Agosto se ha convertido en mal mes para Jimmy Morales, presidente de Guatemala. Hace un año, el mandatario del país centroamericano abría su primera gran crisis política al tratar de expulsar al jefe de la misión anticorrupción de la ONU, Iván Velásquez. Este le había señalado como presunto responsable de un delito de financiamiento ilegal de su partido, FCN-Nación, y el mandatario reaccionó con virulencia, aunque no logró su objetivo. Doce meses después, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que es la institución que lidera Velásquez, y el Ministerio Público (MP), presentan una nueva petición de antejuicio contra el jefe de Gobierno, otra vez por recibir fondos anónimos para la campaña de 2015, en la que resultó electo. El futuro de Morales está en manos de la Corte Superior de Justicia (CSJ) y, en última instancia, del Congreso, que es quien, al final del proceso, tendrá en sus manos retirar o no el aforamiento al presidente. Este, por el momento, no ha reaccionado, aunque lo previsible es que se atrinchere en el discurso de que se trata de una conspiración en su contra.

Esta nueva acusación de corrupción contra Morales añade tensión a un país que vive siempre con la idea de que “algo va a ocurrir”. Las heridas del conflicto armado (1960-1996) no han cicatrizado y los problemas (pobreza, desigualdad, violencia, corrupción, impunidad) siguen siendo los mismos que hace dos décadas, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz. El contexto regional también viene convulso. En Nicaragua se suceden las protestas contra el presidente, Daniel Ortega, desde el 19 de abril y se han registrado decenas de muertos (448 según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y 197 según el Gobierno de Managua). En Honduras, las elecciones del 26 de noviembre de 2017 y las acusaciones de fraude contra Juan Orlando Hernández marcaron un punto de inflexión y las movilizaciones no han cesado. En El Salvador, las elecciones al Parlamento castigaron duramente al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la incógnita está en saber si Nayib Bukele, antiguo alcalde capitalino por la exguerrilla, capitaliza el descontento en las presidenciales del próximo año.

En el caso de Morales, llueve sobre mojado y las acusaciones actuales forman parte de una investigación dividida en tres fases, que comenzó en 2016 y que estalló hace un año. Que la Cicig y el MP iban a presentar nuevas pruebas contra el presidente era algo conocido. Lo advirtió Thelma Aldana, antigua fiscal general, poco antes de dejar su puesto, el 12 de mayo. Su sustituta fue Consuelo Porras, una jurista a quien se ubicaba como cercana al jefe de Gobierno y que en una entrevista con Plaza Pública, digital guatemalteco, aseguró que veía al presidente como “aliado en la lucha contra la corrupción”. La tesis más extendida era que Aldana había dejado el caso lo suficientemente atado como para que Porras no pudiese echarlo atrás. Pero el tiempo pasaba y la acusación no se materializaba, lo que incrementó el nerviosismo en sectores de la sociedad civil. Hasta el viernes, cuando el anuncio de rueda de prensa conjunta entre Cicig y MP vaticinaba tormenta.

Los empresarios financian ilegalmente al presidente

Según los documentos presentados en la comparecencia conjunta entre Velásquez y Porras, FCN-Nación, el partido que aupó a Morales a la presidencia, utilizó a la empresa Novaservicios S.A. para ocultar el pago de 7 millones de quetzales (algo más de 800.000 euros) para la campaña de 2015. Ya en abril, algunos de los principales empresarios del país (Felipe Bosch Gutiérrez, Fraterno Vila Girón, José Miguel Torrebiarte Novella, José Castillo Villacorta, y Salvador Paiz del Carmen) reconocieron haber financiado ilegalmente al actual mandatario. Actualmente se encuentran ligados a proceso (investigados, según la terminología jurídica española) a pesar de que llegaron a emitir una disculpa pública, asegurando que habían actuado “por el bien de Guatemala”. Esta confesión tiene su importancia. Por un lado, por la carga de la prueba contra el presidente. Por otro, porque evidencia una ruptura entre las élites económicas, que optan por salvarse y abandonar a su patrocinado, y el presidente, cada vez más aislado. Tras la muerte en abril de Álvaro Arzú, exjefe de Gobierno entre 1996 y 2000, posterior alcalde de la capital y mandamás en la sombra, Morales ha quedado casi sin apoyos. Los que le quedan están vinculados a la cúpula militar, uno de los poderes fácticos que representa a los sectores más reaccionarios.

Se da la paradoja de que Morales se presentó a las elecciones de 2015 con el lema “ni corrupto ni ladrón”. Su antecesor, Otto Pérez Molina, está en prisión desde que las pesquisas de Cicig y MP destaparan el caso denominado “La Línea”, que terminó por salpicar al presidente y su segunda, Roxana Baldetti. Fueron tiempos de grandes movilizaciones, con la plaza de la Constitución llena exigiendo la renuncia del mandatario y una renovada (y posiblemente excesiva) confianza en el poder de la sociedad civil, que llegó a bautizar aquellas protestas con el sobrenombre de “primavera chapina” (chapín es el gentilicio popular para los guatemaltecos).

Modificaciones penales: "Pacto de corruptos"

En la misma comparecencia, Porras y Velásquez anunciaron también la petición de antejuicio contra Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, a quien acusan de no haber reportado el origen de donaciones por 1,7 millones de quetzales (algo menos de 200.000 euros). En ambos casos, el de FCN-Nación y el de Encuentro por Guatemala, la fiscalía solicita la cancelación del partido ante el Tribunal Supremo Electoral. Esto tiene una lectura relevante en el caso de la segunda formación. La anterior fiscal general, Thelma Aldana, reconoció recientemente su intención de dar el salto a la política y la formación socialdemócrata era una de las plataformas que podían apoyarle. Esta jugada resta argumentos al oficialismo, que trata de instalar la idea de que la lucha contra la corrupción obedece a un plan diseñado por la izquierda.

El futuro judicial de Morales está en manos de la CSJ, primero, y del Congreso, en caso de que los jueces avalen la petición de retirar el aforamiento. No será fácil que el presidente sea investigado. Los antecedentes así lo demuestran. En octubre, el máximo órgano judicial vetó el proceso contra Morales tras la revelación de que había cobrado sobresueldos por parte de la cúpula militar. Un mes antes, el Congreso, con 104 votos a favor, también impidió la investigación contra el presidente por su primera acusación de financiamiento ilícito. Esta decisión llegó en un contexto mucho más convulso que el actual. Poco antes de salvar al mandatario, también en septiembre, 107 diputados trataron de modificar el código penal para facilitar la impunidad en casos de financiamiento ilícito y permitir que los condenados no entrasen en prisión a cambio de una multa. Esta iniciativa se conoció como “pacto de corruptos” y generó una gran contestación social que obligó a los parlamentarios a retractarse. Las cosas, sin embargo, han cambiado y la plaza, símbolo de las protestas de 2015 y 2017, no ha vuelto a llenarse.

La izquierda y EEUU, por detrás

Como ejemplo de lo que puede esperarse del Congreso guatemalteco, las palabras del diputado Felipe Alejos, quien también enfrenta una investigación por un caso denominado “Tráfico de influencias”. “Otro intento de golpe al presidente Jimmy Morales. Al igual que en las anteriores, rechazo las acciones para desestabilizar el país. Desde ya reitero mi compromiso para evitar que esa agenda avance en el Congreso”, dijo en su cuenta de Twitter nada más conocerse la petición para desaforar al presidente. Además, vinculó las investigaciones a las “argucias de la izquierda”.

Vincular la lucha contra la corrupción y la Cicig a un supuesto complot izquierdista forma parte del argumentario habitual de los socios de Morales. Se da la paradoja de que la Cicig es una institución de la ONU que recibe anualmente financiación, entre otros, de Estados Unidos. Es decir, que sectores del “establishment” guatemalteco consideran que existe un plan pagado por Washington para escorar al país centroamericano hacia la izquierda. Algo que, por otro lado, choca con las posiciones de grupos campesinos e indígenas como Codeca (Comité de Desarrollo Campesino) que, si bien se han manifestado para apoyar a Velásquez, siempre han sospechado que tras la agencia anticorrupción está también la larga mano de la embajada norteamericana, otro de los poderes fácticos en Guatemala.

Los campesinos se organizan

A diferencia de hace un año, no se han convocado protestas para exigir que la investigación siga adelante. Neftalí López, representante de Codeca, explica que están barajando esta posibilidad pero todavía no hay convocatorias. Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, uno de los colectivos surgidos en las protestas de 2015, dice que existen “otras formas de participación además de las marchas”. Explica que se han lanzado reformas legislativas “bloqueadas por el partido de gobierno” y que también se intentan frenar los planes del Congreso para blanquear la corrupción y permitir el transfuguismo, que en Guatemala se penaliza con la imposibilidad de presentarse nuevamente a elecciones. Además, recuerda que “el Gobierno ha impulsado una narrativa violenta de calificar como enemigos a quienes lo critican, y eso pesa”. En este sentido, recuerda que Morales, tras ser señalado en abril en la segunda fase de la investigación por financiamiento ilícito, reaccionó calificando como “delincuentes” a Codeca, una de las organizaciones campesinas con mayor capacidad de movilización y que está finalizando los trámites para constituirse en partido político. Desde entonces, ocho activistas indígenas han sido asesinados. A ello se le suma los cambios en el ministerio de Gobernación, donde el ministro Enrique Degenhart está desarrollando una política de “militarización” de la Policía Nacional Civil. “Están intentando atemorizar”, considera Montenegro.

La incertidumbre se ha instalado en Guatemala, un país en el que seis de cada diez habitantes vive en condiciones de pobreza. Nadie puede vaticinar cuál puede ser la reacción de una clase política cada vez más acorralada y unas estructuras de poder que se agrietan por arriba. El próximo año tendrán lugar las elecciones presidenciales, pero los problemas (corrupción, impunidad, violencia, pobreza) van más allá de una cita con las urnas.