El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, reveló en una rueda de prensa anoche (horario español) que las diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos están estudiando la forma de obligar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a abandonar el poder.

En una frase de su larga conferencia de prensa que pasó desapercibida para muchos, porque trató de numerosos temas internacionales y de organización interna del Departamento de Estado, Tillerson afirmó:

"Estamos evaluando todas nuestras opciones políticas para ver qué podemos hacer para crear un cambio de condiciones [en Venezuela] donde o bien Maduro decida que no tiene futuro y quiera marcharse por voluntad propia, o nosotros podamos hacer que el Gobierno [venezolano] vuelva a su Constitución". Es decir, que sean anuladas las elecciones a la Asamblea Constituyente y el presidente pierda el poder.

"Pero estamos muy preocupados sobre lo que estamos viendo allá abajo", continuó Tillerson. Es un debate [interno] sobre gestión política que se está desarrollando esta semana a través del proceso inter-agencias", o sea entre las diferentes agencias de información e inteligencia de EEUU que asesoran a la Casa Blanca y al Departamento de Estado sobre posibles acciones en política exterior.

Tillerson también estimó que la nueva detención de los dirigentes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma es "muy alarmante" y "podría llevar al estallido de más violencia en el país".

López y Ledezma fueron conducidos de nuevo a la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, de donde habían sido liberados para cumplir sus penas de prisión bajo arresto domiciliario. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió revocar su arresto domiciliario aduciendo que ambos "planeaban fugarse".

Ledezma fue detenido en febrero de 2015 acusado de conspiración y asociación para delinquir y tras cuatro meses preso recibió una "medida cautelar sustitutiva de libertad", por motivos de salud, por lo que estaba en su domicilio. López pasó el 8 de julio a situación de arresto domiciliario tras permanecer más de tres años encarcelado en Ramo Verde.

Los países de la UE también ha anunciado su rechazo con la Asamblea Constituyente, declarando los Veintiocho países que la conforman que "intensificarán" su respuesta y tomarán medidas "si se siguen socavando los principios democráticos en ese país".