'Sáquenlos de ahí a como dé lugar'. Aquel 31 de enero de 1980, la orden del general Fernando Romeo Lucas García, por entonces presidente de Guatemala, fue clara y concisa. Sus asesores le acababan de informar que un grupo de indígenas mayas había tomado la embajada española para denunciar el exterminio que sufrían en amplias zonas del país. Fiel a su mano dura, García ni siquiera se acordó de que la delegación diplomática era territorio extranjero y que, por tanto, no podía actuar con el mismo grado de impunidad y salvajismo que su gobierno exhibía en las comunidades campesinas.

El 'como dé lugar' dio paso a un brutal operativo militar que se saldó con la muerte de 37 personas. A pocos días de que se cumplan 34 años de ese terrible episodio, Público ha tenido acceso a un documento secreto sobre la intervención militar en la representación española. Se trata de un informe elaborado por el entonces embajador de la dictadura argentina en Guatemala, Roberto Tiscornia, un diplomático que se dedicó a reunir distintos testimonios sobre lo ocurrido. Este documento aún no ha sido desclasificado por el Gobierno argentino, que lo mantiene guardado -y completamente olvidado- en una vieja y húmeda oficina del ministerio de Relaciones Exteriores.

El informe fue elaborado por el entonces embajador de la dictadura argentina en Guatemala

Tal como relatan estos amarillentos papeles, todo comenzó en torno a las 11.00 de la mañana del jueves 31 de enero. El embajador Máximo Cajal acababa de recibir en su despacho a una delegación compuesta por el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres Lenhoff, el ex canciller Adolfo Molina Orante y el profesor universitario Mario Aguirre Godoy, junto a quienes ultimaba detalles relacionados con un acto académico que se iba a celebrar en Madrid. En medio de la reunión, un funcionario le avisó a Cajal que un grupo de campesinos indígenas se encontraba en el interior del edificio.

Alarmado por lo que pudiese ocurrir, el embajador logró comunicarse con el subsecretario de Relaciones Exteriores de Guatemala. De acuerdo a este informe, Cajal le exigió que 'las Fuerzas de Seguridad se abstuvieran de intervenir, recibiendo la burocrática respuesta de que lamentaba lo sucedido y que pondría todo ello en conocimiento de la Superioridad'. Seguidamente, el diplomático llamó por teléfono al ministro de Exteriores español, Marcelino Oreja, para alertarle sobre la situación que se vivía dentro de la embajada. Minutos después, Oreja contactó con el canciller guatemalteco, el coronel Rafael Castillo Valdés, 'requiriéndole que evitara la presencia de fuerzas de seguridad'. Sin embargo, nada de ello sirvió para frenar lo que ocurrió a continuación.

'A las 14.30, aproximadamente, el embajador de Venezuela (Jesús Elías Morel) fue testigo de que fuerzas policiales invadieron la misión diplomática española, treparon hasta los balcones y techos y con picos comenzaron a romper vidrios, ventanas y puertas para ingresar en la Cancillería', señala el documento. A partir de ese preciso instante, los hechos se sucedieron de forma vertiginosa. 'El embajador español, el ex vicepresidente Cáceres Lenhoff y el ex canciller Molina Orantes, utilizando un megáfono de los ocupantes, pidieron a la Policía -antes de que ingresaran en la cancillería hispana-, que no intervinieran y que se trataría de llegar a una solución pacífica'. Amparados por sus jefes, los agentes desoyeron estas súplicas y decidieron continuar adelante con el operativo.

'Varios fueron los policías que manifestaron que procedían obedeciendo órdenes superiores'

De acuerdo a este informe, los militares y policías que intervinieron cortaron las líneas telefónicas de la embajada, de manera que sus ocupantes quedasen completamente aislados. En ese contexto, Cajal realizó un último y desesperado intento para tratar de impedir la masacre: 'Al producirse el ingreso o intrusión policial en los balcones, el embajador español se acercó a una de las ventanas, y a la vez que gritaba ‘brutos, retírense, soy el embajador de España', tuvo por única respuesta un culatazo que uno de los policías le propinó en su mano'. Entonces hubo disparos, fuego y un denso humo. El edificio de bandera española había comenzado a arder, y los agentes no harían nada para evitarlo. Al cabo de unos minutos, las llamas habían devorado a quienes se encontraban en el edificio.

Entre los muertos había dos ciudadanos españoles: el funcionario Jaime Ruiz del Árbol y María Teresa de Villa, quien había acudido a la embajada para realizar unos trámites. Otro de los fallecidos fue Vicente Menchú Pérez, padre de la militante indígena que en 1992 se convertiría en Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum. Sólo hubo dos supervivientes: el embajador Máximo Cajal y uno de los indígenas, Gregorio Yujá. Algunas horas más tarde, los policías irrumpieron en el hospital donde ambos estaban internados para llevarse a Yujá. Su cadáver fue abandonado poco después frente a la rectoría de la universidad. Desde ese momento, Cajal -quien actualmente se encuentra retirado de la actividad diplomática- pasó a ser el único testigo directo de la masacre.

El documento rescatado por Público destaca que este caso provocó una fuerte indignación entre los representantes diplomáticos acreditados en el país centroamericano. Apenas 24 horas después de la fatídica intervención militar en la oficina española, el nuncio del Vaticano y varios embajadores mantuvieron una discreta reunión con el canciller Castillo Valdés, a quien reclamaron una explicación. En un burdo intento por salvar al régimen, el ministro endilgó toda la responsabilidad a sus subalternos. 'Este país, como los señores embajadores bien saben, tiene un elevado número de analfabetos y que las fuerzas policiales, que reconozco que obraron con precipitación, poco o nada saben acerca de la extraterritorialidad de una embajada', argumentó Castillo Valdés ante la atónita mirada de los representantes extranjeros.

El canciller también prometió una 'investigación exhaustiva' sobre lo sucedido, algo que nunca ocurrió. Al igual que en otros tantos miles de crímenes cometidos por el régimen del ya fallecido general García, sus autores materiales e intelectuales gozaron de la más absoluta impunidad. 'Son concordantes las versiones que los efectivos de seguridad fueron dirigidos por el jefe de Policía, el coronel Germán Chupina Barahona, y que varios fueron los policías que manifestaron que procedían obedeciendo órdenes superiores', subrayaba el informe del diplomático argentino. Tanto Chupina como García murieron sin ser juzgados por este caso. Actualmente, la justicia guatemalteca mantiene un proceso abierto contra un mando intermedio de la Policía del país, Pedro García Arredondo, acusado de haber participado en la masacre. De momento, todos sus compañeros de matanza, desde los que la ordenaron hasta los que la cometieron, continúan a salvo de la justicia.