A la ruptura del último proceso de diálogo le ha seguido el periodo de mayor decadencia en la historia de ETA. Pero eso no ha sido obstáculo para que los terroristas hayan asesinado desde entonces a 12 personas. Los responsables de esas muertes están ya en la cárcel. Todos excepto, que se sepa, los que cometieron el último atentado mortal de ETA en suelo español, el que costó la vida en Palmanova a los guardias civiles Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada, de 27 y 28 años, hace hoy dos años.

Para matar a los jóvenes guardias, ETA utilizó el mismo método que en el asesinato del inspector Eduardo Puelles un mes antes: una bomba lapa de tres kilos, escondida bajo el asiento del copiloto y asida con bridas de plástico, que sustituían por vez primera a los tradicionales imanes. Una segunda bomba en otro vehículo de la Guardia Civil no llegó a explotar y fue detonada por los artificieros. El cuartel de Palmanova no tenía cámaras de seguridad.

Interior intentó convertir Mallorca en una jaula, pero no dio con los terroristas. Ni siquiera está claro si estos colocaron las bombas con un temporizador para huir antes de su explosión o si estuvieron una temporada escondidos en la isla. El 10 agosto, tres pequeños artefactos explotaron en baños públicos de Palma sin causar heridos. La campaña del verano de 2009 estuvo dirigida por el entonces desconocido jefe militar, Mikel Carrera, Ata, quien fue detenido en Francia en mayo del siguiente año. El día anterior al asesinato de los guardias, los terroristas habían estado a punto de causar una matanza en la casa cuartel de Burgos. Hubo 60 heridos, entre guardias y familiares.

Los continuos golpes policiales, en especial el hallazgo del taller de bombas de Portugal desde el que Ata planeaba la siguiente ofensiva, obligó a la banda a parar en marzo de 2010. En septiembre, ETA presentó su tregua como una aportación al nuevo proceso iniciado por la izquierda abertzale. Este no es, sin embargo, el periodo más largo sin atentados. La irrupción del terrorismo islamista, con la masacre del 11-M, obligó a la banda a hacer un largo paréntesis que se prolongó durante tres años y siete meses, desde el asesinato de dos policías en Sangüesa (Navarra) en mayo de 2003 hasta el atentado de la T-4, el 30 de diciembre de 2006.