se declaró indignado ante esta última acusación: “La Policía Federal no está para investigar barcas de pedales de niños”. También dijo que sabía que el juez Moro iba a por él y que no tenía nada que esconder: “Si tengo que quebrar mi sigilo bancario lo haré, pero quiero mi certificado de idoneidad”, bromeó.

Espectáculo mediático

Ante este contexto, lo sucedido durante la mañana del pasado viernes no sorprendió por intentar vincular a Lula con el mayor escándalo de corrupción del país. Pero lo que realmente impactó y provocó la alegría de unos y la indignación de otros fueron las formas empleadas por el juez Moro. Una operación policial con un equipo de 200 policías y 30 auditores de Hacienda para entrar en la casa del ex presidente como si se tratara de un criminal peligroso fue, como poco, una acción extraña.Todavía más rara cuando la persona buscada ya se había presentado a declarar en otras ocasiones y se decía abierta a colaborar.

Juristas de diversos ámbitos mostraron su preocupación por la fórmula de conducción coercitiva (cuando la policía va a casa del acusado para llevarle a comisaría y obligarle a hablar) escogida por el juez para hacer hablar al ex mandatario. “Este tipo de detención se utiliza como último recurso, después de que el acusado reciba una intimación y se niega a presentarse. Lula no la recibió, por lo tanto, fue totalmente innecesario”, dijo el jurista Alamiro Netto al diario Nexo, y añadió: “Quizás para la opinión pública esto no sea importante, pero las garantías legales son fundamentales porque si no, se crea un sistema inquisitorial”, dijo el abogado en referencia a los cientos de manifestantes que vitoreaban “¡Lula a la cárel!”, mientras el ex presidente declaraba ante la policía.

El ex ministro de Justicia del segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso, José Gregori, fue más allá y dijo: “Una conducción coercitiva es una exageración. Lo que parece es que este juez quería arrestar a Lula, no tuvo el valor de hacerlo y se salió por la tangente”. Según el ex presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Wadih Damous, “esta es una acción orquestada para derribar al Gobierno y acabar con una posible candidatura de Lula en 2018. El objetivo de la detención ha sido el de humillar al ex presidente, ha sido un show mediático para manchar su imagen ante todo el mundo”, declaró al semanario Carta Capital.

"El objetivo de la detención ha sido el de humillar al ex presidente", dice un ex ministro de Justicia de Brasil

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) también escribió una carta en la que manifestaba su repudio ante la detención del ex presidente. “Hoy, en Brasil, se ha avanzado un paso más en el proceso de desestabilización institucional que pretende perpetrar un sector del Poder Judicial, la Policía Federal, los monopolios de prensa (…). Esto es lo único que explica una multiplicidad de acciones judiciales, denuncias de la prensa nunca demostradas, insultos, amenazas, ataques públicos y una persistente ofensiva parlamentaria por parte de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias del país”, decía el secretario general de CLACSO, Pablo Gentili.

Haya o no conspiración mediática o judicial, lo que llama la atención no es tanto que se investigue al ex presidente o a otros políticos del PT, sino que se deje de investigar nombres de otros partidos que han sido repetidamente nombrados a lo largo de las investigaciones de Lava Jato. Es el caso del ex candidato presidencial por el PSDB, Aécio Neves, quien ha sido acusado hasta tres veces de recibir dinero del escándalo de Petrobras, pero su caso sigue archivado y nadie ha invadido su casa. Sucede lo mismo con diversos políticos del PMDB, como el presidente del Senado, Renan Calheiros, que no han vuelto a ser investigados después de haber sido nombrados en varias declaraciones por otros reos. Tampoco se habla del PP, el partido con más acusados de la Lava Jato, pero que pasa totalmente desapercibido en las portadas de los periódicos de mayor tirada. Ni se investigan las donaciones recibidas por el Instituto Fernando Henrique Cardoso, mientras se miran con lupa las que recibe el Instituto Lula, cuando en muchas ocasiones son los mismo donantes, pero dependiendo de que organismo reciba el dinero se convierte o no en sospechoso.

Tensión en las calles

La noticia cayó como una bomba en un momento de crisis política y económica que tiene desde hace un año a la sociedad enfrentada. Si la llegada de las Navidades y del periodo vacacional apagaron los ánimos reivindicativos de los brasileños, la detención del ex presidente los ha encendido de nuevo. Pocas horas después de su detención cientos de manifestantes se dirigieron al aeropuerto de Congonhas, donde Lula declaraba ante la policía, para pedir su encarcelamiento.

A primera hora de la mañana se congregaban petistas y antipetistas frente al edificio del ex presidente y se producía el primer altercado con al menos dos heridos. Tras cuatro horas de declaraciones, Lula se dirigió hacia la sede del PT donde le esperaban otros cientos de seguidores que querían mostrale su apoyo. Diversas manifestaciones se sucedieron a lo largo del día tanto a favor del juez Moro como del ex presidente Lula.

Manifestantes a favor y en contra del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentan frente a la comisaría de la Policía Federal donde fue llevado Lula a declarar, en Sao Paulo (Brasil)./ EFE

“Los ánimos están muy exacerbados entre las personas a favor y en contra y pueden producirse más enfrentamientos violentos. Pero lo que habría que preguntarse es a quién le interesa tener a la sociedad tan polarizada, obviamente al Gobierno no”, comentó a Público el sociólogo y profesor de Gestión Política de la Universidad de Sao Paulo, Wagner Iglecias.

La presidenta Dilma Rousseff mantuvo un papel discreto a lo largo del día. Sí comentó que la forma en que había sido detenido su padrino político había sido “innecesaria”, pero no quiso profundizar en ello. Sin embargo, el ex presidente sí le declaró su apoyo máximo y aseguró que ella más que nadie necesita de “independencia” para gobernar, consciente de que su detención enciende de nuevo los ánimos pro impeachment.

Durante la rueda de prensa que dio en la sede de su partido, Lula apareció muy enfadado y dijo haberse sentido como “un prisionero”: “Merecía haber sido tratado mejor”, declaró ante los medios. El ex presidente también aseguró que estaba en juego un odio de clase en relación a quien puede y quien no disfrutar de una buena casa de campo: “Todo el mundo puede, menos este metalúrgico de mierda que intentó desafiarlos”. Si el juez Moro buscaba con este tipo de detención intimidar al ex presidente parece que ha causado el efecto contrario: “Lo que me ha sucedido era necesario para que el PT vuelva a levantar la cabeza. Han vuelto a encender en mí la llama, la lucha continúa”.