El Tribunal Constitucional luso declaró este viernes ilegales varias de las medidas de ajuste incluidas este año en los presupuestos de Portugal, considerados los más duros de su historia, para cumplir las exigencias del rescate financiero del país.

La decisión, que sigue a otra similar adoptada también el año pasado con los presupuestos de 2012 y tiene efectos al 1 de enero pasado, obligará al Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho a buscar otras formas de equilibrar las finanzas del Estado para cumplir las metas comprometidas con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría ahora subir cerca de un punto porcentual.

El alto tribunal luso consideró inconstitucionales y discriminatorias cuatro medidas de los presupuestos referidas a la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas y el recorte de subsidios de desempleo, aplicados este año para cuadrar las cuentas del Estado. Los jueces del Tribunal desestimaron, en cambio, que sean inconstitucionales otra media docena de los recortes incluidos en los presupuestos de 2013, considerados los más duros de la historia de Portugal.

Los jueces desestimaron que sean inconstitucionales otra media docena de los recortes La lectura de la sentencia de los magistrados fue televisada en directo por varias cadenas lusas en medio de una gran expectación nacional por su dictamen, que pone en nuevos apuros al Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho. El primer ministro se ha visto ya afectado esta semana por la dimisión de su ministro adjunto, Miguel Relvas, acusado de obtener de forma fraudulenta su título universitario, y por un superado voto de censura de toda la oposición.

En total, los nueve artículos de los presupuestos que fiscalizaron los magistrados suponían más de 4.000 millones de euros y representaban más del 3 % de la economía lusa, que en 2012 cerró con un déficit del 6,4 % del PIB, por encima de lo exigido por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los 13 jueces del Constitucional estudiaron durante tres meses los Presupuestos de 2013, aprobados a finales del pasado año por la mayoría absoluta de la coalición conservadora y sancionados, con objeciones, por el presidente Aníbal Cavaco Silva.  Aunque permitió la entrada en vigor de los presupuestos, el jefe de Estado, del mismo Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) de Passos Coelho, optó por enviarlos al Tribunal para que se pronunciara sobre tres de sus medidas.

Dos de ellas, las relativas a las pagas extras de funcionarios y pensionistas -cuya anulación solicitaron también a los magistrados los partidos de la oposición- están entre las anuladas por la sentencia de hoy. Los recortes que el Constitucional considera ajustados a derecho, incluyen el impuesto extraordinario y los nuevos tramos recaudatorios aplicados este año a los salarios y pensiones, que elevaron una media del 30% la presión fiscal sobre los portugueses.

Los presupuestos de 2013 generaron una acumulación de peticiones de inconstitucionalidad en su mayor parte planteadas por tres partidos, el Socialista (PS, principal de la oposición), el Comunista y el Bloque de Izquierda, así como el Defensor del Pueblo luso.

El fallo de hoy es el segundo que descalifica unos presupuestos elaborados por Passos Coelho El fallo de hoy es el segundo que descalifica unos presupuestos elaborados por el Ejecutivo de Passos Coelho, que llegó al poder hace 22 meses, con las elecciones anticipadas que siguieron a la petición del rescate financiero. En julio del pasado año, los magistrados consideraron también discriminatoria la suspensión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas y no al sector privado, pero no impidieron que la medida se aplicara ese año por la situación financiera del país.

En cambio esta vez han sido más duros con el Ejecutivo y han decidido que las medidas presupuestarias ilegales se anulen desde el 1 de enero, lo que obligará a devolver dinero a los afectados, sobre todo por los recortes de subsidios de empleo y enfermedad.

El dictamen del año pasado obligó a Passos Coelho a extender los recortes salariales, a través de impuestos, a la empresa privada para poder cumplir las metas fijadas por la UE y el FMI, que vigilan de cerca el cumplimiento del rescate financiero. El Gobierno conservador anunció tras la sentencia que un Consejo de Ministros extraordinario convocado este sábado evaluará la decisión del Constitucional