Crisis migratoria en la UE: ¿qué sabemos sobre lo que ocurre en Lampedusa?

En apenas dos días, entre el 12 y el 14 de septiembre, más de 7.000 personas llegaron en unas 120 pateras (pequeñas embarcaciones no aptas para la navegación) a la isla italiana de Lampedusa, que ha visto más de 10.000 llegadas en lo que va de mes. Una cifra récord para una isla de poco más de 6.000 habitantes y que está desbordada.

El punto crítico de Lampedusa es el primer centro europeo de acogida y clasificación, donde los recién llegados son mantenidos alejados de la población local y preidentificados antes de ser trasladados a Sicilia o a otros centros en Italia.

En un comunicado conjunto publicado a mediados de septiembre por más de 80 ONG, estas denuncian el hacinamiento y su incapacidad con sus 389 plazas para acoger dignamente a las personas que siguen llegando diariamente a la isla.

Según InfoMigrants, más de 84.300 personas llegaron a Italia por vía marítima entre el 1 de enero y el 23 de julio, un aumento del 144% respecto al año anterior. De ellos, más de la mitad lo hizo a Lampedusa. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) estima que la ruta del Mediterráneo Central supone la mitad de los 232 350 "pasos fronterizos irregulares" hacia la UE en los primeros ocho meses de 2023, el número más alto para este periodo desde 2016. Pero, como indica la presidenta de la Cruz Roja italiana, Rosario Valastro, no es una cuestión de contar el récord de llegadas o de desembarcos, sino de dar respuesta "a una humanidad que sufre".

¿Quiénes son? ¿Por qué vienen?

La isla de Lampedusa, a poco más de 100 kilómetros de la costa de Túnez, es por su proximidad a África la puerta de entrada a Europa para muchos migrantes que buscan una nueva vida. A bordo de las pateras que llegan a Lampedusa procedentes de Túnez se encuentran refugiados y migrantes de supervivencia de diferentes países africanos. La mayoría son hombres jóvenes y menores no acompañados, pero también hay mujeres, algunas embarazadas, y niños, aunque en menor número.

No hay datos oficiales sobre nacionalidades pero, según diversas fuentes, proceden de Sudán, Etiopía, Somalia, Chad, Eritrea o Níger, así como de Costa de Marfil, Guinea, Camerún, Burkina Faso, Malí y Tunez.

En años anteriores, la mayoría procedía de Libia y fueron rescatados por barcos de ONG humanitarias y de rescate italianos antes de llegar a la isla, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Es probable que las cifras aumenten aún más tras las catastróficas inundaciones en Libia.

Detrás de este alto número de llegadas hay factores coyunturales. La tormenta Daniel, la misma que provocó el desastre en Libia, obligó a los contrabandistas a suspender sus operaciones durante varios días, creando un cuello de botella en la ciudad costera tunecina de Sfax. También parece que las llegadas masivas pueden ser una forma intencionada de colapsar el sistema. Asimismo, coincide con el final del verano el momento en el que suelen aumentan los cruces en barco antes del clima más duro del otoño y el invierno.

Por otro lado, la situación socioeconómica en Túnez, con una elevada inflación y falta de empleo, ha empeorado afectando tanto a los tunecinos como a los extranjeros que viven allí. La represión política, así como la hostilidad y la violencia hacia los solicitantes de asilo y migrantes africanos negros, particularmente los subsaharianos, alimentada por las declaraciones racistas del presidente Kaïs Saied a principios de año, han empujado a los migrantes a cruzar. Muchos vivieron y trabajaron en Túnez durante años antes de decidirse a partir hacia Europa.

También se ha acusado a Túnez de permitir la salida de pateras para presionar en las negociaciones con la UE de una "asociación estratégica e integral" con el fin de combatir la migración irregular cuyo Memorando de Entendimiento se firmó en julio a raíz del aumento de la migración desde este país.

Pero esos factores no explican por qué estas personas se desplazan. Muchas salen de sus países huyendo de la persecución o no pueden regresar a sus países porque su vida está en peligro, por lo que son susceptibles de asilo, es decir, de protección internacional. Otras de las personas que llegan a Lampedusa se han visto forzadas desplazarse por razones climáticas, inestabilidad política y la falta de acceso a medios de vida y servicios básicos. Son los que se llaman migrantes de supervivencia que no responden a la definición de refugiado según la Convención de 1951.

La solución de la Comisión Europea: un plan de 10 puntos

Para apoyar al Gobierno italiano, que se ha encontrado solo respondiendo a esta crisis, la presidenta de la Comisión Europea anunció al día siguiente de su visita un plan de 10 puntos. De los 10, algunos van en la línea de ayudar a Italia a gestionar la situación: el apoyo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) para el registro y la recepción, el traslado de personas desde Lampedusa, incluido el uso del mecanismo de solidaridad de la UE, y la referencia a alternativas que incluyen habilitar rutas seguras para que los migrantes no recurran a rutas peligrosas.

Otras medidas incluyen el retorno, la prevención de las salidas mediante el establecimiento de asociaciones de colaboración antitráfico de personas en los países de origen y tránsito y adoptar medidas contra los traficantes.

Pero también hay medidas discutibles, como el apoyo a procedimientos rápidos de clasificación y expulsión y emitir prohibiciones de entrada, así como encontrar formas de eludir la evaluación individual de las solicitudes de asilo o adoptar el "enfoque basado en rutas", una manera de intentar que Europa desvíe sus responsabilidades a otra parte en la ruta, es decir, a Túnez, Libia o Níger, lugares poco seguros.

Dos medidas a destacar del plan de acción son la referente a implementar el Memorando de Entendimiento entre la UE y Túnez y la relativa a explorar opciones para extender las misiones navales en el Mediterráneo.

Desde la visita de Ursula von de Leyen a Lampedusa hace unos días, circulan rumores de que la UE está considerando una nueva misión naval en el Mediterráneo para establecer un bloqueo naval de dudosa legalidad que impida la llegada de migrantes.

Lo contrario de lo que recurrentemente piden las ONG, barcos de mayor capacidad en respuesta al naufragio de Pilos, la mayor tragedia ocurrida en el Mediterráneo en los últimos años, y a la continua negativa de ciertos Estados a cumplir con sus obligaciones de búsqueda y rescate (SAR, Search and Rescue).

Para ello es esencial establecer un mecanismo regional acordado con los Estados costeros sobre la división de responsabilidades para el desembarco y con los Estados no costeros sobre la reubicación. En relación con esto, hay que señalar que en el último año la mayoría de los Estados miembros no han reubicado ni a un solo refugiado.

Por último, la implementación del acuerdo con Túnez, que la Comisión Europea quiere convertir en modelo para otros países de origen y tránsito como Egipto o Marruecos con el fin de frenar las llegadas, ha generado críticas por los ataques contra los derechos humanos en el país por parte del Gobierno del presidente tunecino, Kaïs Saied.

Además, el acuerdo migratorio con Túnez ha generado malestar entre los Estados miembros, tanto por el procedimiento para su aprobación como por su contenido. El Parlamento Europeo ha planteado preguntas y preocupación sobre el alcance de la cooperación.

La necesaria respuesta europea

En lugar de pensar en bloqueos ilegales y acuerdos cuestionables, a corto plazo la prioridad es apoyar a Italia para acoger a las personas que llegan y gestionar la situación. Es fundamental implementar el concepto de solidaridad obligatoria acordado en junio, que establece el reparto de solicitantes de asilo entre todos los Estados miembros, o el pago de 20.000 euros por migrante rechazado por parte de socios que no estén expuestos a grandes presiones de llegada.

También es urgente ampliar las rutas legales hacia Europa. Las políticas restrictivas y las fronteras reforzadas dan como resultado más inmigración irregular. Las vías de inmigración legal ayudarán a los gobiernos a predecir los flujos, tomar decisiones pragmáticas sobre las cuotas, las necesidades del mercado de trabajo y los costes de acogida, así como mejorar los beneficios para la economía.

Hace falta una respuesta europea a un desafío europeo, pero también global. Para ello se requiere un liderazgo político que ahora no se encuentra ni en la derecha ni en la izquierda.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation