El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Juan Saavedra, reclamó ayer al resto de poderes del Estado, y especialmente al Gobierno, que defiendan a esta institución de los ataques y acusaciones de politización que ha recibido en los últimos meses por sus actuaciones.

Durante su entrevista ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ser reelegido en el cargo, Saavedra señaló que 'la crítica al Tribunal Supremo como institución debe hacerse con extraordinaria cautela (...), porque quien la hace puede poner en riesgo la democracia', informa EP.

'Los demás poderes del Estado sí tienen la obligación de defender al Tribunal Supremo. Ese es el juego. Nosotros no podemos salir en defensa de nosotros mismos', señaló Saavedra en clara alusión, sin citarlas, a las críticas vertidas desde distintos ámbitos contra la Sala de lo Penal por los procedimientos que instruye contra el juez Baltasar Garzón.

Saavedra respondió así a la vocal del CGPJ Margarita Robles, quien preguntó si existe una campaña contra el Supremo, y qué puede hacer como presidente de la sala para evitar su imagen de politización.

El magistrado señaló que la política 'está excesivamente judicializada', como lo atestiguan las continuas querellas contra políticos y mandatarios públicos que se reciben todos los días. 'La mayoría no prospera', subrayó.

En cualquier caso, Saavedra ve 'muy difícil' que la ideología tenga influencia sobre las decisiones que toma cada día el tribunal, 'porque la profesionalidad de todos los magistrados lo impide'.

'La Sala Segunda no ha respondido nunca a esta acusación ni va a responder', aseveró Saavedra para añadir que los magistrados de lo Penal del Supremo no pueden ni deben 'salir a la palestra pública'.

Antes de la comparecencia de Saavedra, al que se considera conservador, fue entrevistado el otro candidato, su compañero de sala Joaquín Giménez, de corte progresista. El vocal José Manuel Gómez Benítez, que fue abogado de Garzón, le preguntó si existe algún obstáculo para que los integrantes de la Sala que resuelven los recursos que se interponen contra las decisiones de los magistrados instructores sean distintos de los que juzgan finalmente un caso.

Tampoco se mencionó a Garzón, pero en el procedimiento relativo a los crímenes del franquismo todo parece apuntar que la composición de la Sala coincidirá.

Giménez señaló que no hay dificultad orgánica que imposibilite que el tribunal esté compuesta por jueces diferentes, si bien esto 'simplemente no se ha hecho'.

Como programa de gobierno, Giménez propone que se reflexione sobre este asunto y también sobre la posibilidad de aumentar de cinco a siete el número de magistrados por sala, 'sobre todo en las sentencias de cierta complejidad', con el fin de evitar contradicciones en la doctrina.

Saavedra, en cambio, cree que con cinco magistrados el control de las contradicciones 'es más sencillo'. Considera difícil que ese distinto criterio haya podido eludir el filtro de no ir a la sala general.

El juez Baltasar Garzón ha acudido tres veces al Tribunal Supremo a declarar como imputado, una en cada una de las tres causas que tiene abiertas en el alto tribunal.

En la única ocasión en que varias decenas de personas se concentraron a las puertas del Supremo, para mostrar su apoyo al juez, fue cuando declaró acusado de prevaricación por haber abierto la primera causa penal por los crímenes franquistas.

Esta es la causa que más críticas ha suscitado contra el Supremo. Decenas de miles de personas se manifestaron en las principales ciudades para reclamar la investigación de los crímenes franquistas.

Los manifestantes no entendían que se vaya a juzgar al juez que intentó investigar los crímenes franquistas y que los que lo acusen sean el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS.