Ha día de hoy, los juzgados acumulan 81 expedientes abiertos, entre penales y administrativos, que afectan a 260 trabajadores y representantes sindicales que participaron en distintas movilizaciones, como las tres últimas huelgas generales o distintos conflictos sectoriales. 40 de ellos contienen peticiones de prisión por parte de la Fiscalía, y aunque resulte contradictorio que a un trabajador que se manifiesta por sus condiciones laborales y las de sus compañeros se le acuse de un delito contra los derechos de los trabajadores, son 120 años de cárcel los que penden sobre sus cabezas en virtud del artículo 135.3 del Código Penal.

La situación la denunciaron el pasado jueves los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, que advirtieron de que la cifra puede ir aumentando. Lo consideran una clara persecución de las prácticas sindicales mediante la aplicación del Código Penal ante el más mínimo incidente que se produzca durante una jornada de movilización, que coincide con la llegada del PP al Gobierno. Una estrategia que, a su juicio, persigue 'desalentar la movilización' y proyectar una imagen de la huelga 'violenta y delictiva'.

También han difundido un manifiesto en defensa del Derecho de Huelga y de la Libertad Sindical en el que aseguran que estas prácticas 'responden a una forma de gobernar caracterizada por la restricción de los derechos y libertades básicas ciudadanas', que también se han visto afectadas por las reiteradas multas a los manifestantes durante movilizaciones, la reforma del Código Penal y, por último, la Ley de Seguridad Ciudadana.

Para visibilizar esta situación 'sin precedentes en la democracia', CCOO y UGT han convocado una campaña de movilizaciones tanto en la calle como a nivel institucional, que comienza este martes con una concentración en la Plaza de Callao de Madrid. Allí acudirán a las 10.00 horas delegados sindicales de ambas centrales. La concentración contará con las intervenciones de Toxo y Méndez, de los secretarios generales de de las dos organizaciones de Madrid, Jaime Cedrún y José Ricardo Martínez. También estará presente el presidente de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Joao Antonio Felicio. El rostro de esa 'criminalización de la actividad sindical' lo pondrán la secretaria general de CC OO- Baleares, Katiana Vicens y la secretaria general de UGT-Cantabria, Maria Jesús Cedrún.

Vicens se enfrenta a una petición del fiscal de cuatro años y medio de cárcel por su supuesta participación en un piquete durante la huelga general del 29-M de 2012. En el escrito de acusación, el Ministerio Público la acusa de coaccionar al conductor de un autobús del que, presuntamente, rompió la luna cuando accedió a él para pedir la adhesión al paro. El juicio oral tuvo lugar el pasado 9 de mayo y la Fiscalía también solicita una multa 18 euros al día durante 24 meses (unos 13.000 euros) más casi 2.000 por el coste del cristal.

Cedrún, por su parte, fue condenada a una multa de cien euros como autora de una falta de coacciones, por arrojar clavos en la entrada de Mercasantander en la madrugada de la misma huelga. La Fiscalía solicitó delito contra el derecho de los trabajadores, pero a diferencia de otros casos, el juez interpretó que 'la intensidad de la conducta, tan solo arrojar esos clavos, sin que se haya producido daño alguno, ni ninguna otra conducta coadyuvante como insultos o amenazas, no es tan grave que nos lleve a considerar los hechos como delito', señalaba la sentencia del pasado diciembre.