La suspensión de licencias para ejercer el trabajo autónomo cayó como un balde a agua fría sobre la sociedad cubana. A pesar de que el gobierno ha repetido una y otra vez que se trata de una medida temporal para reorganizar el sector privado, mucha gente teme que se prolongue en el tiempo. Alejandro, un lector del sitio oficial Cubadebate, comenta: “Ya veremos si el carácter temporal de la suspensión de las nuevas autorizaciones es como las cooperativas, que hace más de 3 años que no se abre ninguna”.

En esa misma página web, un representante del Ministerio del Trabajo trata de defender la medida, mientras la gran mayoría de los lectores la cuestionan. Yosjan, por ejemplo, advierte que “Cuando llegue la próxima alza del turismo en Cuba vamos a ver muchas calles y barrios de la Isla ocupados por casas de campaña y mochileros. La infraestructura hotelera del país no es suficiente para cubrir la cuota de turismo prevista”. Y no es una exageración, ya algunos turistas han tenido que dormir en los parques de Viñales y Trinidad.

Entre las razones para la suspensión de licencias, la fundamental es que los trabajadores autónomos compran insumos en el mercado negro, la mayor parte de los cuales proviene del robo en las empresas estatales. Otro lector, Emigdio, responde al Ministerio del Trabajo que “Llevamos desde antes de la primera autorización de licencia por cuenta propia hablando de la necesidad del mercado mayorista, y uds, los que dirigen este país, no se pronuncian ni toman una sola medida”.

El problema de fondo es que se autorizó el trabajo de herreros, chapistas y carpinteros, por ejemplo, sin abrir mercados donde pudieran comprar los insumos que requieren para desarrollar sus oficios. Inevitablemente el hierro, la madera o los gases para soldar salen, de forma ilegal, de las empresas del Estado. Otro tanto ocurre con los sastres quienes muchos casos se dedican a vender prendas de vestir, entradas al país de contrabando.

Un zapatero privado trabaja en la calle en La Habana /AFP (Yamil LAGE)

Estos problemas son muy antiguos y se han agudizado desde la apertura económica impulsada por el actual gobierno, cuando los trabajadores autónomos pasaron de 100 mil personas a casi 600 mil, convirtiéndose en el 12% de la fuerza laboral y ganando, como promedio, 3 veces más que los empleados estatales. Lo autónomos crearon 2500 restaurantes y bares particulares en pocos años, mientras las habitaciones de alquiler privadas para turistas llegaron a la cifra de 22 mil, una cuarta parte del total disponibles en la isla.

El Presidente Raúl Castro aseguró el pasado mes en el Parlamento que “no hemos renunciado al despliegue y desarrollo del trabajo por cuenta propia, ni a proseguir el experimento de las cooperativas” pero advirtió también “que el ritmo y la profundidad de los cambios” estarán “condicionados por la capacidad que tengamos de hacer las cosas bien”. Sin lugar a dudas era el preámbulo de lo que acaba de ocurrir, de hecho la resolución gubernamental fue firmada días antes de la reunión parlamentaria.

El rápido crecimiento del trabajo autónomo y de las pequeñas empresas (aun ilegales) podría ser lo que hizo sonar las alarmas. Las autoridades han sido claras al afirmar que el sector privado debe tener un peso menor que el estatal y recalcar también que no se permitirá la concentración de las riquezas. Además, algunos políticos se oponen a la apertura de mercados mayoristas porque eso significaría vender más barato a los que mayor poder adquisitivo tienen.

Un trabajador repara una llanta en un taller privado en La Habana /AFP PHOTO (YAMIL LAGE)

El debate es muy complejo en una sociedad en la que, durante décadas, las diferencias sociales fueron mínimas. Hoy la brecha entre ricos y pobres crece y, sobre todo, se hace evidente dado que quienes más ganan ya no tienen que ocultar sus privilegios. Aun así, Cuba está muy lejos de enfrentar la realidad de América Latina, donde conviven algunas de las mayores fortunas del mundo con unos altísimos niveles de pobreza extrema, desnutrición y no acceso a servicios básicos de salud o educación.

El debate está sobre la mesa. Para poder dedicarse a los temas centrales, el Estado necesita ceder a los particulares muchas de las actividades económicas menores. Así puede además reducir el número de empleados públicos, que actualmente representan casi el 90% de la población laboralmente activa. La apuesta fue abrir el trabajo autónomo y en un futuro las pequeñas y medianas empresas privadas. Sin embargo, temen que esto provoque una mayor concentración de las riquezas y aumenten las diferencias sociales.