La Comisión Europea ha presentado este miércoles un nuevo presupuesto multianual, que abarca desde 2021 hasta 2027, que activará batallas entre los países miembros sobre cómo llenar la brecha de financiación que deja la salida de Reino Unido del bloque el próximo año.

La propuesta del Ejecutivo comunitario recorta las ayudas agrícolas agrícolas (la mayor partida de gasto de la UE) y los fondos de cohesión en un 5% y un 7%, respectivamente. A cambio, plantea gastar más en "nuevas y urgentes prioridades", como investigación y tecnología, ayuda internacional, estabilidad de la eurozona, compensación por pérdida de trabajos por el comercio abierto y en defensa común y guarda de fronteras.

En concreto, Bruselas ha propuesto un presupuesto plurianual de 1,28 billones de euros ajustados a la inflación (o 1,14 billones a precios de 2018) frente a los 1,09 billones en el marco financiero multianual de 2014-20. Supondrá  un 1,11% de la economía del bloque, frente al actual 1,03%.

La Política Agraria Común contará con un presupuesto de 365.000 millones entre 2021 y 2027, mientras que el fondo europeo de desarrollo regional y cohesión tendrá una dotación de 273.000 millones de euros.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, en el Parlamento Europeo en Bruselas. EFE/ Olivier Hoslet

La Comisión Europea propone dedicar 12.000 millones a la transformación digital, 30.000 millones al programa Erasmus+ y 100.000 millones (un 50% más) a la investigación y desarrollo, a través de programas como Horizonte 2020. También plantea triplicar el presupuesto destinado a la protección de fronteras exteriores, inmigración y asilo, que se incrementaría desde los 13.000 millones hasta 33.000 millones. Los fondos dedicados a seguridad crecerían con la propuesta un 40% para llegar a los 4.800 millones y crear un fondo de defensa de 13.000 millones.

También aboga por aumentar un 26% el gasto en acción exterior, que se expandiría hasta los 126.000 millones de euros. En este contexto, la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha propuesto crear un fondo extrapresupuestario de 10.500 millones para complementar los programas en el área de defensa.

La propuesta del Ejecutivo comunitario también propone crear tres nuevas fuentes de ingresos para la UE que se sumen a la recaudación del IVA y a las aportaciones de los Estados miembros. En particular, apuesta por crear una nueva tasa al plástico (0,80 euros por kilogramo no reciclado), así como recaudar un 3% de un futuro impuesto de sociedades armonizado a nivel comunitario y un 20% de los ingresos procedentes del sistema de comercio de derechos de emisión. Según los cálculos de Bruselas, estos nuevos recursos propios representarán aproximadamente el 12% del presupuesto de la UE y podrían aportar hasta 22.000 millones de euros al año a la financiación de nuevas prioridades.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, saluda al eurodiputado euroescéptico Nigel Farage, antes del debate sobre el escenario presupuestario de la UE, en el Parlamento Europeo, en Bruselas. REUTERS/Francois Lenoir

"Con la propuesta de hoy, hemos adelantado un plan pragmático sobre cómo hacer más con menos", ha dicho en la Eurocámara el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. "Un presupuesto para Europa que protege, refuerza y defiende", ha declarado la Comisión, instando a los 27 países miembros que queden a cumplir con la brecha de al menos 10.000 millones de euros al año que causará el Brexit después de 2020.

Ese lenguaje refleja una campaña de Bruselas para persuadir a los votantes tras una década de crisis que ha visto implantar la austeridad en países afectados por la crisis de la eurozona y un incremento en la llegada de mas de un millón de inmigrantes irregulares por el Mediterráneo solo en 2015.

"Una Europa que protege" se ha convertido en una demanda familiar del presidente Emmanuel Macron, en un momento en el que intenta trabajar con la canciller alemana, Angela Merkel, en reforzar la integración después de la marcha británica, al tiempo que pretende aliviar el temor de los votantes de que la UE significa fronteras abiertas y exportación de puestos de trabajo.

El Gobierno alemán reaccionó con cautela, pero las prioridades que estableció se hacían eco de muchas de las del Ejecutivo comunitario (un control fronterizo mayor, más cooperación en defensa, innovación tecnológica y una defensa más fuerte de los valores democráticos en Europa). Repitió su disposición, como Francia, a reforzar el presupuesto si eso refuerza la Unión: "Pero eso incluye un reparto justo de las cargas entre los países miembros".

Habrá enfrentamientos

El comisario de Presupuesto, Günther Oettinger, que ha pedido a los países que muestren rápidamente su respaldo al presupuesto dentro de un año o así, dijo que era inevitable que hubiera disputas: "Habrá recortes, muchos países se quejarán, y habrá nuevos gastos, de los que otros se quejarán", dijo a la televisión alemana.

Algunos de los países ricos que más contribuyen, entre ellos los holandeses y suecos, han insistido en que no pagarán más para cubrir la brecha del Brexit, mientras que los más pobres, como Polonia, demandan que no haya recortes.

Eso podría llevar a la oposición de grupos de presión agrícolas, principalmente en Francia, mientras que la propuesta de congelar los fondos a países que no cumplen con los "valores de la UE" en términos de independencia judicial enfadará a Polonia y Hungría especialmente, ya que sus líderes han chocado con Bruselas por el tema del "papel de la ley".

Otros puntos clave son el incremento del gasto de la fuerza de vigilancia de fronteras de la UE, que pretende frenar la llegada ilegal de inmigrantes, y una subida de la ayuda internacional a 123.000 millones de euros en los próximos siete años, lo que refleja una ambición para proteger la influencia europea en un momento en que Estados Unidos parece replegarse.

La propuesta también prevé que Bruselas recaude más dinero ella misma en lugar de depender de contribuciones nacionales, pero sus planes para nuevos impuestos a los plásticos o a las grandes firmas tecnológicas o los fondos obtenidos por el comercio de las emisiones de carbón afrontan una dura oposición.