El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) anunció ayer que acatará a regañadientes la ley y empadronará a todos los sin papeles que viven en el municipio. El consistorio negaba a algunos de ellos los derechos constitucionales de sanidad y educación, al establecer una serie de requisitos extras desde octubre de 2008. Ayer, emitió un comunicado en el que aceptó el dictamen de la Abogacía del Estado que declaraba estas medidas ilegales.

El consistorio les exigía residir en un domicilio con un mínimo de 20 metros cuadrados por persona y que su visado de entrada no fuese de turista. El requisito de las dimensiones del hogar 'era una excusa para no empadronar' a los inmigrantes irregulares, afirmó ayer el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ya que en una vivienda de 75 metros cuadrados sólo podían vivir tres personas.

Según Corbacho, el municipio buscaba «una excusa para no empadronar»

La dirección nacional del PP convocó por la mañana a sus alcaldes para hablar de inmigración. Al término de la reunión, la secretaria general de la organización, María Dolores de Cospedal, exigió al Gobierno la configuración de 'un marco regulatorio claro donde se establezcan los derechos y procedimientos únicos en todo el territorio nacional'.

Para Cospedal lo importante es dejar claro quién establece los derechos que se les reconocen a los inmigrantes y cuál es la autoridad competente. A su entender, 'eso no puede depender de un padrón municipal ni de la voluntad de los ayuntamientos', sino de 'una instancia superior'.

El PP exige cambiarla ley y que los alcaldes no puedan negar derechos

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, recordó que la normativa sobre empadronamiento 'la aprobó un tal señor Rajoy', cuando era ministro de Administraciones Públicas. El propio líder del PP fue quien instó al alcalde de Torrejón a acatar la ley, tras la polémica que surgió hace dos semanas en el municipio de Vic (Barcelona).

Alí, el ayuntamiento intentó dejar de empadronar a todos los sin papeles. A diferencia de Torrejón, la alcaldía catalana quiso dejarles fuera del registro sin ni siquiera evaluar sus viviendas o comprobar qué tipos de visados tenían.

Tras el tirón de orejas del Gobierno que frenó esta propuesta, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, anunció ayer que inquirirá al Ejecutivo si los municipios están obligados a denunciar ante la Administración Central la presencia de inmigrantes sin papeles.

Esta interpretación de la Ley de Extranjería podría dar rienda suelta a los partidos de derecha para señalar y denunciar a los inmigrantes indocumentados.

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, se mostró convencido de que en las próximas elecciones catalanas se escuchará un discurso 'abiertamente xenófobo' bajo la premisa de que 'no cabemos todos'. Esta afirmación, pronunciada la pasada semana por la candidata del PPC a la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, 'es una vileza y, además, una mentira', sentenció.