La expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández (2007-2015) ha denunciado este domingo "destrozos" y presuntos robos durante los registros de la Policía Federal que se produjeron el pasado agosto en su residencia de El Calafate (Santa Cruz, sur) en una causa que investiga sobornos de empresarios durante el kirchnerismo.

La exmandataria denunció los hechos a través de un vídeo en su canal de Youtube donde muestra algunas de las partes con desperfectos y reitera que su residencia fue "literalmente tomada" hace tres semanas en los allanamientos que se llevaron a cabo por orden del juez federal Claudio Bonadio, que la acusa de recibir millonarios sobornos.

Los registros en El Calafate, que se sumaron a los que el juez mandó realizar en su domicilio del barrio de Recoleta en Buenos Aires y en su otra casa de Río Gallegos (Santa Cruz), duraron tres días y la exmandataria ya culpó a Bonadio de ser el artífice de un entramado de "persecución" y "humillación" hacia su persona.

Además, aseveró que muchos de sus bienes personales fueron extraídos sin tener nada que ver con la investigación.

Fernández recordó que en el debate en el Senado argentino donde se aprobó este procedimiento, ella pidió que se establecieran unas condiciones para que no se dañara ninguna de sus posesiones, algo que no se ha tenido en cuenta para la expresidenta. "Todas mis peores predicciones, desgraciadamente, se cumplieron", lamentó la senadora, quien mostró a cámara perforaciones en las paredes.

Fernández insistió en que no existen subsuelos en su residencia, como aseguró que han dicho los medios de comunicación locales. Sin embargo, según su declaración, se llevaron las bandas y bastones presidenciales de su fallecido esposo, el también presidente Néstor Kirchner (2003-2007), las suyas y las de Héctor J. Cámpora, presidente argentino entre mayo y julio de 1973.

La investigación de Bonadio ha dejado multitud de empresarios y exfuncionarios imputados, de los que más de una quincena han declarado ya como "arrepentidos", figura que otorga a los acusados beneficios penales si colaboran con la Justicia.

El caso salió a la luz por los cuadernos que Oscar Centeno, un chófer del Ministerio de Planificación, en los que contaba cómo supuestamente llevaba bolsas con dólares de parte de empresarios a funcionarios, durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner y su esposa, Fernández.