El proyecto de ley llamado "Don't say gay" (No digas gay), que prohibiría el hablar sobre identidad de género y orientación sexual en las escuelas de Florida (EEUU), ha sido aprobado este martes por el Comité de Educación del Senado en medio de las críticas y avanza en su trámite legislativo.

Esta iniciativa republicana, que controla el Senado y la Cámara de Representantes estatal, cuenta con el apoyo del gobernador del estado, Ron DeSantis, que este lunes dijo que ve "totalmente inapropiado" que los maestros tengan ese tipo de conversaciones con los alumnos al considerar que puede perjudicar su "correcto desarrollo".

El contenido del proyecto de ley establece que los educadores de primaria "no puedan alentar" discusiones sobre la orientación sexual y la identidad de género "de una manera que no sea apropiada para la edad de los estudiantes". Es decir, de ser aprobada, impediría a los alumnos recibir información y educación en torno a la sexualidad. 

La norma ha sido criticada por varios miembros del Partido Demócrata así como por numerosos activistas de los derechos LGTBQI, que prestaron su testimonio ante el comité de la Cámara Alta estatal, dominada por los republicanos. Advierten de que esta medida dejaría desprotegidos y sin ayuda a los jóvenes de esta comunidad.

En esta línea, también quiso sumarse a las críticas la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Biden se opone a restringir derechos de la comunidad LGTBQI

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha sido crítico con un proyecto de ley que ha calificado de "odioso".

"Quiero que todos los miembros de la comunidad LGBTQI+, especialmente los niños que se verán afectados por este proyecto de ley de odio, sepan que son amados y aceptados tal como son", afirmó en un mensaje en Twitter.

Asimismo, ha prometido que su Administración "continuará luchando por la protección y seguridad" de los menores de la comunidad. Y ha lamentado que no se trate de un hecho "aislado" ocurrido solo en Florida. 

Finalmente, de ser aprobada la nueva norma, los padres podrán presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios.