El delegado de la Generalitat en el Camp de Tarragona, Joan Sabaté, se reunió ayer con los responsables de la central nuclear Vandellós-II para solicitar información sobre el incendio sufrido el pasado domingo y que ha obligado a paralizar su producción.

El encuentro se produce después que Sabaté cargara sin ambigüedades contra el “incumplimiento” de los requerimientos mínimos de seguridad por parte de las empresas propietarias, Endesa e Iberdrola, “que no trabajan con una fábrica de muebles o de televisores”. Tanta andanada pública soliviantó a los responsables de la central, que el miércoles reclamaron en una tensa conversación telefónica una reunión con Sabaté que se celebró ayer mismo en Tarragona.

Según Sabaté, la entrevista fue de “trámite” y sirvió para intercambiar información. “Ellos tenían mucho interés en demostrar que han actuado en materia de comunicación según estipula el protocolo, y que el desfase entre la llamada del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) preguntando qué estaba ocurriendo y la que estaban a punto de realizar ellos al CSN una vez conocido el incendio, fue de sólo diez minutos. Pero es que yo esto no lo había discutido nunca”, añadió a Público.

Sabaté precisó que el gobierno catalán busca una “presencia efectiva” en la dirección del Plan de Emergencia Nuclear, tal como prevé el Estatut. Es decir, contar con “voz y voto, entre otras cosas porque los bomberos de la Generalitat forman parte de los operativos implicados en su activación”. Mientras, la Generalitat ya ha pedido una entrevista con el CSN y ha acelerado las gestiones para el traspaso de las competencias en esta materia.

La única administración catalana que ha movido ficha ha sido el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que con sus escasos medios ha abierto una investigación para conocer el alcance de la fuga radioactiva de Ascó.