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La cara B de los Juegos de
Río, los desalojados: "Nos
trataron como perros"

A sus 14 años Naomy Oliveira describe sus últimos 24 meses en Vila Autódromo, la comunidad donde nació, una favela pegada al Parque Olímpico que hoy se ha convertido en símbolo de los desahuciados por los JJOO. Desde que la ciudad fue anunciada sede olímpica, alrededor de 100.000 personas han sido expulsadas de sus casas.

Un niño se asoma, en presencia de la Policía, por la puerta de su casa después de que la de sus vecinos fuera demolida en el barrio de Vila Autódromo, en Río de Janeiro. - AFP

RÍO DE JANEIRO.- Eran 600 familias y han quedado apenas 20. Las últimas casas que quedaban en pie se demolieron esta semana y la única estructura restante de Vila Autódromo es la iglesia que los propios vecinos construyeron. A lo largo de treinta años, esta comunidad que nació a la vera de la laguna de Jacarepaguá con unas pocas casas de pescadores, rápidamente creció a la sombra del Autódromo Nelson Piqué, y se llenó de familias más humildes que encontraban en la zona un terreno verde y plano. Ya no habría que subir a los cerros. Las 20 familias que han conseguido quedarse insisten en que la gran ventaja de la comunidad es que era “tranquila”, es decir, sin tráfico de drogas ni milicias, una situación milagrosa dentro de las favelas de Río de Janeiro.

Su localización, pegada al Parque Olímpico, a pocos kilómetros de las playas de Barra da Tijuca y al lado de una de las mayores lagunas de la zona, la convirtió en un terreno goloso para los nuevos proyectos inmobiliarios vinculados a los JJOO, como la Villa de los Atletas, que se convertirá en la urbanización de lujo Isla Pura en cuanto acaben los Juegos.

“Siempre les interesó hacer negocio con este terreno y cuando supimos que el Parque Olímpico se haría aquí al lado, todas las amenazas se concretaron”

Maria da Penha, una de las principales líderes vecinales, lleva 22 años en Vila Autódromo y asegura que desde que llegó, el ayuntamiento les amenazaba con expulsarles: “Siempre les interesó hacer negocio con este terreno y cuando supimos que el Parque Olímpico se haría aquí al lado, todas las amenazas se concretaron”, cuenta a Público.

En 2012 el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, les ofreció indemnizaciones económicas y la opción de ir a una urbanización de apartamentos de protección oficial a pocos kilómetros de la zona. Algunos se marcharon rápidamente y otros resistieron hasta que no pudieron más. Naomy Oliveira, que en aquel momento tenía 12 años, sufrió con la separación de sus padres. Su madre decidió irse a uno de los apartamentos con sus hermanos, y ella optó por quedarse en su casa junto a su padre. A lo largo de dos años vio cómo destruían las casas de sus vecinos y sus amigos se iban marchando. Durante meses llegaba tarde a la escuela porque la parada de autobús del barrio ya no existía y a veces la ruta pasaba de largo. Las obras del Parque Olímpico continuaban y se llevaban por delante lo que fuera necesario. “La guardia municipal nos vigilaba todo el día, llegaron a golpear a muchas personas que simplemente defendían a los vecinos, nos trataron como perros”.

Los desalojos de madrugada fueron una de las tácticas más duras del ayuntamiento. En ocasiones demolían las casas con los enseres dentro y dejaban los restos de demolición durante meses

Los desalojos de madrugada y sin previo aviso fueron una de las tácticas más duras del ayuntamiento. En ocasiones demolían las casas con los enseres dentro y dejaban los restos de demolición durante meses: “Vivíamos en un escenario de guerra, con agujeros, escombros, pozas de agua que se llenaban de mosquitos, pero aguantamos”, dice Penha con los ojos brillantes. A Naomi sin embargo se la ve triste, dice que a sus 14 años se ha hecho “mayor”: “En un futuro me gustaría ser atleta, y espero que los que estén aquí ganen muchas medallas, pero los Juegos Olímpicos a nosotros nos han destrozado la vida”.

Las 20 familias que aguantaron todo tipo de presiones consiguieron que en mayo el ayuntamiento diera su brazo a torcer y aceptara construirles 20 nuevas casas en el mismo terreno. El pasado viernes se las entregaron y aunque son mucho más pequeñas que las que tenían se han convertido en un símbolo de la victoria: “Nuestra dignidad no tiene precio y nuestra historia tampoco. Luchamos por nuestro derecho a la vivienda y hemos dejado claro que la memoria no se desaloja”, decía Maria da Penha en la casa número 18, su nuevo hogar.

Un vecino de Vila Autódromo permanece junto a la puerta de su casa, a punto de ser derruida. - EFE

Un vecino de Vila Autódromo permanece junto a la puerta de su casa, a punto de ser derruida. - EFE

Números imprecisos

Pero la historia del desalojo en Río de Janeiro suele acabar mal. Por cada familia que ha conseguido una casa nueva en Vila Autódromo, al menos 1.000 han sido desalojadas desde que se dio a conocer que Río sería la próxima ciudad olímpica. Las cifras presentadas por el ayuntamiento señalan que 77.206 personas tuvieron que salir de sus casas entre 2009 y 2015; desde Amnistía Internacional hablan de al menos 100.000.

Este cálculo podría ser todavía mayor ya que la lista no contempla los que fueron indemnizados o realojados en otras viviendas: “Es injusto y no tiene sentido porque es gente que fue obligada a salir de sus casas, pero cuando les ofrecen alternativas no los cuentan como desalojos”, dice la abogada Ligia Medeiros.

Las cifras presentadas por el ayuntamiento señalan que 77.206 personas tuvieron que salir de sus casas entre 2009 y 2015; desde Amnistía Internacional hablan de al menos 100.000

Pocas veces quieren vincular los desahucios a las obras relacionadas con los JJOO y la justificación más habitual es la de estar ubicadas en zonas de alto riesgo: “Esa misma excusa la usaron en Vila Autódromo, y es un terreno completamente seguro”, explican fuentes de Amnistía Internacional.

El Comité Popular de la Copa y las Olimpíadas, que denuncia los atropellos sociales vinculados a los grandes eventos deportivos, advierte que la mayoría de los desalojos de los últimos cinco años se ha producido en áreas en las que se construirían infraestructuras de transporte relacionadas con los Juegos (carriles de autobús, reforma del aeropuerto internacional…); otras se habrían hecho en las inmediaciones de las nuevas instalaciones deportivas, y las últimas, en la zona portuaria que surge como el nuevo centro turístico de la ciudad conocido como Puerto Maravilla.

Las 700 familias de la comunidad de Mangueira, pegada al estadio de Maracaná donde se hará la ceremonia de inauguración de los Juegos, tuvieron que dejar sus casas en 2010 porque se iba a construir un estacionamiento cerca del estadio. En el cerro de la Providencia, la primera favela de Río de Janeiro con más de cien años de historia, al menos 400 familias tuvieron que hacer las maletas porque sus viviendas afectaban a la reforma del puerto. La militarización de esta favela se intensificó en 2015 para mantener “seguro” este nuevo foco de turismo, lo que provocó un aumento de la violencia policial que tiene hasta hoy a los vecinos en vilo.

Doblemente expulsados

Algunos de los realojados en apartamentos de protección oficial temen que sean expulsados nuevamente, esta vez por impago. Según informaciones de la Agencia Pública, algunos de los vecinos de Vila Autódromo que optaron por mudarse al apartamento, firmaron unos contratos en los que el ayuntamiento debía hacerse cargo del pago de las hipotecas, pero nunca recibieron copias de dichos contratos.

Algunos de los realojados en apartamentos de protección oficial temen que sean expulsados nuevamente, esta vez por impago

Al poco tiempo de mudarse comenzaron a recibir cartas del Banco de Brasil por impago donde se les cobraba una deuda de 20.000 euros que sería el valor total del inmueble. Los vecinos dicen que el ayuntamiento no les responde y temen que tras las elecciones municipales del próximo mes de octubre, el nuevo alcalde no asuma lo firmado hasta ahora.

La Alcaldía de Río de Janeiro confirmó esta semana que se debía a “un error” del Banco de Brasil y aseguró que se harían responsables de la deuda tal y como habían prometido. Pero algunos de los vecinos ya tienen el “nombre sucio” en el Servicio de Protección al Crédito, una lista de deudores de la que no saldrán hasta que el ayuntamiento no pague.

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