El Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado a través de un comunicado que va a repatriar a los ciudadanos españoles que se encuentran en Afganistán, al personal de la embajada en Kabul y a aquellos afganos y sus familias que han trabajado con los militares de España en el país asiático en los últimos años. 

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España "está preparada para cualquier eventualidad, incluida la evacuación de la embajada si fuera necesario y no va a dejar a nadie atrás". 

De acuerdo a la información aportada por Exteriores, en Afganistán permanecen, además del personal de la Embajada, seis españoles, los cuales se encuentran todos en Kabul, a excepción de un funcionario internacional protegido por su organización. En la Embajada, según fuentes diplomáticas, permanecen el embajador saliente, Gabriel Ferrán, su segundo y los policías que se ocupan de la seguridad. 

"Desde la Embajada de España en Kabul se está en contacto permanente con todos ellos", ha indicado el ministro, que ha indicado que cualquier español que aún siga en el país "tiene la posibilidad de incorporarse a la operación de evacuación que pueda organizarse por parte del Gobierno", pues "su seguridad es nuestra primera preocupación", según ha recalcado el ministro, que no ha ofrecido más detalles sobre cómo o cuándo se prevé llevar a cabo dicha operación de evacuación. 

Además, Exteriores ha precisado que, junto con Defensa y los ministerios del Interior y de Seguridad Social y Migraciones, está trabajando para coordinar el traslado de los traductores afganos que ayudaron a las tropas españolas. "No se va a dejar a nadie atrás", ha prometido Albares. 

España no reconocerá un Gobierno impuesto por la fuerza

El ministro también ha advertido que España no reconocerá un Gobierno impuesto por la fuerza y ha reclamado, una vez, más la reanudación de las negociaciones entre el Ejecutivo afgano y los talibán, además de un alto el fuego completo y permanente. 

Albares también ha manifestado su gran preocupación por las graves consecuencias sobre la población que tiene el avance de los talibanes asegurando que "condenamos las crecientes violaciones del Derecho Internacional humanitario y los Derechos Humanos, en particular en las zonas y ciudades controladas por los talibán", pues los insurgentes ya controlan 17, de las 34, capitales de provincia.