La derecha francesa ha aprovechado la polémica creada por la reciente deportación de una alumna gitana de origen kosovar para cuestionar la actual política de inmigración y abogar por un endurecimiento del acceso a la nacionalidad. El vicepresidente de la UMP, Luc Chatel, resumió este miércoles en los micrófonos de France Info el sentir de su partido, el principal de la oposición, al asegurar que el debate al respecto constituye 'uno de los temas principales del siglo XXI', y que como tal no debe evitarse.

El presidente de esa agrupación, Jean-François Copé, había anunciado este martes que presentará de aquí a finales de año una propuesta de ley para reformar el ius solis, el derecho a obtener la nacionalidad de quienes nacen en el país, de forma que su adquisición por parte de los hijos de padres extranjeros no sea automática. 'No se trata de cuestionar el derecho de suelo, pero cuando uno nace en Francia de padres extranjeros en situación irregular no tiene intención de permanecer, y no es posible que obtenga la nacionalidad francesa [...] Debe solicitarla', señaló ayer Copé.

No han faltado desde entonces las críticas que comparan a ese partido con el ultraderechista Frente Nacional (FN), que históricamente ha postulado la abolición automática de ese derecho. 'La UMP hace como todas las grandes formaciones políticas de los países desarrollados, reflexiona sobre cuál es la principal cuestión del siglo XXI. Y la inmigración es uno de los temas principales', dijo hoy Chatel en defensa de su partido.

La Unión por un Movimiento Popular (UMP) tiene previsto celebrar una convención antes de finales de año para presentar ese 'plan para una nueva política de inmigración', porque el modelo actual, según Copé, ha dejado de funcionar.

'Todo el mundo sabe que es una maniobra electoral. Se trata de una medida mínima por parte de un hombre que lo podría haber hecho cuando estaban en el poder. La realidad es que hay un verdadero problema, y que hay que suprimir la adquisición automática', señaló la presidenta del FN, Marine Le Pen, en BFM TV.

El Gobierno, según anunció a la salida del Consejo de ministros el titular de Interior, Manuel Valls, da prioridad de momento a la reforma del derecho de asilo. 'Se harán propuestas a mediados de noviembre para reformarlo en profundidad. Acelerar los plazos de gestión fue un compromiso de campaña. Es un derecho constitucional fundamental que no puede ser confundido con las políticas de inmigración', indicó a la prensa.

Valls ha sido el objeto de las críticas de las manifestaciones estudiantiles y de partidos de izquierdas en la tormenta política desatada por la expulsión de Leonarda Dibrani, pero paradójicamente, el apoyo recibido en los sondeos no ha mermado. Siete de cada diez franceses, según una encuesta realizada la semana pasada por el instituto demoscópico BVA, aprueban su firmeza en este caso, y otro 65 % dijo oponerse a que el Gobierno anulara la expulsión y permitiera su vuelta.