Turquía se ha convertido en el gendarme de las fronteras de Europa, impidiendo que los inmigrantes pasen al otro lado. ¡Ay! No debemos permitir que México cumpla ese ruin papel con respecto a Estados Unidos”. Carlos Payán Velver, periodista mexicano y fundador del diario La Jornada, pronunció esta advertencia el miércoles, 19 de diciembre, tras recibir la Medalla Belisario Domínguez, una de las más importantes del país. Ese es uno de los retos a los que se enfrenta el recién estrenado gobierno de Andrés Manuel López Obrador: no ceder a las presiones de Donald Trump y evitar convertirse en la Turquía o el Marruecos que reprime a los migrantes antes de que estos pisen el territorio de los privilegiados. O no seguir siéndolo. Porque México sigue siendo el lugar donde cientos, miles de migrantes, son extorsionados, arrestados arbitrariamente, vendidos como esclavos o desaparecidos por grupos criminales.

La caravana que atravesó México desde finales de octubre sirvió para volver a visibilizar el fenómeno. En su momento álgido, más de 10.000 hombres, mujeres y niños atravesaron a pecho descubierto una de las rutas más peligrosas del mundo. El grupo ya se ha disgregado y una parte permanece en Tijuana, mientras busca el modo de saltar la valla. Son, sin embargo, una ínfima parte del flujo que cada año atraviesa México procedente de Guatemala, Honduras y El Salvador con destino a Estados Unidos. Según datos del Acnur, entre 400.000 y 500.000 centroamericanos cruzan anualmente una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Aunque los datos son orientativos. Hablamos de migración irregular. Nadie se apunta en un censo.

Políticamente, la caravana ha sido un detonante. Ha hecho visible lo que lleva décadas existiendo en la clandestinidad.

Donald Trump la ha aprovechado para recuperar su discurso xenófobo y anunciar diversas medidas antimigrantes que, generalmente, son tumbadas por los jueces norteamericanos. López Obrador, por el contrario, mantuvo silencio durante toda la marcha, ya que no tomó posesión del cargo de presidente hasta el 1 de diciembre. Su receta, sin embargo, es la misma que en campaña promovió para los mexicanos que emigran: planes de desarrollo que eviten que la gente se vea obligada a emigrar y respeto a los Derechos Humanos de las personas en tránsito. Palabras muy bonitas viniendo del presidente de un país que, cada año, se traga a cientos de personas que viajan de forma irregular hacia Estados Unidos.

Se da la paradoja de que ambos, Trump y López Obrador, parten de antípodas ideológicas, pero, en este asunto, comparten un objetivo común: poner freno a la migración irregular desde México y Centroamérica a Estados Unidos.

Familiares y vecinos de Jakelin una niña de 7 años quien murió la semana pasada en la frontera ven videos de Youtube con la noticia de su muerte en San Antonio Secortez, municipio de Raxruhá en Guatemala. EFE/Esteban Biba

Es en este contexto donde hay que ubicar dos iniciativas hechas públicas esta semana.

La primera es un acuerdo entre México y Estados Unidos para poner en marcha un plan de desarrollo para Centroamérica y el sur mexicano. La segunda, el intento de Washington de convertir a sus vecinos del sur en un "tercer país seguro" en el que los solicitantes de asilo permanezcan hasta que un juez determine si serán acogidos en Estados Unidos o deportados a sus lugares de origen. En el caso de los centroamericanos, un estudio de la Universidad de Siracusa desvela que entre el 75% y el 80% de las peticiones de asilo son rechazadas.

El plan económico se hizo público el martes, 18 de diciembre. Lo anunció el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien fijó en más de 31.000 millones de euros el total a invertir tanto en el Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador) como en el sur de México, en los empobrecidos estados de Chiapas y Oaxaca. Esta iniciativa entronca con el discurso que López Obrador mantuvo durante la campaña electoral en la que terminó siendo elegido presidente. Además, el primer acuerdo firmado por el nuevo mandatario fue un pacto con sus homónimos de Guatemala, El Salvador y Honduras en el que se aboga por el desarrollo como receta para frenar la migración.

Falta por leer la letra pequeña

En principio, la lógica es: generar desarrollo en Centroamérica para reducir los índices de pobreza, crear empleo y no obligar al éxodo que actualmente se está registrando. Lo mismo aplica a Chiapas y Oaxaca. Por un lado, se busca desarrollar los estados más pobres de México. Por otro, la iniciativa recuerda al intento del expresidente, Enrique Peña Nieto, de atar a los migrantes centroamericanos al sur de México cuando la caravana ya había cruzado el río Suchiate.

No es nueva la existencia de planes de desarrollo y fondos que llegaban de Estados Unidos a Centroamérica y que tienen, entre sus objetivos, frenar la migración. En el pasado, durante la administración de Barack Obama, estas inversiones vinieron condicionadas a cumplir determinados objetivos en lucha contra la corrupción o contra el narcotráfico. No parece que la gobernanza de sus vecinos sea una prioridad para Trump, más preocupado en construir el muro que en comprender las razones de la migración masiva.

Ebrard sí que anunció que más de 5.000 millones de dólares irían destinados a mejoras institucionales en Guatemala, El Salvador y Honduras. No aclaró a qué reformas institucionales se refería.

Ese mismo día, en Ciudad de Guatemala, se producía un hecho que tiene mucho que ver con este asunto, pero al que no se prestó tanta importancia. El ministerio de Exteriores, liderado por Sandra Jovel, anunció la retirada de las credenciales a once investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, una agencia que apoya a la fiscalía y que fue creada en 2006. Con esta maniobra, el Gobierno de Jimmy Morales asestaba un nuevo golpe a quien ha sido el principal activo contra la corrupción en el país centroamericano. Fue la Cicig la que investigó el caso “La Línea”, que terminó con el encarcelamiento en 2015 del expresidente, Otto Pérez Molina.

La gran pregunta es: ¿creen México y EEUU que es eficaz donar más dinero a gobiernos como el de Guatemala, cuya principal actividad durante el pasado año fue combatir a la agencia anticorrupción de la ONU? Washington es el principal financista de la Cicig y, sin embargo, su posición ha sido tibia, incluso cuando el Gobierno de Jimmy Morales prohibió el ingreso al país a su principal responsable, el jurista colombiano Iván Velásquez. ¿Hasta qué punto tiene garantías de que esos fondos se utilizarán en programas de desarrollo si el objetivo del Ejecutivo ha sido desmantelar el principal ariete contra la corrupción?

Seis de cada diez guatemaltecos son pobres. La misma cifra se repite en el caso de Honduras. En ambos países gobiernan presidentes considerados aliados de Estados Unidos, que han buscado la afinidad de Donald Trump y que han sido señalados reiteradamente por corrupción. El caso de El Salvador tiene diferencias. Las cifras de pobreza son inferiores (un 34% de los salvadoreños es pobre) pero la violencia está disparada (con un índice de asesinatos de 60 por cada 100.000 habitantes). Estos son los datos de la migración. No se pueden analizar por separado.

La segunda iniciativa persigue algo que Trump lleva buscando durante todo su mandato: que los solicitantes de asilo esperen la decisión del juez en México y no en territorio norteamericano. El departamento de Seguridad Interna de la Casa Blanca hizo público un comunicado en el que aseguró que implementará una normativa para expulsar temporalmente a estas personas hasta que se resuelva su caso. El receptor será México, que no tendría por qué acogerles, ya que se trata de migrantes originarios de otros países. Sin embargo, una nota hecha pública por la secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de López Obrador abrió la puerta a esta posibilidad.

En realidad, todo anuncio del gabinete Trump hay que tomarlo con pinzas. Porque una cosa es anunciar medidas muy efectistas y otra que el complejo sistema legal norteamericano lo permita. Ocurrió, por ejemplo, cuando comenzó la caravana, cuando el inquilino de la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva para que aquellos que habían entrado de forma ilegal en Estados Unidos no pudiesen pedir refugio. Finalmente, los jueces tumbaron sus pretensiones y han sido cientos los integrantes de la larga marcha que, simplemente, han saltado la valla de Tijuana y se han entregado a la Border Patrol norteamericana.

Acnur, fuera de las negociaciones

Ahora lo que busca es que México se haga cargo hasta que los magistrados de migración decidan si los solicitantes corren o no riesgo real. Esto supone un grave perjuicio para los refugiados. Por un lado, porque es habitual que trabajen en negro, aún estando prohibido, durante su estancia en Estados Unidos. Por otro, porque la espera en México puede ser utilizada por los jueces norteamericanos para denegarles el asilo, argumentando que ya están seguros en el vecino del sur.
En realidad, esta medida viene acompañada de gran desinformación. Por un lado, porque diferentes instituciones mexicanas (secretaría de Relaciones Exteriores e Instituto Nacional de Migración) discrepan sobre si se puede o no llevar a cabo. Por otro, porque contradice lo afirmado previamente por figuras como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Para añadir más confusión, el vocero de Acnur en México, Pierre Marc-René, reconoció que ellos desconocían estas negociaciones y aseguró que no han sido parte del acuerdo.

No obstante, ya aparecen voces críticas. “Es negociar un tercer país seguro sin nombrarlo como tercer país seguro. Aceptar todas estas condiciones de Estados Unidos y gestionarles lo que ellos pidieron sin ponerle el nombre ni reconocer lo que se está haciendo”, dice Mariana Zaragoza, investigadora en Migración de la Universidad Iberoamericana. En su opinión, no obstante, este es tiempo de “exigir más información” para poder analizar cuál será la tendencia del gobierno de López Obrador en materia de migración.

Por ahora sabemos dos cosas: que ha prometido cambiar el paradigma de la seguridad al de los Derechos Humanos y que Estados Unidos está presionando. El lunes está prevista una nueva comparecencia en la que las autoridades mexicanas aclaren su posición sobre la migración. Queda por ver si ambas variables, las presiones norteamericanas y la voluntad de respeto a los derechos humanos, son compatibles o, en el previsible caso contrario, hasta qué punto se impone una sobre la otra.