El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha advertido este viernes de que las amenazas con "represalias" que se están lanzando contra el tribunal y su personal socavan la "independencia e imparcialidad" de su trabajo, y también "pueden constituir un delito contra la administración de justicia"

El fiscal exigió en un comunicado que "todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en sus funcionarios cesen de inmediato" y alertó de que amenazar al tribunal, incluso cuando "no se actúa en consecuencia", puede "constituir un delito contra la administración de justicia bajo el artículo 70 del Estatuto de Roma", tratado fundacional de la CPI.

Khan aseguró que su equipo "busca comprometerse constructivamente con todos los interesados siempre que dicho diálogo sea coherente con su mandato" y para actuar de manera "independiente e imparcial" bajo el Estatuto. "Sin embargo, esa independencia e imparcialidad se ven socavadas cuando individuos amenazan con tomar represalias contra la Corte o contra el personal de la Corte en cumplimiento de su mandato, toman decisiones sobre investigaciones o casos dentro de su jurisdicción", agregó, sin mencionar a ningún país en concreto.

El tratado de la CPI "prohíbe explícitamente" tanto "tomar represalias contra un funcionario de la Corte por cuenta de los deberes realizados por ese u otro funcionario" como "impedir, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte con el propósito de obligarlo o inducirlo a no cumplir, o realizar de manera indebida, sus deberes".

Esta reacción del fiscal llega después de que el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, calificara esta semana de "vergonzosas" e "ilegales" las supuestas órdenes de arresto de funcionarios israelíes que se rumorea que está preparando la CPI, y que Israel tildó de "crimen de odio antisemita" y "un abuso", mientras que varios legisladores republicanos trabajan en represalias por vía legislativa contra el tribunal.

La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), ha estado investigando desde 2014 las denuncias de crímenes de guerra presuntamente cometidos por las fuerzas militares de Israel y las milicias palestinas dentro de los territorios palestinos ocupados, lo que incluye la guerra actual contra la Franja de Gaza.

En las últimas semanas, la prensa israelí ha asegurado que la CPI está preparando órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros altos funcionarios por su papel en la guerra israelí en Gaza, unos rumores que no se confirman de momento desde La Haya, ni por parte de la oficina del fiscal, ni del tribunal.

La Corte tiene 124 miembros, entre los que no están ni Israel ni Estados Unidos, que nunca han ratificado el Estatuto de Roma, ni reconocen la legitimidad de este tribunal en la investigación en curso sobre la situación en los territorios palestinos, aunque Washington sí respalda otras investigaciones, como la abierta por la guerra rusa en Ucrania.

En 207 días de guerra de Israel en la Franja, 34.500 personas han sido asesinadas, el 75% mujeres y niños, según el Gobierno de Gaza. La ONU acusó a Israel a mediados de marzo de estar cometiendo un "crimen de guerra" en el enclave al privar a la población civil de alimentos.