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Condenados a tres años de cárcel tres activistas egipcios por la nueva ley antiprotesta

Ahmed Maher y Mohamed Adel, del movimiento juvenil 6 de Abril, y el bloguero Ahmed Duma estaban acusados de organizar una manifestación ilegal y crear disturbios. La sentencia ha sido dictada sin presencia de abogados

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Los activistas Ahmed Maher y Mohamed Adel, del movimiento juvenil 6 de Abril, y el bloguero Ahmed Duma, conocidos por su activismo contra el dictador derrocado durante la primavera árabe, Hosni Mubarak, fueron condenados este dimingo a tres años de cárcel en Egipto, informaron fuentes judiciales.

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Los tres estaban acusados de organizar una protesta ilegal, agredir a las fuerzas de seguridad y causar disturbios frente al tribunal cairota de Abdin.

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Esa corte de delitos urgentes condenó también a los activistas al pago de una multa de 50.000 libras egipcias ( 5.300 euros), en un fallo que -según las fuentes- es apelable.

Conforme a la televisión estatal, el juez se limitó en la sesión a dictar la sentencia ante la presencia de familiares, periodistas y representantes de grupos de derechos humanos, si bien no hubo abogados.

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Decenas de activistas se enfrentaron el pasado 30 de junio a la policía frente al tribunal, en el que se entregó de forma voluntaria Maher, acusado inicialmente por haber organizado una protesta de manera ilegal frente al Parlamento en desafío a la nueva ley que restringe el derecho de manifestación en Egipto.

En esa primera causa también están involucrados Duma y el activista Alaa Abdel Fatah, otra de las caras más reconocibles de la oposición al régimen de Hosni Mubarak (1971-2011).

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Maher fue puesto en libertad y posteriormente arrestado, mientras que Duma se encuentra en prisión.

Adel se encontraba en paradero desconocido hasta que el pasado 19 de diciembre fue hallado por las fuerzas de seguridad en una redada en la sede del Centro Egipcio de Derechos Económicos y Sociales (ECESR, en sus siglas en inglés).

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Los activistas critican la nueva ley, elaborada por el Gobierno interino creado tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno islamista elegido en las última elecciones, encabezado por Mohamed Mursi, y fue ratificada en noviembre por el presidente, Adli Mansur, que exige que se notifique a la Policía con una antelación de tres a 15 días cualquier convocatoria de protesta, entre otros puntos.

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