La desaparición de 43 estudiantes a manos de policías locales hace casi tres semanas mantiene en vilo a la sociedad mexicana y al Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya estrategia de seguridad es blanco de críticas internas y externas por la falta de resultados.

El presidente admitió que 'la tarea más importante' de su gabinete de seguridad 'en este momento es encontrar a los jóvenes estudiantes' que desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre tras una noche violenta en la que murieron seis personas. Peña Nieto urgió a sus colaboradores a trabajar de manera intensa para esclarecer este caso, que representa, dijo, 'un gran reto para todo el Estado mexicano en su conjunto'.

La imagen del Gobierno entró en franco deterioro después de que saliera a luz pública que varios militares estuvieron involucrados en el asesinato de al menos ocho presuntos delincuentes que se habían rendido tras un enfrentamiento con soldados en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Poco después se produjo la desaparición en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, de los 43 estudiantes después de que fueran detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, de acuerdo con las declaraciones de varios de los detenidos. Numerosos organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado que este caso muestra la facilidad con la que delincuentes o funcionarios pueden hacer desaparecer a una persona en México.

El mandato anterior de Felipe Calderón, que lanzó una guerra contra el crimen organizado a finales de 2006, cerró con más de 26.000 personas desaparecidas, según cifras oficiales. El 22 de agosto pasado el Gobierno de Peña Nieto ajustó dicha cifra a 22.322 casos, de los cuales 44% (9.822 desaparecidos) corresponden a la gestión del actual presidente Enrique Peña Nieto.

Expertos coincidieron en que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos deja en evidencia que las cosas siguen igual o peor en materia de violencia e inseguridad, y que la corrupción continúa reinando en muchos lugares del país. 'Es un golpe contundente' que ha 'dejado realmente tambaleante' a Peña Nieto, quien en sus primeros dos años de mandato vendió la imagen de un país en transformación gracias a las reformas estructurales, muy alejado de los años violentos del régimen de Calderón, dijo el experto en derecho penal Gilberto Santa Rita.

El caso de los estudiantes 'ha dejado al descubierto la debilidad institucional de los tres esferas de Gobierno, la municipal, la federal y la estatal', agregó. Por su parte, René Jiménez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estimó que las autoridades seguirán con su 'discurso triunfalista' que 'no concuerda con la realidad' no sólo en Guerrero, sino en otras regiones del país.

Este jueves un grupo de autodefensa de Guerrero que participa en la búsqueda de los desaparecidos informó del hallazgo de ocho fosas clandestinas con restos humanos, si bien aclaró que éstas 'ya tenían algo de tiempo'. Con estas ya suman 17 las fosas encontradas en las inmediaciones de Iguala. Las cinco primeras tenían 28 cuerpos, pero esta semana las autoridades confirmaron, en base a las pruebas genéticas, que no corresponden a los estudiantes desaparecidos.

A falta de pistas sobre el paradero de los jóvenes, los estudiantes y maestros de Guerrero convocaron una marcha en Acapulco, donde Ángel Aguirre es el gobernador desde que a principios de esta semana destruyeran buena parte del Palacio de Gobierno en Chilpancingo durante las protestas. Además, se espera la participación de cientos de maestros del vecino estado de Oaxaca para acompañar a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, a la que pertenecen los desaparecidos, y las familias de estos.

Asediado por las críticas por su actuación en este caso, el gobernador Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, pidió a su secretario de Salud, Lázaro Mazón, su renuncia. El objetivo es que declare ante la fiscalía sobre su relación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se encuentra prófugo de la justicia por su presunta responsabilidad en los hechos del 26 de septiembre, por los que hay casi 50 detenidos, la mayoría policías locales.

En España, el movimiento YoSoy132, integrado en su mayoría por estudiantes mexicanos y que se hizo notorio durante las elecciones federales de 2012, mandó una misiva a la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) para que el organismo del exjuez apoye jurídicamente la causa por los 43 desaparecidos. 

La Fibgar emitió un comunicado el pasado domingo en el que exigía al Estado mexicano que cumpliera su obligación de proteger a la ciudadanía y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones a estudiantes en el estado de Guerrero que, consideró, 'podrían ser crímenes de lesa humanidad'. La Fundación añadió que ha realizado un seguimiento de los hechos y condenó lo sucedido, en particular la participación de agentes del Estado en 'las muertes y agresiones, así como en la detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes'.