La juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el presunto fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la Junta de Andalucía, podrá reclamar las actas de los 480 Consejos de Gobierno celebrados en Andalucía desde el año 2001.

La Junta de Andalucía alegaba, apoyándose en la Ley autonómica 6/2006, que esas actas tenían la condición de reservadas y por tanto era facultad del Consejo de Gobierno hacerlas públicas.

El Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo señala para justificar su decisión que  'no es procedente la genérica negativa a la remisión de las actas solicitadas por la sola afirmación, sin la necesaria concreción, de que pueden contener documentos reservados o aspectos secretos de las deliberaciones, opiniones o votos'.

El Supremo adopta esta decisión en una sentencia en la que estima improcedente el requerimiento de inhibición de la juez reclamado por la Junta de Andalucía, alegando que esas actas eran secretas y no podían ser consultadas.

Para el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales —integrado por el presidente del Supremo, Carlos Dívar, dos magistrados y tres consejeros de Estado— 'carecen de virtualidad las alegaciones de la Junta de Andalucía sobre la razonabilidad y proporcionalidad' de la petición de la juez, solicitud que además fue 'confirmada judicialmente' por la Audiencia Provincial de Sevilla.

El alto tribunal concluye que las actas de las reuniones del Consejo 'son públicas y no tienen carácter reservado' en cuanto al contenido que le es propio y que se contempla en la propia ley de Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía.

Alaya investiga, por un lado, el desvío de al menos nueve millones de la Consejería de Empleo al bolsillo de un mínimo de 72 falsos prejubilados vinculados al PSOE y, por otro, un posible delito de prevaricación, que no conlleva cárcel y sí inhabilitación, de miembros del Ejecutivo andaluz. La jueza reclama las actas porque quiere saber, según explicó en un auto, si los miembros del Gobierno utilizaron el fondo para pagar ERE, dotado con 647 millones entre 2001 y 2010, a sabiendas de que el sistema elegido para su distribución era ilegal. 

Alaya sospecha que varios altos responsables de la Administración, entre ellos el propio presidente Griñán, la exministra Magdalena Álvarez y el exconsejero Francisco Vallejo, conocieron en algún momento la existencia de irregularidades en el procedimiento de reparto. La Intervención de la Junta, según la jueza, advirtió 'de manera incesante' de que se estaban dando 'subvenciones excepcionales con una falta total y absoluta del procedimiento establecido' para ello desde el año 2002.