KABUL.- Un tribunal afgano ha condenado a muerte este miércoles a cuatro personas por linchar en el mes de marzo a una mujer que presuntamente habría quemado un ejemplar del Corán. Otras ocho han recibido penas de 16 años de prisión y 18 han sido absueltas de los cargos que se les imputaban.

Tras cinco días de un proceso abierto que ha sido televisado por varias cadenas locales, el juez Safiulá Muyadidi ha anunciado la pena máxima para cuatro de los culpables, entre ellos un hombre que aplastó la cabeza de la víctima con un bloque de cemento y otro que la atropelló con su vehículo.

También han sido condenados a la horca el guardia de seguridad del templo Shah-Do-Shamshira de la capital afgana por incitar a la turba al linchamiento y un cuarto hombre que se declaró principal culpable en la red social Facebook.

Otras ocho personas han sido condenadas a 16 años de prisión, si bien el veredicto "no es final", ha dicho el juez, ya que los doce podrán apelar la sentencia del tribunal.

El sábado comenzó el proceso judicial contra unas treinta personas acusadas de asesinato y de quemar el cadáver de Farkhonda, de 27 años, el pasado 19 marzo y luego arrojarlo al río de Kabul, cerca del santuario de Shah-Do-Shamshira, en el centro de la capital afgana.

Además, 19 policías han sido acusados de negligencia por el caso, cuya sentencia será leída el domingo, según se ha anunciado este miércoles durante el juicio.

Aunque en un principio se acusó a Farkhonda de quemar una copia del Corán, las investigaciones posteriores concluyeron que la joven había sido víctima del "oscurantismo" de los fabricantes de talismanes (una suerte de videntes o espiritistas) del santuario, que incitaron a la gente a matar a la mujer porque los había denunciado.

El linchamiento de Farkhonda provocó numerosas protestas, sobre todo de grupos de mujeres, que fueron las encargadas de portar en el entierro el ataúd de la joven, algo poco común en un país islámico como Afganistán.

Ante la presión social, el presidente afgano, Ashraf Gani, constituyó una comisión de investigación integrada por líderes religiosos, parlamentarias y activistas por los derechos de la mujer para averiguar los detalles de un suceso que ha sido condenado, entre otros, por las Naciones Unidas y organizaciones civiles.

Después de que la comisión concluyese que los fabricantes de talismanes animaron a la masa, el Ejecutivo prohibió las actividades de esos grupos "oscurantistas" en todo el país.