Las asociaciones agrarias españolas llevan años denunciando que la Unión Europea está sacrificando el ya comprometido futuro de las zonas rurales en el altar de los intereses geoestratégicos. Unos intereses a los que, según el sector, se pretende ahora ofrecer en prenda un nuevo acuerdo de libre cambio con Marruecos que 'arrasará 450.000 empleos agrícolas en España', de acuerdo con el cálculo de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Esta cifra representa 'la mitad del empleo agrícola nacional'.

El nuevo tratado, que prevé la liberalización comercial en diez años de la mayoría de productos agrícolas, será votado en el Parlamento europeo el 16 de febrero. La Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara ha recomendado su aprobación pese al informe desfavorable elaborado por el eurodiputado verde José Bové, de cuyo contenido informó Público en su edición del 26 de enero.

Entre otros aspectos, Bové denunciaba la dudosa legalidad del convenio a la vista de la inclusión del Sáhara Occidental en su ámbito de aplicación, la persistencia del trabajo infantil en Marruecos y la violación por parte del país magrebí de los contingentes y de los precios de entrada en el anterior acuerdo con la UE.

El eurodiputado francés, flanqueado por COAG, Asaja, Fepez y otras asociaciones así como por el coordinador general de IU, Cayo Lara, y de sendos representantes del PSOE y de ICV, compareció ayer en Madrid para denunciar las 'consecuencias dramáticas' que tendrá este nuevo acuerdo. Un tratado que, además, cierra los ojos sobre las condiciones 'casi de esclavitud' en las que trabajan los agricultores marroquíes, cuyos salarios no superan los cinco euros al día.

La mano de obra barata y los consiguientes ínfimos costes de producción en Marruecos explican que los tres grandes grupos exportadores que se benefician de este convenio (uno de ellos pertenece al rey Mohamed VI) puedan vender frutas y hortalizas en la UE a un precio menor que los agricultores europeos.

José María Pozancos, director de Fepex, pronosticó que 'este desmantelamiento arancelario total instaurará una situación inédita en el mundo, como es que los productores locales se verán discriminados en su propio mercado frente a productores de un país tercero'.

Tanto Fepex como el resto de asociaciones recalcaron la 'contradicción' que supone que la UE esté reservando fondos estructurales para programas de creación de empleo al mismo tiempo que se firma un pacto comercial que 'amenaza con destruir 350.000 jornales anuales sólo en el sector del tomate', señaló el representante de COAG.

Francisco Vargas, de Asaja, recordó además que provincias como Almería, con un 36% de paro, serán las que se llevarán la peor parte: '¿Qué quiere la UE? ¿Que lleguemos al 50% de paro en esas provincias?'.