Rubalcaba plantea una oficina para combatir el fraude fiscal y recaudar más

La gira catalana de Alfredo Pérez Rubalcaba derivó ayer en otra propuesta estrella de su precampaña. El candidato socialista anunció que una de sus prioridades en materia económica para la próxima legislatura, en caso de que gane las elecciones, será "declarar la guerra al fraude fiscal". Y para ello creará una oficina especial que centralice la labor de varios ministerios para perseguir con más eficacia el fraude a Hacienda.

Según explicó, en 2010 la Inspección fiscal recuperó hasta 10.000 millones de euros y en el presente año esa cifra asciende ya a cerca de 6.000. "Quiero crear una oficina para combatirlo", manifestó, en el foro de El Periódico de Catalunya. El candidato detalló que el objetivo de este nuevo organismo sería permitir y facilitar la comunicación de datos entre "la Policía, Hacienda y la Seguridad Social". Eso supondría coordinar el trabajo que a día de hoy llevan a cabo el Ministerio de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto estatales como autonómicos. "Eso va a funcionar y eso es declarar la guerra la fraude", recalcó.

El objetivo es que Policía, Hacienda y Seguridad Social compartan sus datos

Según afirmó, este plan se adoptará defendiendo en todo momento los derechos fundamentales y recordó que descubrir capitales ocultos no sólo da dinero líquido para el año en curso, sino que aumenta la base impositiva para siempre.

Rubalcaba quiso dejar claro que considera prioritaria la lucha contra el fraude a Hacienda asegurando que es uno de los tres principales problemas de la economía española. Lo citó junto al "déficit excesivo" y la "insolidaridad" de las rentas más altas a la hora de pagar impuestos.

IU ya propuso limitar en la Constitución el fraude fiscal al 0,4% del PIB

El candidato enmarcó esta medida en la necesidad de lograr más ingresos para mantener los servicios del Estado del bienestar, el mismo objetivo que persigue la recuperación del Impuesto del Patrimonio, que permitirá recaudar 1.000 millones anuales. Dentro de su programa económico para la próxima legislatura, Rubalcaba se ha mostrado partidario de un tributo para las grandes fortunas y otro que grave los beneficios de las entidades bancarias. Ayer se refirió, además, a la necesidad de racionalizar las diputaciones para "no duplicar servicios".

Otro de sus apuntes en materia fiscal fue "no tocar el IRPF" porque, en su opinión, ya se ha avanzado en su progresividad y volver a modificarlo "no tendría sentido". El líder socialista se mostró contrario a subir la presión fiscal de las clases medias y criticó la utilización que ha hecho el PP de la crisis económica: "Por comodidad culparon al presidente del Gobierno, pero no sé si es culpa suya la quiebra de Lehman Brothers", ironizó.

Interrogado sobre su relación política con Carme Chacón, con quien Rubalcaba compartió un mitin el pasado domingo en Gavà (Barcelona), negó diferencias: "Las relaciones son cosa de dos. ¿Contaría con ella en mi Gobierno? Naturalmente que sí".

El PP considera que la iniciativa es una "ocurrencia" que llega "con retraso"

El cabeza de lista de CiU al Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, valoró las propuestas de Rubalcaba y le acusó de "falta de valentía" por no haberse atrevido a crear un impuesto destinado a las grandes fortunas, tributo que el candidato socialista ve con buenos ojos pero que no ha concretado.

Duran anunció que CiU defenderá la imposición de este impuesto durante la próxima legislatura y rechazó por contra el Impuesto de Patrimonio con el argumento de que "grava a las clases medias". Se da la circunstancia de que, en la presente legislatura, el Govern de CiU ha reiterado en Catalunya que no quiere crear ni retirar nuevos impuestos después de haber suprimido el de Sucesiones, que afectaba sólo a los patrimonios más elevados, con el argumento de que provocaba la fuga de los grandes capitales a otras comunidades autónomas.

CiU va más allá y propone un impuesto para las grandes fortunas

A Alfredo Pérez Rubalcaba también le llovieron las críticas desde las filas conservadoras por sus nuevas propuestas. Respecto a su intención de crear una oficina antifraude, el PP consideró que se trata de una "nueva ocurrencia" del candidato socialista que, además , llega "con 15 años de retraso". El secretario de Economía de los conservadores, Álvaro Nadal, criticó al exvicepresidente por no poner en marcha una iniciativa similar durante los años en los que ha formado parte del Gobierno.

Nadal no concretó si el PP estaría a favor o en contra de la creación de una oficina antifraude, pero consideró que la propuesta de Rubalcaba "demuestra" que este "tiene un mal concepto de los Servicios de Inspección de la Administración, y eso que lleva en esta última etapa, casi ocho años de Gobierno". Si bien no presentó ninguna medida alternativa, el dirigente conservador quiso dejar claro que para su partido la lucha contra el fraude fiscal es "una obligación de todas las administraciones".

La declaración de guerra contra el fraude a Hacienda no es nueva en la precampaña. En pleno debate sobre la reforma de la Constitución, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, propuso incorporar en la Carta Magna un artículo en el que se incluyera una limitación del fraude fiscal al 0,4% del Producto Interior Bruto.

Lara recordó ayer que su federación lleva defendiendo la lucha antifraude "desde hace muchos años" frente al Ejecutivo socialista, al que juzgó "insensible e inoperante en este terreno no sólo en época de crisis sino en aquellos ejercicios en los que había superávit en las cuentas públicas".

El coordinador federal de IU hizo pública una nota de prensa en la que, además, ironizaba con el hecho de que Rubalcaba haya descubierto "ahora" el problema del fraude en España, por lo que aseguró tener "serias dudas" de que el exvicepresidente "sepa cómo resolverlo". "Durante dos legislaturas tanto él como el Gobierno y el partido que le apoyan han fracasado en las medidas antifraude, algo que nunca ha estado entre sus prioridades afrontar", insistió.

En lugar de "medidas imaginativas" como la creación de una oficina específica contra el fraude, el líder de IU consideró prioritario "establecer unos objetivos claros de lucha mucho más concretos", que permitan a la Administración enfrentarse "contra los paraísos fiscales para desterrarlos por completo" y que permitan modificar la legislación actual "para impedir que quienes tienen más medios económicos sigan utilizando las lagunas legales para sangrar aún más las arcas del Estado".