Nicolas Sarkoy escogió el día de ayer, vigilia del combate con los sindicatos, para precisar un paquete de medidas más simbólicas que reales contra los delincuentes de origen extranjero. Con esta fórmula, el presidente se garantiza que estas disposiciones, que atacan los principios fundamentales de la Constitución, darán mucho de qué hablar.

Según anunció el Elíseo ayer, el Gobierno va a reformar leyes de extranjería para privar de la nacionalidad francesa a personas que, habiéndola adquirido menos de diez años antes, atenten 'contra la vida de un depositario de la autoridad pública, especialmente los policías y los gendarmes'. Esa reforma debe cobrar la forma de un proyecto de ley sobre inmigración que llegará a la Asamblea Nacional el 27 de septiembre, y de una modificación del Código Civil.

En un segundo apartado, la presidencia de la República anunció que 'examinará las condiciones de una extensión del trámite de oposición a la adquisición de la nacionalidad a los menores condenados a penas de prisión'. Esto es: el Elíseo se dispone a restringir aún más el histórico derecho de suelo francés, ya muy mermado por la derecha mediante varias reformas entre 1993 y 1998, y entre 2002 y 2008.

El artículo 25 del Código Civil francés estipula que una persona puede perder la nacionalidad adquirida en casos graves de terrorismo, alta traición o atentado contra los intereses de la nación. Ahora, Sarkozy propone que también pueda perderla todo culpable de atentar contra la vida de un agente de la fuerza pública. No obstante, dadas las convenciones internacionales que prohíben fabricar apátridas, ello exigiría que previamente el Estado francés se cerciorase de que el afectado pueda recuperar otra nacionalidad.

Como los casos de atentado contra la vida de policías son escasos en Francia, más escasos aún los perpetrados por personas naturalizadas menos de diez años antes, y entre ellos son pocos los que pueden recuperar su nacionalidad de origen, la medida es papel mojado antes de nacer.

Para el constitucionalista Guy Carcassonne, establecer una diferencia penal entre franceses naturalizados y franceses 'de origen', algo contrario a la Carta Magna, será declarado 'inconstitucional'.