'El juicio queda visto para condena'. Con esta ironía resumía un prestigioso jurista la vista oral que el Tribunal Supremo acaba de celebrar contra el juez Baltasar Garzón por supuesta prevaricación en las escuchas del caso Gürtel. Y la misma frase le servía de prólogo para la semana que viene, cuando el magistrado volverá al banquillo por cometer supuestamente el mismo delito en su intento de investigar los crímenes del franquismo.

El propio Garzón alimentó en la vista la hipótesis de que la sentencia está predeterminada: 'Ante el pelotón de fusilamiento, quítenme la venda de los ojos', llegó a afirmar.

Existen precedentes de escuchas a letrados que no han sido perseguidas

La percepción ya estaba extendida entre algunos sectores del mundo judicial y político antes del juicio, pero tras la vista se ha acentuado hasta el punto de que varios juristas consultados por Público algunos de ellos, miembros o exmiembros de altas instancias judiciales coinciden en utilizar expresiones como 'caza de brujas', 'persecución' y 'cacería'.

Algunos de los juristas han preferido mantener el anonimato. Pero de la conversación con una decena de expertos magistrados, fiscales, catedráticos y abogados, Público ha extraído al menos siete características del juicio varias, compartidas con la trilogía en marcha que, de tan insólitas o excepcionales, refuerzan los argumentos de los que sostienen que existe un acoso contra el juez Garzón.

«Si un posible error es prevaricación, estamos perdidos», avisa una jueza

Único juzgado por ordenar escuchas

Los abogados de los cabecillas de la trama Gürtel y de uno de los constructores imputados en el caso por pagar supuestamente comisiones a cambio de adjudicaciones han logrado sentar en el banquillo al juez que desmontó la red corrupta. Lo han conseguido acusándole de vulnerar los derechos elementales de defensa al ordenar escuchas en las conversaciones en prisión entre los acusados y sus letrados.

«En este caso, el orden de los juicios sí altera el producto» opina un abogado

El magistrado las ha defendido porque existían indicios de que los abogados inicialmente designados eran también parte de la trama incluso fueron imputados y que en las entrevistas concertaban acciones para ocultar el dinero obtenido de forma ilícita.

La base legal de las escuchas tiene tantos vacíos que España es periódicamente reprendida en foros internacionales por su indefinición, que suele asociarse a un margen de maniobra del juez demasiado amplio. Tanto, que ningún magistrado ha sido juzgado antes por ordenar escuchas, según subrayan varios expertos consultados.

'Cada día se ordenan escuchas y muchas acaban declarándose ilegales sin que le suceda nada al juez', subraya Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal. Y añade: 'Existen cauces legales para recurrir y si se anulan, la prueba pasa a ser nula, pero nunca se ha perseguido a un juez por ello'.

García Aran, catedrática de Penal: «No se han guardado ni las formas»

'Todos los jueces cometemos errores cada día y se saldan con la nulidad', opina Amaya Olivos, magistrada de Jueces para la Democracia en Barcelona, quien no oculta su preocupación: 'Si el debate sobre los errores empieza a dirimirse por la vía de la prevaricación se entrará en un terreno muy delicado: ¿empezaremos a ser imputados si nos equivocamos en un auto motivado?', se pregunta.

La propia Fiscalía ha aportado en el juicio contra Garzón ejemplos de dos escuchas que afectaron también a los letrados y que nadie consideró 'monstruosas': la impulsada para intentar localizar el cuerpo de la joven Marta del Castillo y las del ya fallecido Pablo Vioque, condenado por narcotráfico.

Hasta ahora, la norma solía ser contar con el apoyo de la Fiscalía

Varios participantes, pero sólo un imputado

Garzón no ordenó en solitario las polémicas escuchas: laspidió la Policía, las avaló la Fiscalía y las prorrogó un mes el juez que prosiguió la instrucción cuando llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira. Pese a ello, la acusación únicamente se ha dirigido contra Garzón.

José María Mena, ex fiscal jefe de Catalunya, lo considera 'sorprendente', aunque posible 'por el elemento subjetivo del delito': le imputan por supuesto 'especial interés'.

Pero al mismo tiempo, el exfiscal advierte de las consecuencias de la singularidad de seleccionar sólo a uno de los que participaron en la decisión de impulsar las escuchas: 'Si la base de la imputación es un juicio de intenciones, entonces el ciudadano medio puede pensar también en un juicio de intenciones del tribunal'.

De la instrucción al juicio

Los tres procesos simultáneos abiertos contra Baltasar Garzón en el Supremo han supuesto un grado de contaminación sin precedentes, según coincide la gran mayoría de los juristas consultados. Es decir, forman parte del tribunal que le va a juzgar magistrados que instruyen una causa simultánea contra el mismo imputado o que resuelven sus recursos.

De los siete magistrados del tribunal de las escuchas, tres tuvieron que apartarse del caso simultáneo del franquismo por falta de imparcialidad objetiva Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo y Joaquín Jiménez, y sólo este último lo hizo de forma voluntaria; otro formó parte del tribunal que reactivó la causa del Santander Miguel Colmenero, otro actuará como magistrado ponente enel juicio del franquismo Andrés Martínez Arrieta, y Luciano Varela y Manuel Marchena han sido directamente los instructores de las otras dos causas abiertas.

'Hasta en el tribunal más pequeño tratan de evitar la contaminación y, en cambio, el Alto Tribunal ha ignorado los principios más elementales que preservan la confianza en la Justicia', lamenta un magistrado que ejerce en Madrid, quien admite estupefacción: 'Es la primera vez que el presidente de la Sala de lo Penal [Juan Saavedra] ha tenido que ser apartado por querer juzgar cuando no se daban las condiciones mínimas de imparcialidad. ¡Y en dos ocasiones!'.

El primer sumario, casi dos años durmiente

La causa de las escuchas fue la última de las tres presentadas y ha sido la primera en celebrar el juicio oral. Con un añadido: Luciano Varela culminó la instrucción de la querella del franquismo en abril de 2010 y desde entonces quedó durmiente, a la espera del juicio oral que empezará finalmente la próxima semana, lo que ha alentado todas las sospechas de que la triple iniciativa judicial en el Supremo es coordinada.

'No existe ninguna explicación jurídica que pueda justificar el retraso del juicio del franquismo durante tanto tiempo', sostiene el abogado penalista Gonzalo Boye. 'En este caso, el orden sí altera el producto porque era políticamente inasumible empezar la caza de brujas con el juicio del franquismo'.

A juicio con la oposición del Ministerio Público

Varios de los juristas consultados señalan otra singularidad de los procesos contra Garzón: los tres tienen la rotunda oposición de la Fiscalía. Además, el Ministerio Público ha evidenciado en el juicio de las escuchas que su posición es institucional, más allá de las etiquetas ideológicas: han intervenido dos fiscales, uno progresista y otra conservadora.

El apoyo de la Fiscalía no es imprescindible para que se abra el juicio oral, pero suele ser la norma. 'Una excepción es normal, ¿pero cómo explicas tres excepciones simultáneas, con el mismo imputado en tres juicios en paralelo en el Tribunal Supremo?', se pregunta un magistrado, quien formula otra pregunta retórica: '¿Es que habría que inferir que toda la Fiscalía es corrupta?'.

Además, dos de los tres sumarios que afectan a Garzón el de los cursos de Nueva York y el del franquismo ni siquiera cuentan con acusación directamente concernida, sino que se sustenta sólo con la acción popular, una posibilidad todavía en entredicho porque el Tribunal Constitucional sigue sin pronunciarse sobre si ello es aceptable.

Rechazo sistemático de las peticiones

La gran mayoría de pruebas solicitadas por Baltasar Garzón para su defensa durante las dos instrucciones concluidas escuchas y franquismo han sido denegadas, lo que a juicio de varios juristas es 'llamativo'.

'Que se rechacen pruebas es normal, pero aquí hemos visto un rechazo sistemático y ello lo convierte en excepcional', considera Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe Anticorrupción. 'Estamos hablando de un acusado que además es magistrado y al que no dan facilidades para defenderse', añade.

Mercedes García Aran, catedrática de Derecho Penal, lo considera una consecuencia directa de la imputación: 'No se han guardado las formas y es lógico: cuando se decide instruir una causa, nada menos que por prevaricación, en un asunto como este, luego ya no hay formas que valgan'.

Facilidades paralas acusaciones

Todos los expertos consideran insólito que se abran tres sumarios simultáneos en el Supremo al mismo juez por tres supuestas prevaricaciones.

Y la mayoría muestra su sorpresa por la actitud tan 'laxa' que ha mostrado el Alto Tribunal con las acusaciones de prevaricación, con las que suele ser muy exigente (ver información adjunta): el instructor de la causa de los crímenes del franquismo incluso aconsejó en una providencia a la única acusación que sostenía el caso la forma en que debía corregir un escrito, mientras se daba nueva vida a la causa del Banco de Santander, ya archivadísima.