Juana Gálvez, la secretaria del juzgado de Rafael Tirado, no admitió ayer error alguno y defendió su trabajo en el Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla, que tardó más de dos años en encarcelar a Santiago del Valle por abusos a su propia hija y sólo lo hizo cuando éste ya estaba detenido por el asesinato de Mari Luz. No hizo ninguna alusión a la decena de fallos que, según Justicia, cometió y que llevaron al Ministerio a suspenderla con dos años de empleo y sueldo por una falta grave.

En su primera comparecencia pública desde marzo pasado, cuando se destapó el escándalo judicial que permitió que el pederasta Del Valle no pisara la prisión aun cuando sobre él pesaban varias penas de cárcel, Juana Gálvez se limitó a leer un comunicado en el que afirmó “tener la tranquilidad” de haber trabajado “con absoluta dedicación
y empeño”.

La secretaria vinculó “los desgraciados sucesos” –que lamentó y confió en que no volvieran a repetirse– a “las dificultades con las que diariamente” se enfrentan los funcionarios de los juzgados “debido a las carencias de medios personales y materiales y a trabajar con unas organizaciones caducas y unas leyes obsoletas”. Sólo respondió con un lacónico “no” a la pregunta de si había presentado ya su recurso contra la sanción de dos años. Luego, regresó a su trabajo.

El trabajo de Juana Gálvez consiste en impulsar la ejecución de sentencias y los procesos. En el caso de la ejecutoria de Del Valle, cometió más de diez errores, según consta en el acuerdo de sanción firmado por el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez.

Uno de los más graves llegó el 26 de septiembre de 2007, tras un parón de 18 meses en la ejecutoria. Ese día, Gálvez acordó averiguar el domicilio de Isabel García, la mujer del pederasta, (también condenada porque consintió los abusos a su hija) y ordenó el ingreso en prisión de Del Valle, resolución “para la que es manifiestamente incompetente, pues sólo puede ser adoptada por el juez”, dice Justicia. Y sólo envió a la Policía la orden de averiguar el paradero de García, pero no la de detención del pederasta. Y lo hizo tarde.

Antes, el 7 de marzo de 2006, Tirado había ordenado que Del Valle y García comparecieran en el juzgado y cumplieran sus condenas. Gálvez no notificó la orden a la procuradora del pederasta ni a la Fiscalía. Además, la secretaria envió la decisión del juez a un procurador equivocado, quien la devolvió. Gálvez no subsanó este error. Ni ella ni Tirado pusieron punto final al desaguisado por sí mismos, sólo lo hicieron cuando fueron avisados de que Del Valle estaba detenido por la muerte de Mari Luz.

Justicia admite que no existió intención de obstruir, sino que fueron “actuaciones negligentes” y que su responsabilidad no es exclusiva, porque es el juez quien maneja la batuta. También apunta a la Fiscalía. El ministerio atendió, para no imponerle una sanción mayor, al reconocimiento a su trabajo por los funcionarios, al elevado número de juicios a la semana y a la atención al registro para la protección de víctimas de violencia doméstica.

Juan José Cortés, padre de la niña onubense Mari Luz, calificó ayer de “lamentables” y “vergonzosas” las manifestaciones realizadas por Juana Gálvez, destinada en el juzgado que debía haber encarcelado al supuesto asesino de su hija.

'El manifiesto que ha leído tenía un patrón muy concreto. Parte de la Justicia la está utilizando para presionar al Gobierno o a quien sea”, afirmó el padre de la menor, para quien “está todo teledirigido a decir que el sistema no funciona, cuando una cosa es esa y otra, los errores”. Cortés opina que las muestras de apoyo a Gálvez, “que no ha asumido su error”, incrementan el descrédito de la justicia.