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Amnistía Internacional En 2016 fueron asesinados 281 defensores de los derechos humanos

Amnistía Internacional pone en marcha una campaña internacional para detener la "ola de ataques" cada vez "más letal" contra estos activistas

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Maribel Tellado, responsable de la campaña Valiente de Amnistía Internacional..

madrid,

El año pasado, 281 defensores de los derechos humanos en todo el mundo fueron asesinados. Son 125 más que un año anterior.

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Por eso, Amnistía Internacional ha lanzado la campaña global 'Valiente' con el objetivo de detener la "ola de ataques" cada vez más "letal" contra estos activistas y pedir a los Estados que reconozcan su trabajo y tomen medidas eficaces para protegerlos.

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"Hoy en día más que nunca, defender los derechos humanos puede ser incluso letal", ha advertido la responsable de la campaña, Maribel Tellado.

En el marco de esta iniciativa, la organización ha publicado el informe 'Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil' en el que se detallan algunos de los peligros, como: homicidios, desapariciones forzadas, persecución mediante tribunales, estigmatización y campañas de desprestigio, troleo, vigilancia, censura, obstáculos al derecho de asociación o restricciones a la libertad de circulación.

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En concreto, la ONG indica que en el año 2016 en al menos 22 países fueron asesinados defensores de los DDHH; que en 63 países este colectivo fue objeto de campañas de desprestigio; que en 68 países los arrestaron o detuvieron por su labor pacífica; y que en 94 países recibieron amenaza o sufrieron agresiones.

Tellado ha precisado que las mujeres sufren un doble ataque, como activistas y como mujeres porque no asumen los "roles que tradicionalmente se les asigna" y sufren violencia sexual. También las personas del colectivo LGTBI sufren formas de persecución específica, según ha añadido.

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En el caso de España, la responsable de la campaña ha precisado que "se pueden defender los derechos humanos" pero ha advertido de que nuestro país "se ha sumado a una tendencia global de reducir el espacio de la sociedad civil". En concreto, se ha referido a las "restricciones indebidas y desproporcionadas" en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana y ha pedido que se reforme esta ley.

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