Hace casi tres meses que el mapuche Celestino Córdova lleva a cabo una huelga de hambre en la cárcel de Temuco, al sur de Chile, donde cumple una condena de 18 años de prisión por “incendio con resultado de muerte con carácter terrorista”. Lo acusan de cometer el asesinato del matrimonio de ancianos latifundistas Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, ocurrido en enero de 2013, en la comunidad de Yeupeko de la región de La Araucanía.

Córdova, que tiene 30 años, es machi, es decir, ejerce de autoridad espiritual del pueblo mapuche y, como tal, tiene responsabilidades con su comunidad en materia espiritual y curativa. 

El machi lleva hoy cinco años sin poder acceder a su “rehue” o altar sagrado. Un impedimento que, como líder espiritual, le provocó un desequilibrio en su estado anímico y de salud, concido como “la enfermedad del machi”, según certificaron los médicos tradicionales de la Unidad de Interculturalidad del Hospital de Nueva Imperial, cercano a la zona donde está recluso. La cultura ancestral de la que forma parte se basa en la conexión con la tierra y los elementos naturales. El vínculo de la cultura mapuche entre materia y espíritu, entendidos como un todo, es tan profundo que si no mantiene constante puede ocasionar daños severos tanto al machi como a la comunidad que lidera. Una cosmogonía incomprendida hasta hoy por la visión del mundo occidental. 

“Gendarmería y el Estado no autorizan al machi a salir 48 horas para renovar su espiritualidad, como sí se ha hecho con otros mapuche. Por eso el 13 de enero tomó la decisión de hacer una huelga de hambre”, explica Jimmy Marilao, portavoz de Córdova. Para él, se trata de un caso de “discriminación” porque “los presos que practican la religión católica o evangélica tienen espacios y tiempos para ejercer su espiritualidad. Si el ciudadano chileno puede hacerlo dentro de la cárcel, no tendría que ser diferente para el pueblo mapuche”. 

El juicio de Celestino Córdova, único condenado por el caso Luchsinger-Mackay, alcanzó gran repercusión mediática en todo el país. Tanto el Ejecutivo como la Fiscalía pidieron cadena perpetua y la aplicación de la ley antiterrorista en contra del machi, que ha defendido siempre su inocencia y sostiene que fue víctima de un montaje perpetrado por la Unidad de Inteligencia de Servicios Especiales de Carabineros. De hecho, esa misma unidad ha sido acusada recientemente por el Ministerio Público, precisamente, de cometer un montaje en la llamada “Operación Huracán”, que imputó a varios comuneros mapuche en la quema camiones en La Araucanía. Tras la detención de los imputados, el caso dio un giro que hoy involucra, precisamente, a los organismos encargados de la investigación de los delitos. 

Una ley cuestionada

La ley antiterrorista es una de las herencias que Chile arrastra desde la dictadura de Pinochet. Aprobada y promulgada por la Junta Militar en 1984 para perseguir a la resistencia armada de grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) o el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ha sido blanco de críticas y reparos de varios organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

La norma endurece las condenas para delitos ya establecidos en el Código Penal (incendio, homicidio o secuestro), llegando incluso a doblar las penas previstas para ellos; restringe el acceso a medidas cautelares y extiende los períodos de prisión preventiva que, en la mayoría de casos, terminan en absoluciones o condenas recalificadas a delitos comunes. Según cifras del Poder Judicial, entre 2010 y 2016 hubo 91 formalizaciones por delitos de carácter "terrorista", pero solo cinco de ellas alcanzaron una sentencia condenatoria, lo que representa un 5,5% del total. 

“El texto nunca ha sido remozado por ninguno de los gobiernos de los últimos 30 años, y en el último tiempo se ha dirigido contra las comunidades mapuche en resistencia, calificando los hechos de violencia que se viven en la zona de terroristas”, señala el abogado y miembro de la ONG Defensoría Popular, Rodrigo Román, quien ha ejercido de defensa de los comuneros en varios casos. 

Más punición

Sebastián Piñera ya fue presidente del país entre 2010 y 2014. REUTERS/ Rodrigo Garrido

Han pasado cinco años desde que Celestino Córdova fue encarcelado durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera, quien desde marzo vuelve a estar al frente de La Moneda. Aunque no lleva ni un mes en el Gobierno, el mandatario ya ha anunciado una reforma con la que pretende endurecer aún más la controvertida ley. "El terrorismo estaba avanzando en nuestro país, porque había una actitud de ambigüedad, de debilidad y eso fomenta la impunidad. Con el fortalecimiento de esta ley, estamos defendiendo nuestra democracia, los derechos humanos, la paz y la seguridad", dijo para justificar su decisión. 

La propuesta de Piñera, quien viajó a La Araucanía para dar a conocer sus intenciones, ha alertado a organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. 

“Hay un esfuerzo del Estado de gobernar para los latifundistas y los ricos, que son los usurpadores del territorio mapuche. Lo que hoy día se anuncia es más populismo penal para enfrentar el conflicto entre Estado-pueblo mapuche con más punición, pero está probado en todo el mundo que los problemas políticos no se resuelven de esta forma”, critica Rodrigo Román. 

Los detractores de la ley y sus propuestas de reforma aseguran que el relato del terrorismo se construye con el objetivo de destruir la lucha indígena y la recuperación territorial del pueblo mapuche, que vio como a finales del siglo XIX el Estado chileno le arrebataba sus tierras para entregárselas a los blancos europeos en la mal llamada “Pacificación de La Araucanía”. 

“La puesta en escena de este anuncio fue hecha en una región donde hay un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno y eso le dio una connotación directa al pueblo mapuche”, sostiene el senador demócrata-cristiano y ex gobernador de la región, Francisco Huenchumilla. 

Entre los puntos más cuestionados que contempla la propuesta del Ejecutivo destacan el uso de agentes encubiertos, testigos protegidos y la definición de que los delitos terroristas también pueden ser cometidos de manera individual y no solo por grupos organizados. 

“La nueva ley abrirá la puerta a más criminalización, más represión y más militarización en Wallmapu [territorio mapuche], lo que se va a resentir en la vida de las comunidades”, lamenta Rodrigo Román. 

Las voces críticas aseguran que la salida al conflicto no pasa por policías y tribunales, sino que son los políticos quienes tienen que hacerse cargo del tema. Sin embargo, parece que Piñera no tiene ninguna voluntad de eso. Esta semana su ministro de Justicia advirtió que no negociará con el machi Celestino Córdova por muy delicado que esté su estado de salud, muy agravado por la extrema medida de protesta: “Si cada vez que hay una huelga de hambre, las autoridades se ponen a negociar sería el fin del funcionamiento de las cárceles y del principio de autoridad”, sentenciaron desde el Gobierno.