Las imágenes de pateras cruzando el canal de la Mancha, que separa Gran Bretaña de la costa francesa, inundaron las noticias en Reino Unido durante el verano de 2020, causando alarma entre la población británica.

Aunque el tramo de agua que separa ambos países lleva protagonizando el tráfico de personas desde hace más de 20 años en camiones y trenes, en la segunda mitad de 2020, los cruces en patera aumentaron a 2.012 personas, en comparación con 393 en el mismo periodo de 2019, y 4 en 2018.

Según el Observatorio de la Migración de la Universidad de Oxford, el 98% de estas personas solicitaron asilo al entrar al país, pero solo representan un cuarto de las solicitudes de 2020.

El paquete de propuestas para una nueva legislación de asilo, presentado por el Ministerio de Interior británico el pasado marzo, incluye las reformas más estrictas que se han implementado en el país en materia de inmigración desde la aprobación de la ley de extranjería de 1971.

El documento incluye más de cuarenta cambios sobre la legislación existente para arreglar "un sistema roto que está dando alas al tráfico criminal internacional de personas", en palabras de la ministra de Interior, Priti Patel. Entre las propuestas, están discriminar entre solicitantes de asilo según hayan entrado al Reino Unido por vías regulares o irregulares y la deportación de los solicitantes a un país de tránsito seguro por el que hayan pasado en su viaje, ambas denunciadas por la ONU por poner en riesgo la integridad del sistema de asilo internacional.

En gran parte, se considera que el voto al brexit ha dado un mandato para imponer estos cambios: durante la campaña del referéndum se movilizó a un segmento de los votantes en torno al miedo a los inmigrantes.

Irónicamente, la Unión Europea (UE) ha negado la posibilidad de establecer un acuerdo bilateral de retorno de solicitantes de asilo, reduciendo las posibilidades de deportación de solicitantes de asilo a un país de tránsito. En comparación con los números absolutos del resto de la UE, el Reino Unido es el séptimo país que más refugiados ha acogido.

Alasdair Mackenzie, abogado de extranjería en la firma Doughty Street Chambers, dijo: "Es una guerra cultural, una decisión que ha tomado el Gobierno para obtener puntos políticos en la escena política doméstica del Reino Unido". "No entiendo por qué el Gobierno británico pensó que la UE querría involucrarse en esta propuesta", declaró el experto en inmigración, que ha trabajado durante años como activista a favor de los derechos de refugiados.

Para evitar que los solicitantes de asilo puedan elegir su país de destino dentro de la UE, la Unión regula la llegada de solicitantes de asilo a través de la regulación de Dublín III, una herramienta jurídica que establece que el primer país de entrada es en el que un solicitante de asilo debe procesar su caso.

Esta política ha causado conflictos desde su introducción en 1997 entre los estados miembros, pues pone mucha más presión sobre los estados del sur como Italia, Grecia y España, cuya geografía les hace más vulnerables a ser un punto de entrada que a los del norte, como Alemania, Suecia y, hasta enero de 2021, Reino Unido.

Como con el resto de legislación europea, Reino Unido dejó de ampararse bajo la regulación de Dublín tras su salida de la UE. Si ahora quisiera recuperar el derecho a deportar a solicitantes de asilo al país del que provienen, necesitaría crear acuerdos de devoluciones con sus países vecinos.

Sin embargo, según informó The Guardian, fuentes del Ministerio de Interior británico han confirmado que el Reino Unido ha sido incapaz de persuadir a ningún estado de la UE para apoyar su nuevo sistema de retorno a un país seguro.

Un sistema roto

Leni Candan, responsable de comunicación del UKLGIG, un grupo de apoyo a solicitantes de asilo y refugiados de la comunidad LGTB, describió el impacto que estas medidas tendrán sobre la vida de las personas del colectivo, que quedarían aún más expuestas tras los cambios. El equipo de UKLGIG ha trasladado estas inquietudes al Gobierno del Reino Unido durante un proceso consultativo que terminó la semana pasada.

"Pero no creemos que vayan a hacer caso a nuestras preocupaciones, porque esperamos la propuesta de ley en apenas unas semanas y no les va a dar tiempo a modificar nada en base a nuestras quejas o los problemas que señalamos en la consulta", indicó la activista.

La condición de refugiado se regula a nivel internacional a través de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951, ratificada en el protocolo de 1967, que define quién tiene derecho a solicitar protección en otros países y qué principios se deben presentar en todo momento para asegurar que esa protección sea válida. Reino Unido fue uno de los países que contribuyó a redactarla.

Mientras que las deportaciones a países seguros, como los que se realizan bajo la regulación de Dublín III, se reconocen en la legislación internacional, otros de los cambios propuestos por el Gobierno, como favorecer a los refugiados que entren al país por vías legales, se oponen al principio de no discriminación, parte fundamental de la convención.

Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se ha pronunciado en contra de los cambios con un comentario público, en el que indicó que "dado el número manejable de solicitantes de asilo en el Reino Unido, Acnur cree que la introducción de la mayoría de estas propuestas no haría frente a las deficiencias que existen en el sistema de asilo e inmigración". "Acnur traslada su consternación con esta propuesta de una revisión a los principios de la Convención del 1951", explica.

Mackenzie, el abogado de extranjería, resaltó: "Es importante que recordemos el contexto en el que se redactó la convención, que es el del Holocausto, cuando a miles de personas se les negó la protección que requerían en países de Occidente mientras trataban de escapar la Alemania nazi por no tener los papeles correctos".

Público ha intentado contactar con el Ministerio de Interior británico, que no ha dado respuesta ante las alegaciones de este artículo.