Un cuarto de hora antes del próximo apagón, el teléfono de más de medio millón de sudafricanos lanza un aviso. Y el barrio al que la empresa pública de electricidad, Eskom, va a dejar sin suministro durante 8 o 10 horas -si no más- se pone en marcha: aprovechan para cargar baterías, para descargar el episodio de su serie favorita, para enfriar un refresco. Es parte de la vida diaria.

"Es como la previsión del tiempo, pero de cortes de luz", bromea un grupo de jóvenes en Maboneng, el barrio de moda en Johannesburgo. En pocos minutos, los bares y restaurantes de la zona estarán a oscuras, sin nada que ofrecer a los clientes más que platos fríos y bebidas del tiempo. Solo la calle junto a la comisaría de policía y los juzgados tiene luz.

La crisis de los apagones, latente desde 2014, se ha disparado en lo que llevamos de año. Tanto que, según analistas locales, ha frenado entre un 33% y un 50% el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2019. Algo que no es baladí cuando el país, motor económico del continente junto a Nigeria, se afrenta a una prolongada desaceleración: en el segundo trimestre del pasado año cayó momentáneamente en recesión por primera vez desde 2009 tras una dramática crisis del sector agrícola.

Cada día, los cortes de luz suponen pérdidas económicas de entre 2.000 y 4.000 millones de rands (126 a 252 millones de euros). "La crisis de Eskom significa probablemente que estamos ya de nuevo en recesión", declaró recientemente a la prensa local el director del fondo Brenthurst Magnus Heystek.

Pero más allá del impacto económico, cada apagón, bautizados eufemísticamente como load shedding, es un golpe al orgullo de un país que celebra veinticinco años de democracia volviendo a las urnas el próximo día 8.

"Este país está muy mal. Hay una crisis moral que lo están arrastrando todo. Es la corrupción", añade Malope, un joven afrodescendiente que intenta ganarse la vida con trabajos esporádicos en cualquier cosa que aparezca, construcción, transporte, y que alza el tono a medida que avanza la conversación. "Es lo que hace la vida tan difícil en Sudáfrica".

Pocos casos de corrupción resultan más simbólicos que el de Eskom.

El gran éxito, el gran fracaso

En 1994, cuando la ANC de Nelson Mandela tomó el poder para poner fin a casi cinco décadas de régimen segregacionista, apenas la mitad del país, en su inmensa mayoría blancos, tenía acceso al suministro eléctrico . En 2017, esta cifra rozaba el 85% . Un motivo de orgullo para la democracia más admirada del continente que, sin embargo, ha acabado por revelar sus propias miserias.

"Todo empezó en 1998. El Libro Blanco sobre Electricidad ya pronosticó que para 2007 habría escasez de energía", recuerda el comentarista político y exlíder local del opositor Democratic Alliance (DA),  Clive Hatch. Aunque los propios dirigentes de Eskom recomendaron entonces una fuerte inversión en plantas energéticas e infraestructuras de conexión, el Gobierno de la ANC prefirió retrasar cualquier gran proyecto arguyendo que el sistema estaba sobredimensionado.

Al tiempo, centenares de personas encontraron trabajo en la empresa pública: entre 2003 y 2017, el personal de Eskom se duplicó. Los que obtuvieron un empleo en un país en el que el paro supera el 27% -más del doble en los barrios más desfavorecidos- no siempre eran los más preparados.

En 2008, cuando se produjeron los primeros síntomas de saturación en la red eléctrica, el Ejecutivo liderado por Thabo Mbeki autorizó la construcción de dos plantas de carbón con las que añadir 9.600 megavatios al sistema. El coste de ambas no iba a superar los 150.000 millones de rands (algo más de 9.380 millones de euros).

Actualmente, el coste supera ya los 447.000 millones rands (27.958 millones de euros) . "Estamos en 2019 y las centrales todavía no están terminadas, han excedido su presupuesto original en más del 100% y se han encontrado defectos en su diseño. No se espera que estén plenamente operativas hasta 2022", resume Hatch.

La llegada al poder en 2009 de la facción de la ANC liderada por Jacob Zuma, hoy involucrado en una sucesión interminable de escándalos de corrupción que forzaron su relevo el pasado año, no hizo más que aumentar la malversación alrededor de un sector que mueve miles de millones de euros y cuya producción está en un 95% en manos de Eskom desde 1923.

En 2011, el Tesoro, una de las pocas instituciones que ha enfrentado con dignidad las injerencias del Ejecutivo Zuma, lanzó un programa de energía renovable para generar, a través de suministros mayoritariamente eólicos y solares, 5.000 megavatios adicionales. Aunque logró captar inversión privada por valor de 14.000 millones de dólares, Eskom rechazó en 2015 firmar cualquier acuerdo con los productores privados que habían ganado el concurso público.

Por aquel entonces, Zuma estaba negociando un acuerdo multimillonario con la empresa rusa Rosatom para construir entre 8 y 10 centrales nucleares en Sudáfrica. Los apagones son una "táctica estafadora empleada por el Gobierno para guiar a la gente a decir ‘sí, necesitamos más centrales eléctricas", asegura Makoma Lekalakala, la activista ambiental galardonada con el premio Goldman por frenar este acuerdo.

La energía renovable es ya más barata de producir -30 céntimos de rand por kwh frente a 50 céntimos- que la que se obtiene de las obsoletas plantas de carbón gestionadas por Eskom, pero resulta mucho menos rentable para la élite corrupta enriquecida alrededor del manejo del sector.

La solución neoliberal que ha puesto en guardia a las bases del ANC

Actualmente, Eskom produce menos electricidad que en 2007 pese a contar con una plantilla tres veces más amplia y gastar cinco veces más en carbón. Un despilfarro que ha marcado la campaña electoral.

Una de las prioridades del presidente Cyril Ramaphosa desde su llegada al poder en 2018 ha sido hacer frente a la crisis de los apagones. Pero esto supone enfrentarse a la propia mayoría social que sustenta el poder del ANC: a Eskom le faltan ingresos porque son pocos los que pagan -el Gobierno hace la vista gorda ante la multitud de conexiones ilegales-; entre los 48.000 empleados de la empresa, los que sobran son los que no están cualificados.

Los sindicatos, esos que Ramaphosa lideró durante la lucha anti apartheid antes de convertirse en un empresario millonario, se han opuesto frontalmente a sus planes: no tanto al paquete de ayuda financiara a diez años por valor de 150.000 millones de rands (casi 9.476 millones de euros) para hacer frente a la deuda de más de 400.000 millones de rands (más de 25.000 millones de euros) que mantiene la entidad y evitar su quiebra, sino a las otras medidas aparejadas: los despidos masivos, el aumento del 56% en las tarifas en un plazo de tres años y, sobre todo, la privatización de la entidad.

El plan del Ejecutivo, aplaudido por los organismos internacionales, pasa por reestructurar la compañía pública en tres empresas, generación, transmisión y distribución, y abriendo así la puerta a la venta individual de cada una de ellas. La oposición no ha dudado en cargar contra la propuesta, unos, el DA, para intentar pescar votos entre un electorado negro que recela de su pasado; otros, el Economic Freedom Fighters, para proclamar una vez más la traición de clase del
ANC.

Aunque las encuestas auguran una nueva victoria electoral para el partido heredero de la lucha anti apartheid, la tendencia a la baja que mantiene desde 2009 abre la puerta a un vuelco electoral histórico en 2024. Acabar con la ‘crisis de los apagones’ es el primer paso para frenarlo.