El Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha pagado más de 300.000 euros a las dos empresas privadas a las que ha encargado la gestión del gabinete de prensa del hospital de Pontevedra, a pesar de que dispone para esa tarea de un funcionario de plantilla que ocupa una plaza a la que están asignadas específicamente esa tarea. Sólo en el último año y medio el Sergas ha asignado cerca de 88.000 euros a la firma beneficiaria de la última adjudicación, propiedad de una ex asesora de Alejandro Millán Mon, ex gobernador civil de Pontevedra con José María Aznar y hermano del eurodiputado del PP Francisco Millán Mon, a su vez cuñado del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El Sergas decidió hace más de quince años, bajo mandato de Manuel Fraga, consolidar los puestos de los jefes de prensa de sus hospitales, que hasta esa fecha eran contratados por las gerencias como asesores, para que pasaran a ser funcionarios de la administración gallega con plaza en propiedad. Pero en el año 2009, y tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta, el entonces gerente del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), José Manuel González Álvarez, decidió contratar a una firma externa, Tekla Comunicación, para llevar las relaciones con los medios de comunicación. Lo hizo mediante el procedimiento negociado, que permite obviar los trámites de un concurso público. La empleada de Tekla que se encargó de desarrollarlas fue María Sara Lago Arango, jefa de Prensa de Millán Mon mientras éste ocupó la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra entre 1996 y el 2004.

El último contrato del Sergas con Tekla data del año 2013, cuando González Álvarez le adjudicó la gestión integral de la comunicación corporativa del área sanitaria pontevedresa por un importe de 36.125,76 euros En diciembre del año siguiente, el gerente decidió prescindir de esa sociedad y adjudicar el servicio, de nuevo mediante el procedimiento negociado, a Larango Comunicación. La empresa había sido creada sólo cinco meses antes y su administradora única, según el boletín del Registro Mercantil, es Sara Lago Arango. El precio de la licitación, 25.8984 euros, representaba casi 10.000 euros menos que el del contrato de Tekla, es decir una cantidad muy próxima a la diferencia entre lo que ésta recibía del hospital y lo que pagaba a su empleada.

El gerente prorrogó ese contrato hasta el 2016, fecha en que volvió a encomendar las mismas tareas a Larango mediante el mismo procedimiento administrativo, es decir sin concurso público, por un plazo de año y por un importe de 29.520 euros anuales. González Álvarez dejó la gerencia en el 2017, pero el hospital ha seguido prorrogando el convenio con Larango de manera irregular, dado que la ley de contratación pública impide que los períodos de las prórrogas de una adjudicación superen a los establecidos en la licitación inicial.

Cuando los medios de comunicación le requieren para recabar información sobre asuntos relacionados con el hospital de Pontevedra, el Sergas no remite a su servicio de prensa propio y con despacho en el centro, sino a esa empresa privada, en la que Sara Lago ha actuado de la misma forma que Tekla actuó con ella. Es decir, contratando a otro empleado para que lleve específicamente la comunicación corporativa del hospital.

Desde que González Álvarez externalizó esas labores, el Sergas ha asignado más de 300.000 euros a las dos empresas, mientras, según ha podido saber Público, el funcionario que ocupa en propiedad la plaza a las que estaban asignados ha visto reducidas sus funciones a la revisión de medios y a la elaboración del boletín de prensa diaria. Toda la relación con los periodistas se realiza a través de Larango.

El pasado 22 de marzo, Público se dirigió por teléfono y por correo electrónico a la Gerencia y al departamento de Comunicación del Servicio Galego de Saúde para que pudieran ofrecer su versión de los hechos, pero el Sergas no explicó a qué obedecía la decisión de externalizar las funciones de sus trabajadores ni si esas duplicidades de gasto se repetín en los mismos y en otros departamentos de los hospitales públicos.

La Xunta contestó apenas dos horas después de que el artículo se publicara el 1 de abril, asegurando que la externalización del servicio de comunicación no es una duplicidad, sino “un refuerzo” que se justifica en que el área sanitaria de Pontevedra es muy amplia y da cobertura “a tres hospitales y 46 centros de salud que atienden a una población de más de 300.000 habitantes”. Ese refuerzo, sin embargo, no existe en áreas sanitarias considerablemente mayores, como las de Vigo y A Coruña, que atienden cada una a medio millón de personas.

El Sergas defiende que la contratación con Larango “cumple todos los requisitos” y niega que el servicio se esté prestando de forma irregular, dado que la última adjudicación por un año fue en octubre del 2016, por lo que aún está dentro de los plazos legales.