"Hambre". Fue la palabra que a principios de semana apareció proyectada en la fachada lateral de uno de los principales edificios de la Plaza Italia de Santiago de Chile. El mismo donde meses antes, durante el estallido social de octubre, se proyectaba la palabra "Dignidad". Mientras las seis letras se sobreimpresionaban en la pared, cazuelas y sartenes resonaban con fuerza. En algunos barrios se quebraban cuarentenas y toques de queda, y volvían las imágenes de barricadas y enfrentamientos de manifestantes con la policía.

La decimosegunda semana de pandemia ha sido especialmente intensa en Chile. Los efectos económicos de la crisis han empezado a aflorar con fuerza y, tras más de dos meses de confinamiento –para algunos obligatorio– muchas personas han alcanzado el límite de sus recursos. "Estamos pasando hambre, la gente que no tiene qué comer. ¿Qué comemos? ¿Tomamos agua en cuarentena?", exclamaba una mujer ante las cámaras de televisión el pasado lunes, cuando un grupo de vecinos y vecinas del barrio del sur de Santiago El Bosque protagonizaron las primeras protestas. El martes la movilización se replicó, esta vez en La Pintana, otro barrio del sur capitalino. "No nos ayuda ni el gobierno, ni el municipio ni los narcotraficantes, nadie", reclamaba otra manifestante ante las cámaras. Ambos días las manifestaciones fueron reprimidas por Carabineros.

El Bosque cumple cuatro semanas de encierro y registra más de 600 contagios por covid-19. El hacinamiento, la precariedad laboral y la pobreza hacen que el cumplimiento de la cuarentena, que desde la semana pasada es obligatoria en casi toda el área metropolitana, sea inviable para muchos de sus vecinos. Según cifras del gobierno local, un 11% de la población, que equivale a 5.000 mil familias, vive en extrema pobreza y un 6% no cuenta con servicios básicos.

"La situación es compleja para la gran mayoría de la población. Tenemos muchos vecinos que trabajaban en la construcción, en ferias y mercados, en restaurantes o en centros comerciales y han tenido que salir de esos lugares", explica José Miguel Laiño, dirigente social del Bosque. Cuenta que muchos no han recibido sueldos, que las ayudas prometidas por el Gobierno no llegan y que hasta ahora la gente ha podido aguantar porque ha pedido dinero prestado: "Pero ya estamos a mitad de mayo y no tienen cómo costear los servicios básicos de agua y luz", se queja.

'Operación canastas'

Para frenar el descontento y el hambre, el Gobierno de Sebastián Piñera ha anunciado la distribución de 2,5 millones de canastas familiares a partir de este viernes: "Vamos a llegar a cerca del 70% de las familias con estas canastas y por eso pido tranquilidad y comprensión", indicó el mandatario. Las cajas, diseñadas para que duren 15 días a cuatro personas, incluyen alimentos altamente calóricos, como legumbres, pasta, arroz, jurel, harina o aceite, además de productos de limpieza como jabón y detergente. Cada canasta está valorada en 30.000 pesos (unos 35 euros) y la ayuda tendrá un costo total para el Estado de 100 millones de dólares.

Piñera, que tras el terremoto de 2010 ya lideró otro operativo de entrega masiva de alimentos, destacó que se trata de un proceso de preparación y distribución "nunca antes hecho en Chile en estas magnitudes" y subrayó que "exige un gran esfuerzo de organización y logística". Sin embargo, algunos interrogantes de la operación canastas han quedado por responder. No se sabe aún qué papel que cumplirán los municipios, que se enteraron de la noticia por televisión; también se desconoce el tiempo efectivo que tardará en llegar la ayuda a todos los beneficiarios; y el impacto que una compra de tal magnitud puede provocar en el alza de los precios de los alimentos y de los productos que el país importa como las legumbres, el azúcar o el arroz.

Endeudamiento récord de los hogares

Las canastas de alimentos se suman a otras medidas establecidas por el gobierno chileno para paliar los efectos económicos de la pandemia. Entre ellas, un subsidio de 50.000 pesos (unos 57 euros), destinado al 60% de las familias más vulnerable y a personas mayores de 70 años con jubilaciones mínimas; o el polémico Ingreso Familiar de Emergencia, cuya aprobación fue motivo de arduo debate con la oposición y el mundo social, que consideran insuficientes los montos que entrega el gobierno: 65.000 pesos (73 euros) por miembro de grupo familiar en mayo, 55.000 pesos (62 euros) en junio y 45.000 pesos (50 euros) en julio.

"Si se declara una cuarentena por una pandemia que sabemos que será muy grande y afectará a los sectores más pobres hay que anticiparse y tomar medidas socioeconómicas para que las familias que generan ingresos día a día se puedan sostener y puedan comer", apunta el psicólogo y presidente de la ONG América Solidaria, Benito Baranda.

"En Chile, un tercio de las personas vive de trabajos informales y en las poblaciones [barrios más vulnerables] eso supera el 50%. Si bien es una cifra baja comparada con otros países de América Latina, es muy alta para un país con una renta per cápita como la nuestra [aproximadamente 15.000 dólares]", sostiene Baranda. Según un informe reciente del Banco Central, el endeudamiento de los hogares chilenos ha alcanzado una cifra récord del 75% de los ingresos anuales de una familia.

Baranda recuerda que ante la grave crisis económica que enfrentó el país sudamericano en 1982, el Estado se endeudó para "salvar a la banca" y alerta para no repetir esa fórmula ahora: "Hoy Chile tiene recursos ahorrados en el extranjero que, con un buen pacto económico-social entre fuerzas políticas, permitirían no cargar la crisis a los más pobres, como hizo la dictadura hace 38 años". E insiste: "Ellos la pagaron y las cicatrices que llevan esas personas son gigantes".

Autogestión y "ollas comunes"

Mientras el Gobierno no apuesta por medidas socioeconómicas más contundentes, muchos barrios han optado por recurrir a la autogestión. "Son zonas donde el estado es muy débil y ante eso las comunidades se organizan", afirma Baranda. Como en la época de la dictadura, juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones culturales y organizaciones juveniles han recuperado las llamadas "ollas comunes", una especie de comedores sociales gestionados por los propios vecinos y vecinas del barrio. "Se anotan quienes tienen la necesidad y se les va a entregar su bolsita a la casa, con todos los resguardos", indica José Miguel Laiño.

En su centro social también han puesto en marcha la campaña "El pueblo ayuda al pueblo", enfocada a recoger comida para la población. "Desinfectamos rejas, antejardines, puertas y manillas de las casas de los vecinos y a cambio pedimos una colaboración en alimentos no perecibles para ayudar a los vecinos más necesitados", relata José Miguel. Hasta ahora, han entregado 60 paquetes.

El Bosque ha sido el primer barrio en disparar las alarmas de lo que puede venir después de la cuarentena. Las protestas de los vecinos que están pasando hambre pueden ser el preludio de un estallido social 2.0, que reventará como una nueva olla a presión apenas pase la pandemia.