Apenas mes y medio después de que estallara la última operación policial contra Unió Mallorquina (UM), la Policía Nacional volvió ayer a la carga con el primer registro de la sede de un partido político en la historia democrática de Balears. Clave en la formación de distintos gobiernos en el archipiélago y acorralado hoy por numerosos casos de corrupción, el cerco judicial a UM crece ahora al destaparse indicios de que contrató a militantes con dinero público. El maratoniano registro de siete horas, practicado a tan sólo 90 días de los comicios del 22 de mayo, se saldó con cuatro detenciones. Las cuatro se suman a la larga lista de arrestos producidos en los últimos dos años en las filas uemitas.

A primera hora de la mañana, los efectivos del Grupo de Delincuencia Económica y los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, allanaron las dependencias de UM, ubicadas en una concurrida calle comercial de la capital. Ante una amplia expectación de medios de comunicación y viandantes, los investigadores buscaban pruebas de la presunta trama urdida por la formación para la captación de nuevos afiliados.

Y es que, según apuntan las pesquisas de la nueva operación, bautizada como Picnic, UM habría contratado a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) –cuya exgerente fue detenida y posteriormente puesta en libertad el pasado jueves– a una veintena de informadores medioambientales con el aparente cometido de sensibilizar a la población sobre estas cuestiones. Sin embargo, su única función habría sido captar afiliados para Unió Mallorquina. Los investigadores apuntan a delitos de malversación de caudales y prevaricación, dado que los contratos fueron efectuados por una empresa pública. Según las pesquisas, los supuestos informadores medioambientales se dedicaron a atraer, puerta por puerta, a nuevos simpatizantes.

“Ahorrar agua”

Una de las detenidas, Paula Cortés, excoordinadora del área municipal de Medio Ambiente, ya negó ante el juez instructor de otro caso, conocido como Maquillaje, que el programa medioambiental Agenda Local 21 fuera utilizado para captar afiliados. El programa, aseguró entonces Cortés, tenía como objetivo sensibilizar a la población para que “no tirara el aceite por el lavabo, no tirara pilas y ahorrara agua”.

La destapada ayer es, sin embargo, una de tantas causas abiertas contra actuales cargos y exmiembros del partido de Maria Antònia Munar. De hecho, la detención en una sola jornada de dos expresidentes de Unió Mallorquina llevó al actual presidente del Govern balear, el socialista Francesc Antich, a romper en febrero de 2010 el pacto de gobierno que mantenía en la presente legislatura con los nacionalistas de Unió Mallorquina.