El viernes la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya determinó que existen fundamentos para investigar a Israel y a Hamás por presuntos crímenes de guerra cometidos desde 2014 hasta la actualidad. El anuncio fue condenado inmediatamente por responsables israelíes y el domingo el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró “secretas” todas las deliberaciones del gabinete sobre esta materia.

Esto significa que los medios de comunicación no podrán informar sobre las decisiones que adopte el Ejecutivo en relación con la CPI, aunque su estrategia no se puede ocultar, al menos en parte. Desde el establecimiento del tribunal en 2002, Israel ha llevado a cabo, de la mano de Estados Unidos, una campaña de descrédito permanente de la CPI, que sin duda se va a intensificar en los próximos meses.

Además, de la desacreditación de la CPI, los medios hebreos han iniciado una campaña paralela contra su fiscal, la africana Fatou Bensouda. El Yediot Ahoronot titulaba su portada del lunes por todo lo alto: “El demonio de Gambia y la fiscal de La Haya”. En el subtítulo se lee que Bensouda “estuvo cuatro años al servicio del dictador” Yahiya Jammeh, “uno de los peores dictadores que ha visto África”, “implicado en asesinatos y violaciones”.

Esto es solo el aperitivo de lo que espera a la fiscal o a cualquier otro jurista que quiera husmear en la brutal ocupación militar israelí que ya se ha prolongado durante más de medio siglo y que va a continuar. A favor de Bensouda está el hecho de que se retirará dentro de año y medio y que la CPI ya ha comenzado a buscarle sustituto. Israel y Estados Unidos, que han firmado pero no ratificado el Estatuto de Roma, quieren influir todo lo posible en el nombramiento del nuevo fiscal, según ha publicado The Jerusalem Post.

El diario Haaretz recuerda que en la actualidad, Netanyahu está llevando a cabo una “total campaña contra el sistema legal israelí y contra su fiscal general, Avichai Mandelblit”, que le ha acusado de corrupción. Si Netanyahu hace esto contra su propio sistema legal, es fácil imaginar que actuará con incluso una mayor determinación contra la Corte de La Haya, aunque en esta ocasión será con la máxima discreción, “en secreto”.

En primer lugar, la CPI tiene que decidir si los territorios palestinos ocupados, que Israel califica de “territorios en disputa”, pueden ser investigados. Israel aduce que Palestina no es un estado soberano y por lo tanto no tiene el mismo estatus que cualquier otro estado, aunque haya sido reconocido por las Naciones Unidas. Según esta versión, Palestina no puede denunciar a otro estado por crímenes de guerra.

El primer paso que se espera es que la CPI invite a las partes a que aleguen con respecto a su jurisdicción. Israel tendrá que decidir si participa en esta consulta preliminar teniendo en cuenta que si pierde la batalla legal, su reputación sufrirá un serio revés. Recientemente, Estados Unidos y Myanmar no participaron en esa consulta preliminar por temor a que la CPI abriera expedientes contra sus respectivos ejércitos.

En 2003, cuando la ONU pidió una opinión a la CPI sobre el muro de Cisjordania, Israel prefirió no aceptar la invitación a declarar. La profesora Yael Ronen ha declarado al diario Haaretz que el caso de ahora es distinto puesto que Israel tiene la posibilidad de influir en la investigación aportando información que solamente posee Israel, y por lo tanto, en su opinión, debería participar en la investigación aunque no esté obligada a hacerlo.

Expertos legales han señalado que el gobierno de Netanyahu se está preparando para un proceso que podría ser muy largo, de varios años, si tenemos en cuenta que la CPI ha necesitado más de cuatro años solo para determinar que existen “fundamentos” para investigar a Hamás y a Israel por crímenes de guerra cometidos desde 2014.

Algunos expertos han indicado que la CPI tendrá que recoger declaraciones de personas que viven en la Franja de Gaza y en Cisjordania, incluida Jerusalén, y también en Israel, y que para ello deberá solicitar permiso al estado judío. Parece del todo seguro que Israel no concederá la autorización de entrada a los investigadores del tribunal, con lo cual la investigación todavía tardará más años en completarse, si es que no se interrumpe antes por cualquier incidencia imprevisible. En beneficio de Israel, se ha de tener en cuenta que la autoridad de la CPI ha sido socavada recientemente por países como Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia, y que por lo tanto su posición no es muy sólida.

Con relación a la Franja de Gaza, Israel puede alegar que ha abierto algunas investigaciones al respecto por su propia iniciativa. La legislación internacional dice que cuando un estado realiza investigaciones creíbles, los presuntos crímenes de guerra no pueden volver a juzgarse. Aquí Israel debería demostrar que sus propias investigaciones han sido serias y creíbles, algo que disputan los palestinos.

Según algunas opiniones, el mayor problema que afronta Israel no es el de la Franja de Gaza con la guerra de 2014, donde murieron cientos de civiles palestinos, ni la represión de las protestas fronterizas en la Franja. El mayor problema tendría que ver con Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y concretamente con el florecimiento de los asentamientos judíos que se han levantado en los territorios ocupados violando la legislación internacional que dice claramente que la potencia ocupante no puede desplazar su población a la zona ocupada.

En un estadio más avanzado, la CPI podría emitir órdenes de detención contra algunos de los máximos líderes israelíes, incluido el primer ministro Netanyahu y varios ministros de Defensa y jefes del ejército, y no solo contra quienes cometieron directamente los presuntos crímenes de guerra, pero estas medidas parecen estar todavía en un horizonte muy lejano.