Perú cuenta con 48 lenguas originarias reconocidas de manera oficial, 41 de ellas tienen un alfabeto, pero ninguna de ellas es permitida en el Congreso del país andino. O al menos fue ese el mensaje que se dejó entrever el jueves pasado, cuando la presidenta de la mesa directiva, la derechista Maricarmen Alva, cortó un discurso del primer ministro Guido Bellido, que inició su intervención en aimara y en quechua, dos de las lenguas nativas más vivas del país.

"Premier, como se acordó con la mesa (directiva), le agradecería que traduzca inmediatamente y que no sea tan larga su exposición en quechua", dijo Alva, del partido de centroderecha Acción Popular, en el primer día del debate del pleno del Congreso, de mayoría opositora de derechas, para la obtención del voto de confianza al primer gabinete del izquierdista y maestro rural Pedro Castillo (2021-).

"Señora presidenta y señores vicepresidentes, esto es una muestra de que aún todavía nuestro país no ha entendido que hay pueblos profundos que tienen cultura, que tienen idioma (…). Cuando nosotros no hablamos el quechua y nuestros hermanos no hablan castellano y solo hablan el quechua, estamos prácticamente dejándolos de lado. Ustedes, el día de hoy, han sentido como muchos que solo hablan quechua y no hablan castellano. Lo único que hemos hecho es saludarle en aimara, en quechua, y ahora pasaremos a intervenir en castellano", respondió Bellido.

Una situación tensa que avivó la división de la sociedad peruana, profundamente fracturada desde el último recuento en las elecciones presidenciales, en las que Castillo ganó a la derechista Keiko Fujimori por apenas 44.263 votos, entre acusaciones sin pruebas de fraude en mesa y vínculos de Castillo y su entorno con grupos de remanentes terroristas. Por un lado, estuvieron quienes señalaban el uso que el oficialismo hacía del idioma más extendido por los incas, como una "provocación" o una "estrategia" para "distraer" a la opinión pública de sus propuestas de Gobierno. Mientras que, por el otro, quienes calificaron la conducta de Alva de "discriminadora" y "racista".

"El hecho de que genere tanta controversia que un político hable quechua en el Parlamento es un indicador de que definitivamente somos una nación bastante dividida", sostuvo a Público la politóloga Alexandra Ames, quien criticó la falta de herramientas para que se haya logrado una traducción simultánea del aimara y el quechua en el Congreso.

El quechua en el discurso público

En el gabinete de Bellido, que obtuvo finalmente la confianza del Congreso por 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones, al menos cuatro de sus integrantes son quechuablantes. Algo que algunos de ellos pusieron de manifiesto desde el día de la jura de su cargo, en julio, entre voces opositoras que criticaban la inclusión de integrantes con investigaciones fiscales que van desde delitos como apología al terrorismo (entre ellos el propio presidente del Consejo de Ministros), lavado de dinero y denuncias por acoso sexual.

Una discusión a la que el oficialismo ha restado importancia y ha pedido que sea observada bajo el prisma del racismo y el clasismo que le atribuye a la derecha peruana y a los medios de comunicación que apoyaron abiertamente a Fujimori en la segunda vuelta.

Este desencuentro entre periodistas políticos y el Ejecutivo se agudizó después de que Bellido se despidiera de una entrevista televisiva en vivo en quechua, con una burla sobre su interlocutor: "Hermanos y hermanas, hasta otro día que nos encontremos. A nuestro hermanito (al periodista), hasta sus plumitas hicimos que se plieguen", refirió. Una conducta que causó polémica y que llevó a que en dos entrevistas posteriores a otro de los integrantes quechuahblantes del gabinete, el ministro de Cultura Ciro Gálvez, las dos presentadoras de televisión exigieran una traducción inmediata.

Para Ames, el periodismo político "está cayendo en la trampa de sus propios sesgos centralistas limeños y esto impide que se pueda hacer las preguntas correctas" sobre las políticas del Gobierno, que reconoce que "el periodismo más independiente sí está haciendo". "Nos estamos distrayendo con símbolos que deberían ser prácticas normales para nosotros. Por ejemplo, chacchar coca es tan normal como tomar una taza de café en el Parlamento", señaló la politóloga en relación a masticar hojas de coca, una costumbre ancestral que Bellido realizó el jueves después de culminar su discurso por el voto de confianza.

El círculo vicioso de la predominancia

Pese a que Perú cuenta ya doscientos años de Independencia de España, las lenguas originarias fueron reconocidas como oficiales en 1975, con la instauración del "Día del Idioma Nativo en el Perú", creado mediante un decreto ley durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), cuyo gobierno militar incluyó diversas políticas de reivindicación del indígena, como la reforma agraria más radical de la historia peruana, que significó -en la práctica- la eliminación de un régimen semifeudal en el campo.

A partir de entonces y con el avance global de políticas públicas con enfoque multicultural e intercultural, la vigente Constitución de 1993, que el gobierno de Castillo busca cambiar mediante un proceso de consulta popular, incluye en su artículo 48 que "son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley".

"En este Congreso nadie discrimina a nadie. Ninguno de los que están acá presentes y menos la mesa directiva. Por favor, relator, lea el artículo 48 de la Constitución", pidió Alva a modo de justificar los "límites" que le impuso al uso del quechua en el Congreso, y ante el reclamo de congresistas oficialistas por haber "herido" a los miles de quechuahablantes en el país.

"La Constitución dice que todas las lenguas son oficiales en los lugares donde predominan. Esto es algo bastante cuestionable porque esa frase te da a entender que no hay forma de que una lengua originaria peruana pueda ser oficial en la mayoría del territorio porque es evidente, en cifras, que el castellano predomina siempre. Y si no le vamos a abrir espacios a otras lenguas, cómo así se podría lograr que predominara. Es como un círculo vicioso", explicó a Público la sociolingüista Claudia Crespo.

De la controversia social a la acción judicial

Una interpretación de la ley sobre la que se discutirá probablemente también en algún juzgado peruano, pues la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco ha anunciado una denuncia contra la presidenta del Congreso y demás congresistas "que han tenido la osadía de decir ‘nosotros no sabemos o no entendemos esta lengua’, haciendo una marginación a los pueblos originarios", apuntó Fernando Hermosa, representante de dicha institución en declaraciones a La República.

"En el bicentenario, nos han restregado que los quechuahablantes seguimos siendo excluidos. De un porrazo, y en cuestión de segundos, los que se hacen llamar los padres de la patria han destruido el trabajo de años a favor de las culturas", expresó Hermosa.

Una denuncia que sería válida, según la interpretación de la expresidenta del Congreso y abogada Mirtha Vásquez. "Jurídica y legalmente, el artículo 2, inciso 19 de la Constitución habla del derecho a la identidad étnica y cultural de las personas. Eso significa incluso usar su idioma o lengua originaria ante cualquier autoridad. Lo dice explícitamente", apuntó a Público.

"Se puede tomar como un acto de discriminación el hecho de que censures a una persona o, como se hizo en el Congreso, se intente evitar que siga expresándose en su lengua", agregó Vásquez.

Los vetos del Congreso

Si bien el veto del quechua en el Congreso ha cobrado una dimensión simbólica importante en el debate público la última semana, no se trata de un hecho aislado. En el 2006, la entonces congresista cusqueña María Sumire (2006-2011) fue víctima de discriminación lingüística al ser obligada a jurar a su cargo en castellano, pese a que lo hizo tres veces en quechua.

Asimismo, en el 2017, la excongresista izquierdista Tania Pariona, denunció que el Congreso no admitió a trámite un proyecto de ley que buscaba oficializar el 27 de mayo como el Día de las Lenguas Originarias, por estar enteramente en idioma quechua. Solo tras hacer el caso público, y cinco días después, este fue admitido a trámite.

Una muestra de que las políticas públicas de reconocimiento lingúistico son importantes no solo en la Educación y en la Salud, sino también donde precisamente se crean las políticas.