MADRID.- El magistrado del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido defiende que el exministro de Defensa Federico Trillo y realice una “respuesta moral” y asuma que “las cosas no se hicieron bien” en el accidente del Ya.42 que se cobró la vida de 62 militares en Turquía en el año 2003.

"No creo que dado el tiempo transcurrido sea factible revisar esa decisión. Al menos, desde el punto de vista penal”, ha explicado Conde-Pumpido en un desayuno informativo celebrado este miércoles en Madrid por la revista Vanity Fair.

“Respeto mucho al señor Trillo y creo que las decisiones personales que quiera tomar me parecen respetables. Nunca apreciamos que tuviera responsabilidad de carácter penal en su conducta. Desde el punto de vista político la cuestión es diferente. La respuesta es más bien moral: asumir que las cosas no se hicieron bien y desde el punto de vista penal las responsabilidades están zanjadas”, ha explicado Conde-Pumpido.

El magistrado del Supremo tampoco ve posible reabrir la vía civil, ya que las familias han sido indemnizadas y se condenó a los militares que participaron en las identificaciones erróneas de los cadáveres y que más tarde fueron indultadas por el Gobierno, según ha recordado.

Conde-Pumpido ha ahondado en su gestión mientras él fue Fiscal General del Estado en la etapa del PSOE (2004-2011). El “largo procedimiento” se dividió en dos partes: una que investigó los restos mortales, que se enterraron sin estar correctamente identificados y se emitieron datos falsos, y que terminó en una sentencia condenatoria.

El otro proceso estuvo “dirigido a determinar responsabilidades por negligencia en la contratación de los aviones. El ministerio de Defensa había destinado unos fondos para la contratación de los aviones que se quedaba en los intermediarios y los aviones no estaban en las condiciones óptimas. Cuando yo me fui en 2012 se había formulado acusación contra seis personas, altos cargos del ministerio de Defensa. La Fiscalía nunca apreció que pudiera haber responsabilidad penal por parte del ministro”. Después el juez de instrucción archivó el caso, de ahí que no vea posible revisar esta decisión.

Respecto al procesamiento de Cristina de Borbón y de su esposo Iñaki Urdangarín en el caso Nóos, Conde-Pumpido ha defendido que no existía base para sentar en el banquillo a la infanta: “la posición de la Fiscalía en la época que yo la dirigía era que no había base suficiente para sentar en el banquillo a la infanta”.

La Fiscalía “nunca” vio base legal para procesar a la hermana de Felipe VI por poseer el 50% del capital de la sociedad Aizoon que recibió dinero público desviado del Instituto Nóos: “confío en ese criterio porque es un criterio serio”.

A este respecto ha cuestionado el recurso a la figura de la acusación popular que se realiza en España, como hizo Manos Limpias en el caso Nóos y que desembocó en unas negociaciones que son investigadas en la Audiencia Nacional.

“Uno de los tres grandes problemas que tiene la Justicia española es la privatización de la Justicia penal”, ha agregado Conde-Pumpido en referencia a la acusación popular. “En el conjunto de los países del mundo no existe. Posiblemente no sean los otros quienes están equivocados. Cualquier ciudadano, asociación, organización a veces por presiones, puede intervenir y sentar en el banquillo a una persona determinada”, esa es la situación que se ha creado.

Así, ha puesto como ejemplo el de Manos Limpias, “una asociación cuyo presidente está en la cárcel tuvo la decisión de que la infanta se sentara en el banquillo. Estoy completamente seguro que el Tribunal tomará la decisión oportuna. Desde mi perspectiva de haber intervenido en el proceso puedo decir que la posición de la Fiscalía en la época que yo la dirigía era que no había base suficiente para sentar en el banquillo a la infanta”.

Señalado como uno de los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional que ahora negocian PP, PSOE y Ciudadanos, Conde-Pumpido no ha realizado declaración alguna sobre esta posibilidad.

El magistrado considera que se ha extendido “excesivamente el número de aforamientos: una cuestión es limitarlos y otra hacerlo desaparecer”, ha apostillado tras considerar correcto que el Gobierno y las Cortes estén aforadas en el Supremo, cono refleja la Constitución y que considera que “cuanto menos la modifiquemos, mejor”.

Conde-Pumpido fue el instructor de la pieza abierta en el Supremo sobre la implicación de Rita Barberá, la desaparecida política del PP cuyo último acto público fue su declaración ante este magistrado por la financiación de su partido en Valencia.

El magistrado ha “lamentado de una manera extrema” el fallecimiento de Rita Barberá y ha defendido que el proceso y la toma de declaración de los altos cargos aforados se producen de manera “impecable” en el Supremo.

“Sencillamente la oímos para que pudiera defender su inocencia y se la escuchó con todo el respeto porque de acuerdo con las garantías constitucionales toda persona que comparece es inocente”, ha agregado.

Conde-Pumpido no considera que su fallecimiento esté directamente vinculado “al proceso ni al tratamiento de los medios” sino a la naturaleza: la exalcaldesa podía padecer una enfermedad y posiblemente le afectó su situación personal. Pero ella se marchó “satisfecha” del Supremo.

Rita Barberá falleció dos días después en un hotel de Madrid, junto al Congreso de los Diputados después de haber sido aislada por los suyos.