Trillo ve inconstitucional el fin del trasvase Tajo-Segura

Los enfrentamientos entre el PP de Castilla-La Mancha y los conservadores de Murcia y Valencia a cuenta del agua no cesan. Si el martes se puso de manifiesto en el Congreso de los Diputados las diferencias de criterio en el voto a la tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, este jueves el diputado nacional por Alicante y portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, vino a sumar más leña a la polémica. Apoyándose en la Constitución, cree solo el Gobierno central está facultado para gestionar el agua.

El ex ministro de Aznar aseguró que su partido facilitó la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso para "enmendar" el punto relativo al trasvase Tajo-Segura ya que, añadió, en el citado documento "no está adecuadamente contemplado". La reforma estatutaria pone fecha de caducidad a la derogación del citado trasvase: el año 2015.

Trillo defendió que negarse a la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha "no sería coherente ni con el PP de Castilla-La Mancha ni con la propia posición parlamentaria del Partido Popular", informa Europa Press. Pero advirtió de que con el voto del PP "se le da un sí a la tramitación del Estatuto pero no a todo su contenido, ya que el texto estaturio será releído tanto por el PP como por el PSOE en términos de la Constitución Española".

Justo al referirse a la Carta Magna, el portavoz de Justicia del PP defendió que "el agua es un recurso natural esencial que pertenece a la comunidad nacional" y que, en consecuencia, "es al Gobierno del Estado a quien le corresponde su ordenación y su distribución". Unas palabras claramente a favor de los trasvases y muy en la línea del discurso de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, cuando asumió su cargo en el Congreso de Valencia. Allí, defendió que "los ríos no tienen fronteras", algo que chocaba con su apoyo al Estatuto manchego y que escoció en las filas de los socialistas de la región.

Trillo añadió que "por un principio de justicia distributiva", el Gobierno tiene que tener las "suficientes competencias para garantizar que allí donde sobra agua se lleva a donde hace falta". Además, añadió que PP y PSOE revisará en estatuto en base a esta premisa.