El mayor problema social de Colombia, el desplazamiento forzado de personas por la violencia, por el que el país ostenta el segundo puesto a nivel mundial, después de Sudán, podría entrar en vías de solución con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada por el Parlamento colombiano el martes y que ratificará solemnemente el presidente Manuel Santos junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la próxima semana en Bogotá.

En los últimos 25 años, más de cuatro millones de personas, el 10% de la población colombiana, fueron desplazados de sus tierras de forma violenta, en primer lugar por paramilitares y caciques regionales y también, en menor medida, por las guerrillas de las FARC y el ELN. Sólo en los Montes de María, entre las regiones de Sucre y Bolívar, testaferros de Mario Uribe, primo del expresidente y antiguo senador, desalojaron cerca de 100.000 hectáreas.

Más de cuatro millones de personas han sido desplazadas por la violencia

Según las cifras oficiales, cuatro millones de hectáreas fueron desalojadas por amenazas y otros dos millones fueron arrebatadas en las dos últimas décadas a sangre y fuego por paramilitares a 450.000 familias, un 90% de las cuales se encuentran en la más absoluta pobreza desde que tuvieron que abandonar las tierras donde vivían. La mayoría se ha desplazado a los suburbios de las grandes ciudades, donde tratan de ganarse la vida en la marginalidad y borrando su rastro, por miedo a que les persigan los sicarios de los nuevos terratenientes.

Otras 500.000 hectáreas fueron entregadas por la Dirección de Estupefacientes a los propios narcos, a los que se las expropiaron formalmente durante el Gobierno de Álvaro Uribe para luego devolvérselas bajo mano. Otras tantas fueron robadas al Estado: modificaban las actas notariales y de un día para otro aparecían como dueños de las tierras notorios delincuentes, como Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, propietario de cerca de 20.000 hectáreas tras la masacre de Mapiripán, en la que los paramilitares actuaron ayudados por el Ejército.

Un 90% de los que les arrebataron sus tierras viven hoy en una pobreza absoluta

Los protagonistas de la ley son las víctimas, al margen de la naturaleza de sus verdugos: paramilitares, guerrilleros o agentes del Estado. La norma se dirige explícitamente a 'quienes individual o colectivamente hayan sufrido daños por infracción del Derecho Internacional Humanitario desde 1985'. Desde esa fecha, los paramilitares auxiliados por el Ejército y la Policía exterminaron a más de 3.000 candidatos electorales de la izquierda.

La ley fue presentada personalmente por el presidente Santos en el Parlamento el pasado septiembre. Desde entonces, ha sufrido numerosas dilaciones y obstáculos, encabezados por la feroz oposición del expresidente Uribe. Para Santos, 'sólo por la aprobación de esta ley valdría la pena haber sido presidente'. Para el ministro de Agricultura, Juan Camino Restrepo, 'esta ley es el paso más importante y decisivo que se ha dado hacia la paz'.

El mayor reto del Gobierno en la restitución de tierras es el de la seguridad: en lo que va de año han sido asesinados decenas de líderes de los movimientos de reivindicación agraria. La norma prevé que 'si un campesino no puede retornar a su finca por inseguridad, se le pueda dar una equivalente en otra parte del país'.