Llovieron las declaraciones de apoyo al pueblo saharaui en las últimas semanas. 16 parlamentos autonómicos ya mostraron su solidaridad con los desalojados por Rabat en el Campamento Dignidad. Pero faltaba aún una resolución de las Cortes Generales. Ayer se logró. Y fue en el Senado. La Cámara alta aprobó ayer martes, pasadas las 20.30 horas, y por unanimidad, un texto de 'condena' a los hechos ocurridos en El Aaiún el pasado 8 de noviembre, pero sin señalar explícitamente al Gobierno marroquí como culpable. Hasta ahora, el Ejecutivo socialista ha 'lamentado' los incidentes, pero no los ha condenado.

Trenzar el acuerdo no resultó difícil. El PP, el autor de la moción original en el Senado, trazó una pista de despegue cómoda: de los cinco puntos de su texto, el PSOE aceptaba de entrada cuatro. Primero, que el Gobierno asumiese un 'papel activo' en la descolonización del Sáhara. Dos, que promoviese un cambio del mandato de la Minurso la misión de la ONU para otorgarle 'competencias plenas y directas en el ámbito de los derechos humanos' y para promover una investigación independiente que aclarase el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. Tres, que urgiese a la ONU a plantear el referéndum de autodeterminación. Y cuatro, que garantizase la presencia de todos los medios en el Sáhara.

El PP evita acosar al Ejecutivo y el PNV habla de 'chantaje' de Marruecos

Un único aspecto separaba al PSOE del PP y del resto de la Cámara, la condena de las 'graves violaciones de los derechos humanos' en El Aaiún, 'que son evidentes pese al control informativo' que ha ejercido Rabat, decía la moción. Los conservadores no culpaban al reino alauí de los hechos.

Los socialistas sabían que, si no intentaban buscar una redacción alternativa, corrían el riesgo de ser derrotados por toda la Cámara. La solución la proporcionó el Parlamento Europeo, que el pasado jueves aprobó por consenso la condena del desalojo del Campamento Dignidad, aunque no a Rabat. El PSOE tenía, por tanto, la herramienta para convencer al resto de partidos.

IU-ICV acepta en el Congreso rebajar su propuesta para sumar al PSOE

Pocos minutos antes del debate, se llegó al pacto. Al final, en el texto pactado por todos los grupos, el Senado insta al Gobierno a expresar su 'profunda preocupación por el notable deterioro de la situación en el Sáhara y condenar con firmeza los violentos incidentes que se produjeron en el campamento de Gdeim Izik cuando estaba siendo desmantelado y en la ciudad de El Aaiún, conocidos pese al control informativo que ha impedido el libre ejercicio de sus actividades a los profesionales de la información'. El PP transigió con la supresión de la referencia a las 'violaciones de derechos humanos', pero reclamó aludir al veto de a los medios.

Todos los grupos se felicitaron del consenso. El PP apenas arremetió contra el Ejecutivo. Su portavoz, Alejandro Muñoz-Alonso, echó en falta un 'decidido apoyo' del Gobierno, porque 'no hay razones para mirar para otro lado'. Muchísimo más duro fue Iñaki Anasagasti, del PNV: 'Tras esta guerra de sombras, hay un miedo tremendo al chantaje por Ceuta y Melilla. No se ha puesto en su sitio a Marruecos. Esta redacción tiene su trampa. ¿Quién produjo estos incidentes? ¿Quién desmanteló el campamento? Condenamos de una manera light para que no se moleste demasiado el Gobierno marroquí y para contentar a la opinión pública. Había que ser más claro'. El socialista José Carracao defendió que el Ejecutivo no mantiene 'una posición ambigua ni confusa, sino responsable'.

El Congreso votará mañana sobre el Sáhara, después de que se aplazase el debate de la moción de IU-ICV, previsto para ayer. Los dos portavoces, Gaspar Llamazares y Núria Buenaventura, quieren forjar una condena 'unánime' al desalojo en El Aaiún, lo que indica que el tenor de la resolución será similar al del Senado.

PSOE y PP ofertaron dos enmiendas con las que edulcoran la propuesta inicial, que sí insta al Ejecutivo a condenar el desmantelamiento de Gdeim Izik 'por parte del Reino de Marruecos'. IU-ICV acepta rebajar sus expectativas iniciales para sumar al PSOE al consenso. Así, argumentan en el grupo, el Ejecutivo tendrá más difícil desentenderse de una voluntad unánime de la Cámara.

El Senado ayer consagró una palabra aún tabú para el Gobierno, la “condena”. Y el Ejecutivo, de momento, no mudará su posición hasta tener más datos sobre la mesa. Fue la respuesta que dio Trinidad Jiménez al senador de Coalición Canaria Alfredo Belda, quien en el pleno le preguntó por el caso del español Ahmed Gachbar Baillal, supuestamente torturado en una comisaría de El Aaiún.

La ministra señaló que al Gobierno no le constaba que el afectado hubiese presentado denuncia ni en Marruecos ni en España. Pese a ello, habían solicitado información a Rabat. De hecho, allí estaba el director general de Relaciones Consulares. Jiménez subrayó que si se confirmase que el reino alauí ha maltratado a los saharauis, el Ejecutivo “condenaría lo sucedido porque está radicalmente en contra de estas prácticas”.