Había expectación y mucho interés para ver como ayer a las tres de la tarde el cardenal y arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati, se sentaba ante un fiscal, en calidad de imputado, para dar explicaciones por el presunto encubrimiento de abusos de menores.

Durante la tarde del lunes, organizaciones de víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica chilena calentaron motores en una manifestación frente a la catedral de Santiago para exigir justicia. Bajo el lema “Otra iglesia es posible”, querían visibilizar sus denuncias y levantar la voz por todas las personas “que han sido silenciadas por el abuso, el trauma y la jerarquía de la Iglesia”. Juntas se preparaban para escuchar qué tenía que decir el líder de la Iglesia Católica en Chile sobre sus casos.

Sin embargo, la imagen de la máxima autoridad eclesiástica dando explicaciones ante la Justicia se hizo esperar. Y, de momento, no se sabe hasta cuándo.

El departamento de comunicaciones del Arzobispado de Santiago informó el mismo lunes que Ezzati decidió suspender su declaración: “Teniendo presente que existen antecedentes incautados por la Fiscalía Regional de Rancagua en recientes diligencias que aún no han sido procesados por el Ministerio Público, ni entregados a la defensa del cardenal Ricardo Ezzati, unido a la presentación de una querella referida a hechos que constituyen, entre otros, el motivo de la citación, se decidió suspender la diligencia por ahora”, indicaron. Así, el Ministerio Público accedió a la petición de la defensa.

Víctimas de abusos sexuales por parte la Iglesia Católica chilena se manifiestan frente a la catedral de Santiago de Chile. / Reuters

Incautaciones y querella

Ezzati tenía que viajar hasta Rancagua, casi 100 kilómetros al sur de la capital, para responder al fiscal de esta región, Emiliano Arias, en el marco de una investigación que señala al ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz. Este estrecho colaborador del cardenal se encuentra en prisión preventiva desde julio por abuso sexual reiterado contra menores y estupro. La detención se produjo luego de que el párroco se autodenunciara, pero Ezzati nunca informó de los delitos a la justicia civil y fue la Fiscalía la que decidió, en mayo, abrir una investigación.

En junio, el fiscal Arias ordenó incautar las dependencias del Tribunal Eclesiástico, el Arzobispado de Santiago y la Diócesis de Rancagua para recoger todas las indagaciones realizadas por la Iglesia desde el año 2007 hasta hoy en que menores de edad hubieran sido víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos. Luego, a principios de este mes, desde la misma Fiscalía decretaron el ingreso al Obispado Castrense, presidido desde 2015 por el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, quien tiene el grado de general de Brigada del Ejército. Se requisaron denuncias, investigaciones o cualquier documento que “se hubiese iniciado por hechos que constituirían delitos que afectaran la integridad e indemnidad sexual de menores de edad a la fecha de comisión de los hechos, [perpetrados] por funcionarios del Ejército, conscriptos o por dependientes del Obispado Castrense”.

Entre la documentación que el fiscal recabó, había el testimonio de una víctima de abuso sexual del cura Jorge Laplagne, ocurrido hace 13 años, cuando era menor. El caso se trasladó a las autoridades eclesiásticas del Arzobispado en 2010 y se instruyó acreditar la verosimilitud de la acusación, que nunca prosperó. Los encargados de las investigaciones fueron el sacerdote diocesano afín a la dictadura de Pinochet, Raúl Hasbún, y el entonces vicecanciller, Óscar Muñoz. Ni las autoridades eclesiásticas de la época ni tampoco las actuales, que recibieron una nueva denuncia este año, derivaron la causa a la Fiscalía. Por eso, una fundación que acompaña a la víctima interpuso una querella por violación contra Laplagne y por encubrimiento contra los otros involucrados, entre ellos Ezzati.

Una pancarta que dice: "demonios vestidos de sacerdotes", durante la manifestación en Santiago de Chile de las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica chilena. / Reuters

Esperando nueva fecha 

La demanda complica aún más al arzobispo santiaguino que, no solo depende de las decisiones judiciales, sino también de la postura final que el Papa Francisco adopte sobre su renuncia y que podría salvarlo por los pelos o desterrarlo definitivamente de la jerarquía eclesiástica del país suramericano.

Mientras espera unas y otras deliberaciones, y va acumulando denuncias, Ezzati quizás escuchó el mensaje del Pontífice dirigido a todos los católicos y, explícitamente, “para Irlanda, para Estados Unidos y para Chile”, a propósito de las “atrocidades” cometidas por los cleros en Pennsylvania. Quién sabe si, como dice –o espera– el Papa, llegará a asumir “con vergüenza y arrepentimiento” que no supo “estar donde tenía que estar”. De momento, pudo evitar la comparecencia y alargar su silencio. Pero esa estrategia caducará apenas la Fiscalía defina una nueva fecha en el calendario.