Marruecos 'pisoteó' los derechos humanos y recurrió a un 'uso excesivo de la fuerza' en El Aaiún. Según Amnistía Internacional, el desmantelamiento del Campamento Dignidad en noviembre 'fue acompañado de una considerable violencia'.

La organización, que ha hecho público su informe Derechos pisoteados: Protestas, violencia y represión en el Sáhara Occidental documenta los abusos contra los derechos humanos, como ya adelantó en diciembre, después de entrevistar a numerosos testigos a finales de noviembre. Asimismo, reclama a las autoridades marroquíes una investigación 'en profundidad, completa, imparcial e independiente' de los hechos y que lleve ante la justicia a los que cometieron abusos.

La delegación de AI que visitó El Aaiún no encontró 'pruebas que apoyen la versión oficial de que algunas personas estaban retenidas en el campamento en contra de su voluntad'. Amnistía contabiliza 13 personas muertas por la violencia que estalló en el campamento y posteriormente en El Aaiún, donde manifestantes saharauis y residentes marroquíes quemaron casas, tiendas y negocios, y decenas de saharauis fueron detenidos y golpeados o sometidos a tortura u otros malos tratos.

'Manifestantes saharauis relataron que los agentes les golpearon con palos y rasgaron sus tiendas para forzarlos a irse', recoge el documento, que puntualiza que 'hubo una seria resistencia de algunos acampados, que tuvo como resultado la muerte de nueve agentes'.

La organización corrobora el balance oficial de víctimas, en el que a los nueve miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes se suman otros dos que fallecieron en los altercados en El Aaiún, y otros dos civiles saharauis que murieron 'en circunstancias que aun no han sido aclaradas por completo'.

La organización corrobora el balance oficial de víctimas

Sin embargo, manifiesta sus reservas sobre el vídeo difundido por Marruecos como prueba de su versión de los hechos, que 'sólo comprende 14 minutos de contenido claramente editado', por lo que ha pedido que se le proporcione una copia completa, que considera imprescindible para comprender lo sucedido y que todavía no ha logrado.

El informe rebate además las declaraciones del ministro marroquí del Interior, Taieb Cherkaui, que aseguró que las fuerzas de seguridad no efectuaron 'ni un solo disparo', al recoger 'varios casos en los que hombres y mujeres saharauis fueron heridos por balas de goma en el campamento y por balas de fuego en El Aaiún'.

AI denuncia también las circunstancias en que se produjeron las en torno a 200 detenciones de manifestantes en los días siguientes a los disturbios, de los que unos 130 se enfrentan ahora a procesos judiciales, 15 de ellos ante un Tribunal Militar, y en los que cuatro personas han sido condenadas ya a tres meses de cárcel.

Así, denuncia que 'algunos acusados han comparecido ante el juez sin asistencia jurídica' y que los detenidos han declarado haber sido obligados a firmar declaraciones sin leerlas, lo que 'hace temer que esas declaraciones obtenidas bajo tortura o amenaza sean utilizadas como prueba. Todos los saharauis entrevistadas por Amnistía Internacional describen cómo habían sido golpeados, torturados o sufrido otros malos tratos en el momento de su arresto o bajo la custodia de las autoridades marroquíes y la mayoría tenían cicatrices y heridas en consonancia con sus testimonios'.

'No hay constancia de que se hayan arrestado a residentes marroquíes'

'No hay constancia, en cambio, de que se hayan arrestado a residentes marroquíes (de El Aaiún) por los ataques contra saharauis y sus casas, ni se hayan abierto investigaciones por las denuncias de palizas y otros malos tratos por parte de los agentes', señala el informe.

Además, añade que 'la falta de información a las familias de los detenidos sobre su paradero y las restricciones al acceso al Sahara Occidental -a periodistas extranjeros y a miembros de organizaciones de la sociedad civil- ha hecho difícil obtener y verificar información'.

AI, que señala que durante su investigación no pudo entrar a la prisión y al Hospital Militar de El Aaiún, destaca que la comisión parlamentaria de investigación establecida por Marruecos 'no sustituye a una investigación independiente e imparcial'. Por eso, recomienda la creación de una autoridad para designar testigos y disponga de acceso libre a todos los lugares de detención e informaciones pertinentes, especialmente la documentación oficial y las grabaciones.