El Tribunal Supremo (TS) revocó por unanimidad el sobreseimiento de la causa en la que se investigaba la muerte del cámara José Couso, el 8 de abril de 2006, cuando el hotel Palestina de Bagdad fue alcanzado por un proyectil lanzado por un tanque estadounidense. Es la segunda vez que el alto tribunal ordena a la Audiencia Nacional que continúe investigando este crimen, por el que el juez Santiago Pedraz procesó en dos ocasiones a los militares del tanque por los delitos de crímenes de guerra y asesinato.

Los magistrados del Supremo Joaquín Giménez, Perfecto Andrés Ibáñez, Manuel Marchena, Francisco Monterde y Diego Ramos coincidieron en apreciar indicios suficientes de delito en la muerte de José Couso como para que la Audiencia Nacional investigue las circunstancias en las que se produjo, como lleva años intentando hacer el juez Pedraz. Por eso, el alto tribunal revocó el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia que le ordenaba 'la inmediata conclusión del sumario' y le reprochaba dudar del compromiso del fiscal general de Estados Unidos, consistente en que se investigarían los abusos cometidos por los soldados estadounidenes, pese a ser 'una democracia, incluso con más tradición y arraigo' que la española.

El alto tribunal ve indicios de delito en los militares norteamericanos

Aunque hay que esperar a conocer en su totalidad la resolución del Tribunal Supremo de la que sólo se adelantó el fallo, la reapertura de la causa traerá consigo el procesamiento de los tres soldados estadounidenses que viajaban en el tanque que disparó el proyectil que impactó contra el hotel donde se alojaba la prensa internacional que cubría la entrada del ejército estadounidense en Bagdad. Se trata del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp. El juez Pedraz les acusó en mayo de 2009 de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y homicidio.

En ese segundo auto de procesamiento, el juez explicaba que debía ser en un juicio donde se aclarara la intención que tenían al disparar contra el hotel. Es decir, si el objetivo era amedrentar a la prensa para que no cubriera la entrada en Bagdad del ejército de Estados Unidos o si temían que hubiera un francotirador en el hotel y hubieran confundido la cámara de Couso con un arma.

Falta interrogar a la sargento que oyó que los periodistas eran un objetivo

Los periodistas españoles que cubrían el conflicto, Olga Rodríguez, Jon Sistiaga y Jesús Quiñonero, negaron ante el juez instructor que hubiera francotiradores en el hotel. Incluso, cuando la Sala de lo Penal entresacó algunos de sus testimonios para afirmar que existía esta posibilidad y revocar así el procesamiento, los periodistas hicieron público un comunicado desmintiendo ese extremo.

El juez advertía en su auto de que, si la muerte de Couso no es juzgada, 'en adelante podría concluirse que cualquier ataque en un conflicto armado dirigido contra la población civil quedará impune' con ' la simple excusa del atacante de que se pensó que'. El magistrado añadía que, 'como se está ante una guerra, violenta o peligrosa' o de crisis absolutamente grave y anormal', el atacante no es capaz de distinguir o prever'.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había revocado el archivo precisamente al entender que no era descartable la presencia de francotiradores en el hotel o sus alrededores, por lo que los militares estadounidenses no cometieron ningún crimen de guerra al disparar el proyectil que mató a Couso y a Taras Protsyuk, de la agencia Reuters. Ese es también el argumento utilizado por la fiscalía, que ha pedido el archivo en varias ocasiones.

La comisión rogatoria a Irak todavía no ha obtenido respuesta

Pese a lo accidentada que ha sido la investigación del caso, no son muchas las pruebas que quedan por practicar. Entre las que solicitó la familia de Couso aún sigue pendiente el interrogatorio de la sargento estadounidense que declaró en la televisión de su país que había oído que los periodistas eran uno de los objetivos de los militares. Además, la comisión rogatoria librada a Irak todavía no ha sido contestada.

A instancias de la acusación, el juez podría acordar, incluso, el embargo de los bienes de los militares implicados para cubrir las fianzas pecuniarias a las que podrían ser condenados. Pero será muy difícil que sean juzgados en España. Eso sí, tendrán difícil salir de su país sin riego de ser arrestados.

Javier Couso. Hermano de José Couso

¿Cómo valora la familia la reapertura de la investigación judicial?
Esta decisión nos restituye la alegría, nos sentimos respaldados por el Tribunal Supremo. No pedimos una condena sumarísma ni un linchamiento, simplemente que estos señores [los militares que dispararon contra el hotel] acudan a un tribunal y que sea la Justicia la que determine lo que pasó aquel 8 de abril de 2003.

¿Esta decisión les devuelve la confianza en la Justicia?
Siempre hemos confiado en la Justicia nacional, aunque estamos muy enfadados con la actitud de la Fiscalía General del Estado y con la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional porque se dedican de manera sistemática a pervertir su naturaleza y a actuar de defensoras de militares acusados de un delito contra la humanidad. No entendemos por qué con determinados uniformes se protege la impunidad.

¿No teme que esta nueva reapertura del caso vuelva a anularse?
No debería ser así porque se desobedecería a un tribunal superior. Nosotros seguiremos denunciando y utilizando todos los medios legales para que se realice la instrucción con toda garantía.

¿Cree que esta decisión reanima el debate público sobre la libertad de información?
Llevamos siete años con esto. El problema es que determinados poderes de nuestro país no están de acuerdo con este debate. Las acciones individuales pueden ayudar a acabar con esta impunidad. El caso de la guerra de Irak es un escándalo a nivel mundial con más de 350 periodistas asesinados hasta la fecha. / ELENA HERRERA

8-4-2003
José Couso muere a consecuencia de las heridas que le produce un proyectil estadounidense disparado contra el hotel Palestina en Bagdad.
27-5-2003
La familia de Couso se querella en la Audiencia Nacional para evitar que su muerte quede impune.
19-10-2005
El juez Santiago Pedraz ordena la detención internacional de los tres militares responsables del disparo.
10-3-2006
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archiva por primera vez el caso al entender que se trata de un “acto de guerra”.
14-12-2006
El Tribunal Supremo reabre la causa y declara la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la muerte del cámara.
27-4-2007
Pedraz procesa por primera vez a los tres militares del tanque.
13-5-2008
La Sala de lo Penal revoca el procesamiento y el juez reanuda la investigación con nuevas pruebas, como interrogar a los ex ministros Ana Palacio y Federico Trillo.
21-5-2009
Pedraz vuelve a procesar a los militares y dice que deben ser juzgados.
14-7-2009
La Sala de lo Penal ordena la inmediata conclusión de la causa.