El éxito que activistas y organizaciones de todo el mundo están teniendo a la hora de poner contra las cuerdas a los gobiernos que violan los derechos humanos tiene una triste barra de medir: la redoblada virulencia de los ataques, la intimidación y los intentos de silenciarlos que los gobiernos afectados han desplegado, de manera preocupantemente creciente, en 2009. Es una de las conclusiones del informe anual de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), presentado ayer.

'Ciertos gobiernos están metidos de lleno en una intensa ronda de ataques a individuos, organizaciones e instituciones que defienden los derechos humanos. Su objetivo es matar al mensajero', señala el documento, de 612 páginas.

Abogados, periodistas y otros activistas han sido intimidados, detenidos y asesinados. Muchas instituciones, cerradas. Y leyes para restringir su actividad, aprobadas.

Esto no ocurre sólo en países con regímenes autoritarios como China o Birmania, precisa HRW, sino en países con gobiernos elegidos en las urnas.

'Hay gobiernos metidos de lleno en una ola de ataques contra activistas'

Rusia estuvo, en 2009, a la cabeza de naciones que vieron una ola de 'represalia criminal' contra los activistas. Natalia Estemirova, una de las investigadoras más destacadas sobre la situación en la república de Chechenia, fue secuestrada y asesinada en julio.

Un mes después, el matrimonio Dzhabraiolov, que trabajaba para Save The Generation que asiste a niños afectados por el conflicto checheno también fueron asesinados.

Otras cinco personas fueron atacadas fuera de la región chechena por su trabajo jurídico, periodístico o simplemente por reclamar a las autoridades. Es el caso de las madres de Dagastán, que buscan a sus hijos desaparecidos y cuya sede fue incendiada. A un activista que investiga la corrupción gubernamental le dieron un tiro en la boca 'para callarle', según hicieron saber sus atacantes.

En Kenia, Burundi, Sri Lanka, Malasia o India también hubo asesinatos de defensores de los derechos humanos a lo largo de 2009. 'Los gobiernos tratan de matar al mensajero para que su denuncia no sea escuchada', señala el informe.

A un investigador anticorrupción le dieron un tiro en la boca 'para callarle'

En Israel, los grupos de derechos humanos locales e internacionales 'han hecho frente a un clima más hostil que nunca a la hora de denunciar y documentar los abusos cometidos durante la ofensiva israelí en Gaza a finales de 2008', subraya HRW.

Por otro lado, hay países tan opresores que no existe ningún grupo local de derechos humanos: es el caso de Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán y Arabia Saudí.

La lista de países abusadores es bien larga. Sri Lanka y la República Democrática del Congo son lugares donde los defensores de derechos humanos hacen frente a la violencia. Sudán y China cierran sistemáticamente grupos de denuncia; Irán y Uzbekistán acosan abiertamente y detienen a críticos y activistas. En América Latina lo hacen Colombia Venezuela y Nicaragua.

El Gobierno de Cuba, por su parte, 'se niega a reconocer la legitimidad de ninguna organización independiente de derechos humanos', dice HRW.

Otros países, como Etiopía y Egipto, se sirven de legislación extremadamente restrictiva para hacer casi imposible el trabajo de las ONG.

Mención aparte requiere, para HRW, la posición adoptada por los países de la Unión Africana después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de busca y captura contra el presidente sudanés, Omar al Bashir, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Darfur.

La lista de países abusadores es bien larga

'Muchas democracias africanas eligieron el confort de la solidaridad regional en lugar de defender el apoyo a la justicia internacional'.

'En lugar de aplaudir a la CPI por tratar de reparar a las víctimas de asesinatos y desplazamientos forzosos en Darfur, la Unión Africana decidió no cooperar con el tribunal y no cumplir la orden de busca y captura', denuncia HRW.

Para el director de la organización, Kenneth Roth, los abusos sólo cesarán si los países respetuosos con los derechos humanos hacen del respeto de estos una parte central de sus relaciones bilaterales con sus socios. 'Los países que apoyan los derechos deben hablar alto y claro y exigir cambios reales de los gobiernos que cometen abusos', afirmó Roth.