VALLADOLID.-Hoy tenía un juicio en Valladolid por fraude fiscal, pero José María Ruiz-Mateos, de 84 años, estaba en otro lugar: en la Unidad Coronaria de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde ingresó ayer a las 21.00 horas.

"Ayer ingresó por una afección grave de corazón y ahora los facultativos le están poniendo un marcapasos", ha confirmado Marcos García Montes, abogado del polémico empresario.

Al no personarse en el juzgado de Valladolid, Ruiz-Mateos ha sido puesto en busca y captura hasta que justifique su ausencia. Hasta ahora no la justificado. Sin embargo, para el abogado García Montes no hay ningún problema: "La documentación está en un juzgado de lo penal de Valladolid. Ningún juez de España decreta la prisión de un señor que está enfermo grave y que, además, está en la UCI", ha insistido el letrado.

Al no personarse esta mañana, el juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid ha aplazado hasta el 20 de octubre el juicio que estaba previsto para hoy contra él y uno de sus hijos por dos delitos contra la Hacienda Pública al alegar las defensas el ingreso en la UCI del empresario jerezano.

El tribunal ha considerado que "no está justificada" la incomparecencia de José María Ruiz Mateos y, aunque ha aplazado la vista hasta el 20 de octubre, ha asegurado que dictará una orden de busca y captura para el acusado que quedará suspendida si se documenta que ha sido ingresado en la UCI.

A la vista oral, sí han asistido el hijo acusado del empresario, José María Ruiz Mateos Rivero, y otra mujer también procesada en el procedimiento, E.S.C., acusada de los mismos delitos como cooperadora necesaria.

El letrado de José María Ruiz Mateos presentó un escrito del pasado 24 de abril en el que pedía la suspensión del juicio alegando motivos médicos, una petición a la que hoy se ha unido el abogado de su hijo, quien ha explicado que el empresario se encuentra ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde anoche.

La Fiscalía ha solicitado para el empresario jerezano y para su hijo diez años de prisión para cada uno por dos delitos contra la Hacienda Pública y una multa de 47 millones de euros, también para cada uno por el fraude fiscal.

Para la otra encausada, el Ministerio Público ha pedido ocho años de prisión como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales y 32 millones de euros de multa.