Los tres frentes contra el juez Garzón

El juez Baltasar Garzón nunca ha dejado de estar en el centro del foco informativo, pero ahora lo está más que nunca. Tres querellas presentadas contra él suponen tres frentes distintos para el magistrado de la Audiencia Nacional. De su interés por querer investigar los crímenes del franquismo, a las escuchas ordenadas durante su instrucción en el caso Gürtel, pasando por unos cursos impartidos en la Universidad de Nueva York, Garzón se enfrenta a la posibilidad de sentarse en el banquillo. 

El caso que más ampollas ha levantado entre la opinión pública es el relativo a la investigación de los crímenes del franquismo. Una doble querella presentada por Falange Española de las Jons, por un lado, y Manos Limpias junto con Libertad e Identidad, por otro, fue la detonante para que el magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, se pusiera en marcha para juzgar a Garzón. Las querellas consideraban al magistrado un prevaricador por querer investigar a Franco, algo que Varela aceptó al asegurar que Garzón "actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, sabiendo que estos habían sido objeto de amnistía, por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar".

Garzón está más que nunca en el centro del foco informativo

Esta interpretación generó enfado entre la sociedad, que se lanzó a las calles de toda España para protestar contra lo que consideraban una cesión ante la impunidad franquista. Varela, por su parte, pedía a los querellantes que volvieran a redactar sus querellas, al considerarlas interpretativas, permitiendo hasta tres escritos de acusación al sindicato ultra Manos Limpias, que siguió las directrices del instructor para mantenerse en la causa. No hizo lo mismo con Falange, a quien apartó del caso. Finalmente, Varela se ha apartado del proceso al admitir a trámite la recusación de Garzón en su contra.

Otra causa abierta contra Garzón y por la que el magistrado tendrá que sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo como imputado el próximo 10 de mayo, es la relativa a las escuchas ordenadas en relación a la trama Gürtel. Garzón intervino las conversaciones que mantuvieron los imputados de la trama corrupta en prisión con sus abogados. El abogado de uno de los imputados, el constructor José Luis Ulibarri, fue el primero en presentar una querella contra el juez por prevaricación, al que siguieron los letrados de Francisco Correa y Pablo Crespo, números uno y dos de la trama. También se querelló el Colegio de Abogados de Madrid, que finalmente ha anunciado que no se personará en la causa.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió entonces anular todas las escuchas autorizadas por Garzón, al considerarlas ilegales por vulnerar el derecho fundamental al derecho a la defensa. En el auto del pasado febrero, la Sala Segunda del Supremo aseguraba que no existían "razones suficientes para excluir con toda certeza la hipótesis de la existencia de los delitos mencionados" en la querella.   

La tercera querella presentada contra Garzón es la que le imputa los delitos de prevaricación y cohecho por supuestos cobros de más de 300.000 dólares percibidos del Banco Santander durante la estancia del magistrado en la Universidad de Nueva York entre los años 2005 y 2006. Los querellantes son los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, quienes relacionan los supuestos cobros con la no admisión a trámite de una querella presentada contra directivos del banco, entre ellos su presidente Emilio Botín. 

Garzón sostiene que él no gestionó ni administró los fondos que destinó el Grupo Santander para el patrocinio de sus conferencias al Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York y que sus ingresos no procedieron de los mismos. El pasado 15 de abril, el juez acudió al Tribunal Supremo a declarar sobre este asunto.