Uno de los argumentos que está deslizando la derecha para sobrevivir a los continuos jarros de agua fría que está recibiendo por Doñana es que la contundente respuesta de la Comisión Europea está en parte cocinada por Luis Planas. El hijo del ministro de Agricultura español, que recibe el mismo nombre, es uno de los dos asistentes de la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, firmante de las duras cartas enviadas al Gobierno andaluz que advierten de los peligros de la ley de Doñana.

Algunas voces de la derecha mediática y política acusan a Luis Planas Herrera de escribir directamente las misivas enviadas a la Junta andaluza y de aconsejar a la directora general de forma partidista recayendo en un conflicto de intereses. "El que hace los papeles y contesta es el hijo del ministro Planas", aseguraba este mismo jueves Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. La Comisión Europea rechaza estas acusaciones.

Bruselas tiene procedimientos muy estrictos para evitar cualquier potencial conflicto de intereses. Según el Artículo 11 de la regulación de personal, la institución debe revisar con mesura la independencia y potenciales incompatibilidades de los nuevos fichajes. El candidato en cuestión debe informar de cualquier aspecto que pueda contrariar su independencia, por motivos familiares o financieros, y los servicios de reclutamiento están obligados a restringir el acceso de ciertos dosieres si existe algún riesgo de conflicto de intereses.

"Tras las acusaciones contra un trabajador de la Comisión, podemos decir que, en línea con nuestros procedimientos, la persona en cuestión ha dado cuenta de su situación personal en una declaración de conflicto de intereses. Así, las tareas que tiene designadas tienen en cuenta todo ello para evitar cualquier potencial conflicto de intereses. Podemos confirmar que [Luis Planas Herrera] no ha estado involucrado de ninguna forma en los asuntos de Doñana", afirma un portavoz a este periódico.

Bruselas "hace campaña por Sánchez"

La líder de los socialdemócratas europeos, Iratxe García Pérez, acusaba recientemente a su homólogo popular, el alemán Manfred Weber, de parecer el líder de la oposición española. El democristiano ha entrado de lleno en los debates nacionales sobre fondos europeos, la reforma del consejo general del poder judicial o la ley del solo es sí es sí.

Ahora es el turno de Doñana. Este martes, en unas declaraciones sin parangón, Weber acusó a la Comisión Europea de ser partidista y de maniobrar en favor del Gobierno de Pedro Sánchez. Una acusación muy grave, ya que la savia bruta del Ejecutivo comunitario es ser un árbitro neutral con la política interna de los Estados miembros. Y con este objetivo se esfuerza con esmero en no solo serlo sino aparentarlo. "No hacemos comentarios sobre las decisiones de política nacional" es el mantra tatuado a fuego en el Berlaymont.

Las palabras del alemán han generado sorpresa. Por su destinatario, fondo y formas "Tengo que ser claro: vemos al comisario con una camiseta roja hacer campaña para Sánchez", aseguró Weber antes los medios de comunicación acompañado de Dolors Montserrat, jefa de la delegación del PP español. Una bofetada a la que el Ejecutivo comunitario ha respondido con tibieza y frialdad. "La Comisión Europea juega su papel para hacer valer la ley y las sentencias europeas", ha se limitado a reaccionar Eric Mamer, portavoz principal de la Comisión.

Tras recibir múltiples reveses en el marco de la polémica por Doñana, la estrategia del PP pasa ahora poner en la picota y bajo duda a la Comisión y, especialmente, al lituano Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente, que es una especie de ecologista de corte conservador. "Doñana es muy importante tanto para España como para la UE. Me he reunido con Ramón-Fernández Pacheco, Teresa Ribera, Manfred Weber, Iratxe Pérez y Dolors Montserrat. Y tras escuchar a todos ellos mi mensaje es el mismo: la Comisión Europea actúa como un guardián imparcial de los tratados y la implementación de las sentencias de la Justicia europea es una prioridad", ha respondido Sinkevicius ante los últimos acontecimientos.

"No es normal el 'readout'"

"Estamos en plena campaña electoral de municipales y autonómicas y, por tanto, pedimos que la Comisión se abstenga de comunicaciones partidistas", afirmó el miércoles Dolors Montserrat. La cuestión de Doñana ha entrado de lleno en la campaña electoral de España. La primera toma de temperatura serán las elecciones autonómicas de mayo y el asalto final llegará en los comicios generales de diciembre, en plena recta final de la Presidencia española de la UE. Para justificar el varapalo de la UE, el PP de Alberto Núñez-Feijóo se agarra a que el comunicado que salió de la Comisión Europea hace unos día, tras la visita del Fernández-Pacheco a la capital comunitaria, fue muy duro e inusual.

En él, Bruselas mostraba su "profunda preocupación" por el impacto que la proposición de ley del PP y Vox en Andalucía puede tener sobre uno de los humedales más valiosos y extensos de Europa. Fue un jarro de agua fría y ante la escasez de recursos y argumentos científicos, los populares tiraron de este tipo de reproches asépticos. No hay un comunicado, en la jerga readout, siempre que delegaciones de comunidades autónomas o regiones visitan las instalaciones, pero tampoco es raro que Bruselas lo emita en tremas de gran ruido mediático o de mucha trascendencia política. Y la cuestión de Doñana, con la protección del medio ambiente como uno de los grandes buques insignias de la Comisión Von der Leyen, es un asunto de primer nivel.

La Comisión Europea... liderada por el PPE

Las críticas directas y públicas del Partido Popular en la Eurocámara hacia la Comisión Europea no son normales. Tampoco sorprendentes. Lo extraño es que pese a lo que pueda parecer la Presidencia de la Comisión Europea, el top job de los puestos europeos, está en manos de la conservadora alemana Ursula von der Leyen.

Es bien sabido que la líder germana tiene una muy buena relación con el presidente español Pedro Sánchez, mientras que con el líder de la oposición Alberto Núñez-Feijóo se ha evidenciado más frialdad. Los populares europeos mantienen en estos momentos más puestos de poder en las instituciones que en las capitales. Hay un desajuste fruto de su pérdida de peso en las elecciones nacionales de los últimos años. Cuentan con la Presidencia de la Comisión y del Parlamento Europeo, mientras que no lideran ninguna de las principales economías: Francia (liberal), España y Alemania (Socialdemócratas) e Italia (extrema derecha).

Von der Leyen llegó a lo alto del Berlaymont por solo nueve votos de diferencia en la Eurocámara. Su elección dependió en buena parte de muchos síes socialdemócratas, a los que prometió políticas climáticas y sociales. En esta legislatura ha abogado por poner impuestos a las compañías eléctricas, intervenir el mercado eléctrico, impulsar las energías renovables, comprar vacunas de forma conjunta o plantarse frente al SofaGate. Cuatro años después de su designación, la ex ministra de Defensa de Angela Merkel genera más incomodidad en sus propias filas, para los que muchos es demasiado progresista, que entre las fuerzas de izquierda. Y el choque directo podría verse en la designación del candidato popular a liderar la Comisión para las elecciones de 2024.

"Un comisario no es Bruselas"

Esteban-González Pons, vicesecretario del PP, llegó a utilizar el argumento de que un comisario no es Bruselas. Eurodiputado con experiencia y una de las voces más autorizadas de los populares españoles, el valenciano conoce cómo funciona la maquinaria comunitaria. Y sabe que cuando un comisario habla de su cartera, en este caso Sinkevicius, lo hace con autoridad para expresar la reacción, respuesta y postura de la Comisión Europea en los portfolios de los que es responsable.

¿Qué dice Bruselas?

La Comisión Europea ha expresado su malestar y preocupación por los acontecimientos en Doñana y en concreto por la ley que prepara la Junta andaluza en diferentes formatos, pero el mensaje es el mismo: tal y como está concebida, la nueva normativa es contraria a la legislación comunitaria.

Bruselas ya sentó a España ante la Justicia europea en 2019 por vulnerar en el parque natural las directivas de agua y de protección de hábitat. Dos años después, Luxemburgo condenó al país por ello. La Comisión Europea también da un tirón de orejas al Gobierno central por no haber actuado durante estos años para proteger la reserva natural. Pero reconoce que la ley solo agravaría la situación. Aunque quiere mantener el perfil bajo en público, el malestar por la deriva que provocaría la nueva legislación es palpable.

"La nueva ley no afecta a Doñana"

Florika Fink-Hooijer, la directora general de Medio Ambiente, ya había transmitido por carta a la Junta andaluza que si se aprueba la ley del PP y Vox se estaría cometiendo una "flagrante violación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE". A juicio de la Comisión, existe una "fuerte evidencia de que la agricultura intensiva y los centros turísticos cercanos están relacionados con la reducción de los estanques en el parque" lo que "demuestra que los niveles de explotación de aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones".

Adalbert Jahnz, portavoz de la Comisión Europea, ha recordado en numerosas ocasiones durante los últimos días que "hay evidencias técnicas y sólidas sobre los efectos adversos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas de Doñana". El equipo de Juan Manuel Moreno Bonilla ha defendido en Bruselas que la nueva ley ni "toca ni afecta a Doñana", pero las explicaciones no han convencido a los técnicos, políticos o ecologistas. Su ambición para legalizar cultivos y regadíos amenaza al parque natural, en estado crítico debido a la sobreexplotación de sus acuíferos y las sequías que asolan a la región.