El Ministerio de Defensa colombiano ha rechazado indemnizar a Ingrid Betancourt por los perjuicios ocasionados por su secuestro por las FARC de más de seis años. La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt y su familia exigieron a ese departamento el pago de 5,4 millones de euros.

El secretario general del Ministerio, Luis Manuel Neira, confirmó hoy en un comunicado que el 30 de junio se recibieron de la familia Betancourt dos solicitudes de conciliación extrajudicial por parte de Betancourt, su madre, Yolanda Pulecio, sus dos hijos y su hermana.

'Convocan a la nación y al Ministerio de Defensa para conciliar (...) los perjuicios que en opinión de ellos le fueron causados con ocasión del secuestro de la señora Ingrid Betancourt' por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), añade la nota oficial. Los perjuicios son estimados por 'los convocantes' en la suma global de 13.000 millones de pesos (5,4 millones de euros), agrega el portavoz.

El Ministerio de Defensa se declara 'sorprendido y apesadumbrado' por la presentación de esas solicitudes, 'máxime por el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la operación Jaque', por la que fue liberada Betancourt y otras 14 personas el 2 de julio de 2008.

La familia Betancourt sustenta su petición en que varios oficiales del Ejército el día de su secuestro, el 23 de febrero de 2002 en una carretera del sur de Colombia, le garantizaron con anterioridad que no sucedería nada y que no corría peligro.

El Ministerio de Defensa consideró que no hay elementos objetivos para llegar a una conciliación con Ingrid Betancourt por su petición.

'Betancourt, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoriades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá) donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política', recordó el comunicado oficial.

El mensaje puntualizó que el Gobierno colombiano está seguro de que no existe 'ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en esos hechos'.

El principal argumento del Gobierno colombiano es que Betancourt el día de su secuestro desconoció y despreció las advertencias públicas y privadas que le hicieron las autoridades ante el inminente riesgo de seguridad que suponía su movilización por una carretera del sur de Colombia.

Por su parte, el comisionado de Paz del Gobierno en la época del secuestro, Camilo Gómez, recordó que Betancourt solicitó autoriación para ir en esas fechas a San Vicente del Caguán, epicentro de las frustradas negociaciones de paz del gobierno con las FARC entre 1999 y 2002.

'Ingrid había solicitado autorización en dos o tres ocasiones para llegar hasta allá y el Gobierno le había dicho tajantemente que no era posible que una persona hiciera esos movimientos porque las condiciones de la zona eran muy complicadas en ese momento y había combates', dijo Gómez.